Cuando las luces languidecen

Los escaparates de una calle de Sevilla apagados tras la entrada en vigor del plan de ahorro energético.

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Así, parafraseando la mil veces versionada canción Moliendo café, podría explicarse en pocas palabras lo que, en mi opinión, está ocurriendo en relación con el Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, que contempla diversas medidas en el contexto económico y energético internacional que en el mismo se describe y por las razones que en su larguísima exposición de motivos se expresan. 

La que se ha liado lo ha sido, particular y notablemente, acerca del famoso apagado del alumbrado de escaparates desde las 22 horas y de los edificios públicos que a dicha hora se encuentren desocupados, tal como prevé el artículo 29 de dicha norma. A lo que ha de añadirse la limitación de la temperatura mínima a 27ºC en verano y máxima a 19ºC en invierno en determinados recintos – la mayoría de los recintos que frecuentamos normalmente -, con excepciones en función de la actividad. Ciertamente, estos han sido los puntos más polémicos de una regulación muy amplia que contiene una larga batería de medidas de varios tipos en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia energética del gas natural. 

Bueno, pues así, apagándose las luces, han renacido las sombras. Sombras que tratan de ocultar algunas realidades, oscurecer o falsear otras y, en todo caso, impedir una visión clara de la situación. 

Así, si bien es cierto que la UE no habría determinado “aún” medidas concretas “obligatorias” en este terreno, lo cierto es que existe ya una comunicación de 18 de mayo con el expresivo título de “Ahorrar energía”, en la que se contienen acciones similares a las aquí adoptadas, aunque no fueran preceptivas. Y que muy recientemente la Comisión Europea ha emitido una propuesta instando a todos los países de la UE a reducir voluntariamente el consumo de gas en un 15% hasta la primavera de 2023, lo que España ha rechazado en sus estrictos términos, aunque aceptando adoptar medidas como las ahora comentadas. Lo que, tras la celebración de un Consejo extraordinario de ministros de Energía del pasado 26 de julio, ha culminado finalmente con un acuerdo de reducción voluntaria de la demanda de gas en un 15% hasta el 31 de marzo de 2023, limitándolo para España a una reducción por debajo del 7%.

Por otra parte, es sabido también, por lo que leemos y escuchamos, que otros países han adoptado ya algunas medidas y que anuncian otras a corto plazo. Por lo que, con independencia de la obligatoriedad de las mismas o de su carácter de recomendación en este momento, según los distintos países, lo cierto es que no cabe dudar de que en breve habrá un alto grado coincidencia en muchas de ellas.

De otro lado, se ha criticado que la antedicha medida de apagado de luces va a generar problemas para la seguridad ciudadana. Objeción que, realmente, no es fácil de comprender ni de asumir y que me causa incluso “vergüenza ajena”. Porque, cómo podría pretenderse hacer descansar la seguridad en las calles en el alumbrado de escaparates y edificios públicos, existiendo la obligación de los municipios de prestar este servicio, tal como lo prevé el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por tanto, semejante argumento cae por su propio peso y se vuelve como un bumerán contra quienes, desde algunas instituciones municipales y desde otros ámbitos, así lo esgrimen.

También se ha puesto en cuestión la verdadera eficacia de estas medidas en orden a lograr los objetivos marcados. La verdad es que mis conocimientos no me permiten siquiera aventurar si son suficientes o no, adecuadas o no o si hay otras más efectivas. Seguramente, siendo adecuadas, no sean todavía suficientes y necesiten ser complementadas con otras más “duras”, como se viene ya anunciando y seguramente ocurrirá en breve. Aunque quisiera subrayar el alcance que esta norma pudiera – y debiera – tener también para tomar conciencia no solo de la concreta situación en que nos encontramos como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia sino, y sobre todo, como la propia norma indica, para continuar en la línea de la política energética que se sigue durante años – en esencia, el fomento del ahorro y la eficiencia energética y despliegue de las energías renovables, aunque la efectividad de todos estos empeños sea también discutida incluso en la comunidad científica -.

Bueno, y así las cosas, la Comunidad Autónoma de Madrid anuncia que la norma será recurrida ante el Tribunal Constitucional, al parecer por “invasión de competencias autonómicas”. Recurso legítimo, desde luego, pues cumpliría los requisitos de legitimación constitucionales para poder suscitar dudas de constitucionalidad acerca de cualquier norma. Ahora bien, sin que se trate de evitar o impedir determinados debates jurídicos y entendiendo que estos deben ser asumidos con naturalidad, lo cierto es que el planteamiento resulta algo sorprendente desde el punto de vista de la razón jurídica. Y es que, desde la perspectiva de la razón política, no solo puede comprenderse sino que se aprecia con claridad en este caso, aunque el TC no tenga, per se, claro está, finalidad alguna de dirimir ninguna contienda política.

Y digo que sorprende porque, por el momento, es la única Comunidad Autónoma que denuncia formalmente tal pretendida invasión de competencias, siendo así que, por lo general, otras comunidades han venido siendo más celosas de salvaguardar su ámbito competencial, sin que en esta ocasión lo vean mermado, no al menos con el alcance que Madrid aprecia. Lo que expreso sin querer en modo alguno aventurar cuál pudiera ser el resultado de este recurso si se llega a materializar y, menos aún, sin querer vincularlo a la que sea en tal momento la tan traída y llevada composición del TC.

Para terminar, entiendo la denuncia amplia y de diversa procedencia de la falta de diálogo y de consenso con las Comunidades Autónomas y con los municipios y otros entes para la aprobación de esta norma. Es un hecho objetivo que no ha habido deliberación ni debate previos y que ello ha generado la lógica disconformidad de estas instituciones. No debería el Gobierno haber cometido una vez más estos graves errores, máxime en materia como la que nos ocupa, en la que se requiere el máximo concierto institucional en aras a un cumplimiento convencido y convincente de la norma y a fin también de lograr la máxima aceptación ciudadana de decisiones que suponen esfuerzo y sacrificio.

Lo dicho, “cuando las luces languidecen renacen las sombras” y alguien “pasa incansable la noche recurriendoalTC” (dicho así, todo junto, para que les encaje en la música). 

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