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PSE defiende la reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos, pero no comparte el informe sobre tortura

Cree que "resumir medio siglo de terror de ETA en 840 asesinados y 3.400 torturados alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido"

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El PSE-EE defiende la reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos, pero no comparte informa sobre tortura entre 1960 y 2014, presentado este lunes por el Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU, por considerar "un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados", ya que se trata de "una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido.

En un comunicado, los socialistas han asegurado "defender y estar comprometidos con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, desde el rigor y sin generar falsas expectativas, un camino que se ha demostrado eficaz para avanzar en el terreno de la memoria".

En ese sentido, han afirmado que la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho público un informe sobre la tortura y los malos tratos, "que tiene su origen en la pasada legislatura, en el que no hemos participado y que no compartimos ni en el fondo ni en la forma".

Desde el PSE-EE han asegurado que no van a respaldar las propuestas que plantea, "ni como partido ni como parte del Gobierno Vasco, porque adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas".

Por el contrario, los socialistas confían en que se pueda cumplir la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación entre 1978 y 1999.

El PSE-EE ha considerado "un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada".

Los socialistas vascos no comparten que se asuman como propuestas de actuación institucional "opiniones de aquellos no tienen la responsabilidad de llevarlas a efecto". Tras recordar que "ha sido el rigor y la expresa separación de poderes, la que ha hecho posible que 187 víctimas de abusos policiales durante el franquismo hayan logrado el reconocimiento que esperaban", el PSE ha señalado que "igualmente ese rigor y esa separación de poderes fueron asumidas para la elaboración de la Ley de 2016, que esperamos pueda desarrollarse en su integridad".

Desde el PSE-EE lamentan que el informe, aunque reconoce la existencia de esta Ley, "omita que es precisamente éste el marco en el que deben repararse todos los abusos, que incluyen las posibles torturas, y que propugne una ley vasca de prevención cuando quien debe aprobarla son las Cortes Generales, lo que debería haber sido comunicado por la Secretaría de Derechos Humanos a los autores del mismo, a fin de que fueran más precisos en sus consideraciones".

A su entender, "a ello se debería haber añadido que cualquier medida reparadora, para que no pueda ser interpretada como supletoria de la Justicia, debe fijarse exclusivamente en las víctimas, no en los victimarios, sin ninguna otra interpretación posible, como queda expresamente reflejado en la Ley vasca en vigor".

Los socialistas vascos han denunciado "cualquier vulneración de derechos humanos que haya provocado ETA o cualquier otra banda terrorista o que se haya producido con la excusa de ETA" y han dicho compartir "esa visión que también nos han trasladado las propias víctimas de ETA: que su dolor y sus reclamaciones no puede quedar empañados porque las autoridades se nieguen a fortalecer el Estado de Derecho sin sombras ni sospechas".

Asimismo, ha recordado que, "por convicción democrática", los socialistas han estado "en todos los trabajos de memoria porque asumimos que nadie debió matar, secuestrar, torturar, ni amenazar".

"Asumimos que no se debió matar ni a un terrorista ni a un torturador. Rechazamos cualquier justificación de ETA, el GAL o cualquier tortura. Que nadie que murió o resultó herido por excesos policiales quede desamparado por falta de reconocimiento y de reparación. Y que si el Estado de Derecho consiguió que ETA desistiera, el Estado de Derecho se refuerza ante quienes quisieron derribarlo dejando sin opción a la impunidad", ha añadido.

En este sentido, han considerado necesario que "se depuren todas las responsabilidades en la comisión de un delito tan grave como el de tortura".

PONENCIA DE MEMORIA Y CONVIVENCIA

Desde el PSE-EE han defendido que sea la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco la que trabaje "para cerrar todos los asuntos pendientes que ha dejado el terrorismo". Por ello, han anunciado que incorporarán las cuestiones del informe a "otras reflexiones abiertas como los 300 asesinatos sin esclarecer, la reparación de las miles de víctimas de persecución, el daño todavía sin medir de los menores que sufrieron aquella amenaza, la búsqueda de asesinados cuyos restos siguen sin aparecer o la forma en que conseguimos que los penados cuando cumplan sus condenas no sólo reconozcan el daño causado, sino que nunca debieron causarlo".

"Seguiremos trabajando en la Ponencia con el objetivo de sentar las bases para la construcción de la convivencia desde la deslegitimación total del terrorismo", ha concluido el PSE-EE.

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