Los expertos en violaciones de Derechos Humanos piden evitar lagunas en la reparación e investigación
El primer fruto del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 presentado esta semana por el lehendakari Íñigo Urkullu ya ha caído del árbol. El comité de expertos en materia de derechos humanos tiene previsto entregar este viernes al lehendakari la “foto fija” de las violaciones de derechos humanos producidas en Euskadi entre 1960 y 2013. El informe ha intentado recopilar “con datos fiables”, según sus redactores, los casos objetivos en materia de conculcación de derechos humanos que se han producido a lo largo de todos estos años. Tal y como se les había encomendado desde la Secretaria general de Paz y Convivencia que dirige Jonan Fernández, los experto han evitado en todo momento realizar clasificaciones que puedan inducir a equiparaciones entre las distintas violaciones de derechos humanos. Tampoco entran a valorar en el documento las conculcaciones de derechos humanos, ni realizan interpretaciones de los mismos.
“Es un documento parco en filosofía, más bien se podría definir como la foto fija de todas las vulneraciones que se han producido en este país”, explica una de las cuatro personas que han participado en su elaboración. Todos ellos han estado trabajando en el documento durante los últimos cuatro meses. Los cuatro expertos en materia de derechos humanos que han elaborado el documento son el ex director de Derechos Humanos en el Gobierno vasco en representación de EA y profesor universitario, Jon Landa; la asesora del anterior Gobierno socialista en materia de abusos policiales y ex vocal del CGPJ, Manuela Carmena; el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, y el abogado del Estado y ex concejal del PP en el ayuntamiento de Bilbao, Ramón Múgica.
El documento tiene dos partes bien diferenciadas: por un lado está la clasificación y cuantificación de las vulneraciones. El documento no investiga los hechos, simplemente compila y agrupa los datos “fiables” y de diversas fuentes que ya existen. Son tres los tipos diferenciados de conculcaciones, según qué grupo los haya realizado. Por un lado estarían los casos de ETA, por otro lado los realizados por organizaciones contraterroristas como el Batallón Vasco Español, la triple A, GAL etcétera y, finalmente, las conculcaciones que entrarían en la catalogación de abusos policiales.
Evitar equiparaciones
A falta de conocer el número y los casos concretos, en otras ocasiones este tipo de listados no ha sido neutro y ha generado rechazo entre grupos como el PP y el PSE y entre determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo. De hecho, fue una de las razones que hizo imposible durante el último gobierno del lehendakari Ibarretxe sacar adelante el decreto para resarcir a las víctimas de los abusos policiales. El Gobierno de Patxi López optó por prescindir de esos listados -precisamente incluidos en el informe realizado por la dirección de Derechos Humanos de Jon Landa- y tejió acuerdos en el parlamento para aprobar el primer decreto con el que reparar, por primera vez en democracia, a las víctimas de abusos policiales.
En todo caso, desde la secretaría general que dirige Jonan Fernández se ha hecho hincapié en no equiparar vulneraciones de signo y naturaleza diferente, así como a las víctimas. Los expertos han usado en su trabajo estándares internacionales para evitar mezclar “contextos victimológicos y criminológicos”.
Aunque los expertos han evitado las valoraciones o interpretaciones sobre todas estas conculcaciones para mantener su aspecto de neutralidad, en la segunda parte de su trabajo sí han agregado una serie de “recomendaciones” dirigidas a “distintas instituciones”, según fuentes conocedoras del texto. Una de las recomendaciones genéricas expresadas en el texto es la necesidad de evitar lagunas tanto en la investigación de las conculcaciones como en su reparación, siempre desde los tres principios de verdad, justicia y reparación que rigen las políticas de derechos humanos en los estándares internacionales.
El documento será depositado por el Gobierno en la Ponencia de Paz y Convivencia, foro sobre el que gira buena parte de las intervenciones propuestas en el nuevo plan de paz. Asimismo, el Ejecutivo también distribuirá el texto entre las asociaciones que trabajan en el ámbito de la paz, los derechos humanos, víctimas, memoria o educación para la convivencia.
