Erkoreka subraya los riesgos de fractura social por la iniciativa 'callejera' de Maroto
La iniciativa del alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), de sacar a la calle mesas para recoger firmas en favor de una Iniciativa Legislativa Popular (PP) sobre la lucha contra el supuesto “fraude” en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por parte de algunas minorías de inmigrantes (magrebíes, básicamente) preocupa al Gobierno vasco. No por la iniciativa en sí, en la que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ve un “uso fraudulente, chocante e incorrecto” de una herramienta reservada para plataformas y asociaciones que no tienen posiblidad alguna de promover proposiciones de ley en la Cámara vasca. Algo que, según ha querido destacar Erkoreka, puede hacer hoy mismo Maroto, quien también es parlamentario vasco.
El problema no es solo ese. La cuestión es que esta movilización en las calles, que hoy mismo ha apoyado la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, según cómo esté planteada puede generar una “problemática social” que ahora no existe. Erkoreka no se atreve a hablar abiertamente de fractura social, pero considera que si la iniciativa sigue apuntando a los colectivos de inmigrantes a los que el mismo Maroto y su partido han acusado de tener un “sueldo vitalicio” (Javier De Andrés) y de no querer trabajar (Maroto), la situación en las calles vascas se puede encender y no se puede descartar el riesgo de “enfrentamiento social”.
“¿Por qué no presenta una proposición de ley en el Parlamento y propicia un debate inmediato si es tan urgente?”, se ha preguntado Josu Erkoreka al término de la reunión del Consejo de Gobierno. El portavoz no ha querido hablar directamente de iniciativa preelectoral y de campaña del PP, pero considera que “la ciudadanía es suficientemente avispada para ver lo que le lleva al alcalde a utiizar esa vía”.
“La fuerza de la calle”
Por su parte, Maroto (PP), ha reiterado su apelación a la “fuerza de la calle” para evitar que el resto de partidos políticos de Euskadi, que se oponen a su propuesta para restringir el acceso a la RGI a numerosos colectivos, “se vayan de rositas” en el debate en torno a este asunto. Tras participar en la firma de un convenio en Vitoria, el regidor vitoriano ha defendido su decisión de impulsar una recogida de firmas para apoyar su propuesta, que incluye excluir de la RGI a personas sin permiso de residencia, a ciudadanos que lleven menos de diez años empadronados en Euskadi y a quienes con algunas excepciones no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social.
