Las ayudas sociales no ejercen un ‘efecto llamada’
La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de Euskadi es uno de los subsidios de mayor cobertura de toda España, lo que la podría convertir en un poderoso foco de atracción para inmigrantes y personas de otras comunidades autónomas, que carecen de un sistema de protección social de tal calado. Sin embargo, los datos confirman que no ejerce el conocido como ‘efecto llamada’. El tiempo y los datos han dado la razón a los que argumentaron en su día (cuando se aprobó) que tal efecto no se daría. Los profesores de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Àlex Bosso y Mihaela Vancea, así lo confirman en un estudio que han elaborado sobre la renta básica
De entrada, los dos profesores destacan que el porcentaje actual de población inmigrante en Euskadi es del 6,8%, muy inferior a la media española, a pesar de que tanto la Renta Básica como las Ayudas de Emergencia Social constituyen dos herramientas que fortalecen el sistema de protección social vasco y lo diferencian del resto. “El crecimiento de la población extranjera en las comunidades autónomas con sistemas de protección social mucho menos desarrollados que el sistema vasco, como son los casos de Castilla la Mancha, La Rioja o Baleares, ha sido notablemente superior al de Euskadi. De hecho, el País Vasco se sitúa justo al nivel de la tasa media de crecimiento de población extranjera de España”.
La diferencia puede explicarse por la distinta dinámica de los mercados laborales, en especial, por el menor peso relativo de las actividades de construcción, agricultura y hostelería en Euskadi, tradicionales nichos de trabajo de los extranjeros. El director del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi, Gorka Moreno, también considera que no hay rastro del ‘efecto llamada’. “Las ayudas sociales pueden influir en gente en situación muy vulnerable de otras comunidades, pero no parece que se esté dando. Los inmigrantes van allí donde hay trabajo y hasta ahora han llegado a Euskadi porque la crisis ha tardado más en entrar”.
Según un estudio reciente del Gobierno vasco, un 40% de los casi 60.000 beneficiarios actuales de la Renta de Garantía de Ingresos es extranjero. Esta proporción es mucho mayor al peso relativo de este colectivo en Euskadi, que ronda el 6,8% de la población.
Aparentemente, “este dato podría reforzar la hipótesis de que la renta básica ejerce cierto magnetismo de un tipo de inmigración selectiva de beneficiarios netos, que podría poner en peligro el sistema de protección social. Pero es un juicio que no se ajusta a la realidad”, resaltan los profesores en su estudio. Es más, incluso subrayan que “la presencia de la población inmigrada en Euskadi constituye un elemento clave para el mantenimiento de su sistema de protección social”.
Cambio de requisitos
Entre los requisitos para acceder a la RGI (además de carecer de recursos económicos) figura el de estar empadronado y tener residencia efectiva en el País Vasco durante los tres años anteriores ininterrumpidamente. Si no se cumple ese requisito, se acepta el empadronamiento al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de solicitud si se pueden acreditar cinco años de vida laboral remunerada. Se hace una excepción con las personas que cobran una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico, que solo deben cumplir el año de empadronamiento.
Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, deberán haber estado empadronados durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores. Estos requisitos se introdujeron en 2011, lo que supuso un endurecimiento en el acceso a estas ayudas. En la actualidad, un perceptor que vive solo puede cobrar 650 euros al mes, que suben a 923 en el caso de tratarse de un matrimonio con dos hijos. A lo largo del año pasado, el Gobierno vasco gastó más de 400 millones de euros entre la RGI, las Ayudas de Emergencia Social y el Complemento de Vivienda (ayuda para el alquiler).
En los próximos años, la protección de los derechos sociales de la población inmigrada puede tomar dos soluciones totalmente divergentes, reflexionan los autores del estudio. “O bien las sociedades de los países desarrollados reajustan y revitalizan la noción de ciudadanía, de forma que ésta incluya a la totalidad de la población que reside permanentemente en un país determinado (con independencia de su origen) o la convierten en un concepto puramente formal, que no solo excluya a los extranjeros del disfrute de los derechos sociales fundamentales, sino que, poco a poco, se convierta en un instrumento inservible frente al incremento de las situaciones de vulnerabilidad que sufre el conjunto de la población trabajadora”.
El primero de los caminos conlleva, según el trabajo, “el reto político y social de asegurar un conjunto de derechos a todas las personas que habitan una sociedad determinada, sin descuidar aquellas que aun residiendo en ella han nacido en otro lugar”. Dicho de otro modo, “la primera solución requiere, no sólo de una renta básica, sino también de la aplicación de medidas legislativas y cambios institucionales destinados a proteger a los inmigrantes del peligro de explotación y discriminación en el ámbito laboral”.
Sin embargo, la tendencia general es hacia las políticas encaminadas a disuadir a los posibles emigrantes económicos, “pues se asume que estos acudirían rápidamente y en un número elevado a la ‘llamada’ de rentas no condicionadas, haciendo insostenible el sistema de protección social”.
“La renta básica”, concluye el estudio, “no es una condición necesaria para provocar el incremento de la inmigración de un país del sur a un país del norte, puesto que en las últimas décadas se ha producido este hecho en múltiples ocasiones, independientemente de dicha propuesta”.
