La crisis y los derechos sociales disparan las quejas ante el Ararteko
La institución del Ararteko cumple este año 25 años. Y a tenor de la evolución de su intervención y trabajo para controlar las actuaciones de las instituciones vascas ante las quejas presentadas por la ciudadanía vasca, no parece extraño la reivindicación de Íñigo Lamarca de que “necesitamos más defensores del pueblo”. Justo lo contrario de lo que opina el Gobierno del PP, que en su plan para adelgazar la administración y rebajar el déficit preveía un ahorro de unos 220 millones de euros si las comunidades autónomas hacían desaparecer dos instituciones fundamentales para el control de la Administración: los defensores del pueblo y los tribunales de cuentas.
El informe del Ararteko de 2013, que presentará a final de mes Lamarca en el Parlamento vasco, revela que las quejas de los ciudadanos se multiplican. Y el telón de fondo sigue siendo los efectos de la crisis y, en general, los derechos sociales. De hecho, de las 9.610 quejas presentadas el pasado año, el 50% está relacionada con los derechos sociales, según ha adelantado íñigo Lamarca en el acto de conmemoración de los 25 años de existencia de la figura del Defensor del Pueblo en Euskadi -de los que diez han estado pilotados por el propio Lamarca- y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidido ahora por el magistrado Juan Luis Ibarra.
Las quejas ante el Ararteko se han disparado en 2013. Tanto las tramitadas en las tres sedes, como las presentadas vía telemática. El año pasado, las quejas de los ciudadanos ante esta institución por actuaciones de las Administraciones públicas crecieron un 120%, frente a las de 2010, ya en plena crisis, yun 15% frente a las planteadas en 2012, según revela el último informe del Ararteko. Lamarca tiene previsto presentarlo en el Parlamento vasco a finales de este mes.
Ciudadanos “vapuleados por la crisis”
El ararteko no se muestra extrañado por ese crecimiento, más bien lo contrario dado que “los ciudadanos están siendo vapuleados por la crisis” y sus efectos en los derechos básicos. “Necesitamos más defensores del pueblo. Atendemos a los más desfavorecidos (...) Somos básicamente una institución de garantía de los derechos de la ciudadanía y de control de las Administraciones públicas”, recordó.
Lamarca, además, no oculta su orgullo por el hecho de que el trabajo que desarrollan tiene utilidad. Su oficina desplegó un total de 12.507 actuaciones de atención a la ciudadanía. Y más del 86% de sus resoluciones -que son recomendaciones, dado que no tiene capacidad de imponerlas- son “eficaces” porque han logrado modificar las resoluciones administrativas adoptadas por la institución por la que se queja la ciudadanía vasca. Y de ese 86%, en más de la mitad las instituciones no había actuado bien.
El ararteko considera que “sin un buen sistema de de garantías de derechos no hay democracia” y apela a la fortaleza de figuras como la Fiscalía, los propios tribunales de justicia, para los que pidió más medios. “Esa garantía la da el Poder Judicial, un poder judicial basado en la independencia, el rigor y con suficientes medios”, concluyó.
