Los presos de ETA no reconocen el daño causado, ni piden perdón en sus cartas
Las cartas remitidas por una decena larga de presos de ETA a las Juntas de Tratamiento de la prisión en la que están cumpliendo condena no contemplan una petición de “en base al perdón”, sino que se han redactado teniendo en cuenta la legislación española, los convenios internacionales firmados por España y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 25 de julio de 2013 en la que se condenaba a Rusia por vulnerar los derechos humanos de dos presos moscovitas que fueron alejados a una cárcel situada en Siberia.
En las cartas individualizadas, se denuncia la política de dispersión y se apunta que “el mantener a un preso a cientos de kilómetros de su domicilio no tiene fundamento legal”. Así lo ha reconocido el portavoz del equipo de abogados de estos presos, Alfonso Zenón, en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha contestado al ministro del Interior. “No cabe someter a condición ninguna ni de disolución, ni de arrepentimiento, ni de desarme, ni de perdón el respeto de unos derechos fundamentales de los presos y presas. Por lo tanto menos pedir cosas que no caben en el ordenamiento jurídico y más acatar la ley y el ordenamiento jurídico”, ha exigido.
Zenón ha señalado que “no contemplamos una respuesta negativa” de las autoridades penitenciarias a la petición de traslado a la prisión alavesa de Zaballa, ya que sería una clara “prevaricación”. Para Zenón, el “fraude de ley” que apuntaba esta misma semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su visita a Euskadi “sería el Gobierno español, si mantiene una medida” como la dispersión, por eso le han solicitado al Gobierno del PP que “cumpla la ley, que acate la ley”. “Para la libertad condicional se pueden exigir determinadas cosas, pero para el traslado a la cárcel de Zaballa y aplicar un tratamiento más flexible con el artículo 100.2 del Reglamento Penintenciario no hay que cumplir ninguna condición de las que ha comentado el ministro”, explica a eldiarionorte.es otro de los abogados del equipo que encabeza Zenón.
Las cartas, remitidas por personas enfermas o con más de 70 años, tienen tres partes. La primera sirve para explicar el perfil personal de cada preso: los años que lleva en prisión, los kilómetros a los que está de su domicilio, las diferentes cárceles en donde ha estado cumpliendo condena y si sus familiares han tenido algún accidente al irle a visitar. En la segunda parte, los presos asumen de manera genérica lo recogido en el comunicado del colectivo de presos de ETA EPPK de 28 de diciembre de 2013, en donde los reclusos aceptaron la legalidad vigente y anunciaron que estaban dispuestos a reconocer el daño multitaleral. En concreto, se decía: “Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto”. Y “mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”.
Finalmente, la tercera parte de las cartas individualizadas hace mención a la normativa legal española e internacional -y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que se condena a Rusia- para denunciar la dispersión y se pide el traslado a la prisión de Zaballa y a un cumplimiento más flexible de la pena con la cobertura del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
“Tienen que asumir lo que dicen los Estatutos de Sortu”
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha enviado un mensaje muy claro a los presos de ETA que reclaman su traslado a las cárceles vascas: “No se pueden andar con medias tintas, ha subrayado, a tiempo que ha defendido que ”ha llegado el momento de decir lo que tienen que decir“. ”No estamos pidiendo nada extraordinario“, ha insistido Ortuzar, explicando que cuando se les reclama a los reclusos etarras que ”tienen que reconocer el daño injusto causado, no es una venganza, no es para someterles a ninguna vejación“.
El máximo dirigente del PNV, en una entrevista en Radio Euskadi, ha apuntado otra idea que los peneuvistas llevan diciendo desde hace meses. Los presos “tienen que asumir lo que dice los Estatuto de Sortu”, un viaje que ya hizo hace ahora tres años la izquierda abertzale que nunca ha condenado la violencia de la organización terrorista ETA para ser legal. De esta manera, el PNV consideraría los anuncios -el del 28 de diciembre del colectivo de presos etarras EPPK- y los tímidos paso dados hasta ahora -las cartas remitidas a Instituciones Penitenciarias la semana pasada- “son creíbles”. Es “una condición casi 'sine qua non' para que nos fiemos”. Las cartas de los presos asumen y hacen suya la declaración del colectivo, pero no profundizan en esa línea.
“De que están dispuestos a reintegrarse en esta sociedad, de que ha servido de algo su paso por la cárcel, su proceso de reflexión para abandonar la vía armada, que no un atajo para salir, sino que hay verdaderas razones que son creíbles en su nueva forma de ver esta Euskadi”. De lo contrario, “va a quedar siempre una duda razonable, ha señalado el máximo dirigente del PNV.
Ortuzar ha reclamado de nuevo “otra política penitenciaria” porque “dentro de la legalidad” es posible hacer cosas y, además, sería “más justa y más inteligente” porque “ayudaría a asentar la convivencia”. Un deseo que está en manos del Gobierno central, pero que el colectivo de presos de ETA puede engrasar y agilizar si cumplen la ley y reconoce el daño causado y colaboran para que los más de 300 casos que siguen sin resolverse en la Audiencia Nacional puedan llegar a buen puerto. Una reclamación, esta ultima, en la que insisten los familiares de las víctimas del terrorismo y las asociaciones que los representan.
