Las actuales reporteras de la miseria

A las trabajadoras sociales de los servicios sociales municipales cada vez se les requiere con más intensidad que sean las notificadoras de la exclusión social, estas obligaciones se han multiplicado aún más en tiempo de pandemia puesto que la gestión de prestaciones se ha incrementado, multiplicado por tres en la mayoría de los servicios sociales. Los informes sociales, las notas informativas y todo tipo de informes acreditativos de la situación, vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social son la llave del acceso a muchas prestaciones y recursos, así como a la exención de tasas.

Si analizamos la actividad en este aspecto de los servicios sociales de cualquier municipio podríamos conseguir un listado de más de 60 tipos diferentes de informes que se les requieren desde otros ámbitos y programas, de los cuales más de un 50% tienen este carácter. 

Mientras en la actualidad los discursos de la profesión claman la superación del enfoque burocrático, se ven cada vez más inmersos en el cumplimiento de normativas que hacen recaer el peso de la acreditación de situaciones de riego, vulnerabilidad y exclusión social en los servicios sociales sin pensar que estos servicios necesitan un refuerzo para asumir estas competencias. 

Para entender la asimetría que viven las profesionales del trabajo social, hay que mencionar los tres pilares de la profesión indicados por Mary E. Richmond, una de las pioneras del Trabajo Social: el social (la reforma social), el profesional (la intervención social) y el disciplinar (la investigación social). Si la tendencia de la acreditación de la situación social se hace mayoritaria sin dejar desarrollarse más los aspectos de la intervención social, el trabajo grupal y comunitario, podríamos afirmar que la profesión no se está apoyando en sus bases y por ello puede padecer un desequilibrio metodológico que la pandemia está agudizando. 

Ya la historiadora Michelle Perrot en 1993 explicaba como en el tiempo en que surgía la profesión de trabajo social en el siglo XIX el papel de las mujeres estaba vinculado a la caridad y la filantropía, ello suponía una extensión de la denominada maternidad social, de esta manera justificaba entonces su presencia en la vida pública en su labor de ayuda a las personas pobres y vulnerables de la sociedad. 

Aquellas mujeres representaron el inicio de la profesionalización del trabajo social ya que cubrían el papel de “reporteras de la miseria”, se convirtieron en expertas  a través de su labor social con las personas pobres al ir introduciendo la planificación y los métodos de análisis de la realidad social en la que actuaban a través de la filantropía, alcanzando un gran rigor en la figura de las visitadoras sociales, utilizaban herramientas como las encuestas biográficas y el archivo. 

Las primeras profesionales del trabajo social adquieren su saber social a partir del análisis de la realidad en la que vivían las personas más desfavorecidas sin dejar atrás el análisis de las causas de esa situación y de su mantenimiento en el tiempo.

La situación actual de los servicios sociales municipales merece una profunda reflexión sobre el papel de la profesión en este ámbito, ya que mientras el discurso profesional quiere huir de las lógicas de la fiscalización y el control, se produce la lucha entre el ideal y la realidad del trabajo social. La práctica cotidiana encomienda al trabajo social cada vez más el rol de vigilancia sobre normas imperativas. Ya Teresa Zamanillo en 1987 afirmaba que desde la profesión de trabajo social se asimilan los roles de las diferentes políticas sociales sin haber mediado una seria reflexión sobre el proceso.

Por otro lado, también se puede ver cercenado el camino a la universalización del Sistema Público de Servicios Sociales como IV Pilar del Bienestar Social y su impulso desde los profesionales, tal y como propugna Patrocinio Las Heras en 2019 donde traza la relación histórica del Sistema y el trabajo social en un horizonte hacia el reconocimiento de derechos a la ciudadanía. La situación actual dejaría al sistema más estancado en el asistencialismo, la beneficencia y la burocracia, ya que actuaría sólo para las personas en exclusión dejando atrás la garantía de derechos sociales para toda la ciudadanía.

Algunos investigadores sociales como Echegaray y Pacheco llegaban en 2018 a la conclusión de que la intervención social en los sistemas de rentas mínimas debía dar un paso adelante en su configuración transformativa. Además, los y las trabajadoras sociales de los servicios sociales municipales debían asumir su rol de agente de cambio, así como tenían que avanzar en la participación del diseño de políticas sociales, involucrándose en los procesos de disminución de la vulnerabilidad y la exclusión social. Sin embargo, las últimas normativas nos llevan cada vez más al papel del control social para el acceso a los bonos de suministros, al material escolar, a las rentas mínimas de inserción, a evitar los desahucios, a la exención de tasas municipales, la acreditación de consumidor vulnerable y el encargo de acreditación de las unidades convivenciales y la exclusión social de la última modificación del Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital.

El tema para la celebración del día mundial del trabajo social la Agenda Global (2020-2021) que se celebra este año el 16 de marzo, es “Fortaleciendo la solidaridad social y la conectividad global”, evoca al trabajo social comunitario con el lema popularizado por Nelson Mandela “Ubuntu”, que significa “Yo soy, porque nosotros y nosotras somos”. Curiosamente mientras que se pone en valor la cooperación y la lealtad conectando con los principios de la profesión y la interconexión de todos los pueblos y sus entornos, el trabajo social es cada vez más requerido para la gestión de prestaciones sin dar cabida a ese ámbito. ¿Dónde queda la reforma social? Y ¿la investigación desde nuestra práctica cotidiana?

Hay quien opina que no está el patio para poner limitaciones, que hay que arrimar el hombro, por ello hay que contribuir a que la ciudadanía pueda ir superando las dificultades agravadas por la pandemia. No obstante, los servicios sociales no pueden ser sólo esenciales como una declaración o un título, sino que el Estado y las Comunidades Autónomas tienen el deber de poner en marcha mecanismos para reforzar los servicios sociales municipales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y a través de los Convenios de desarrollo de servicios sociales que las Comunidades Autónomas tienen con los municipios. Hay que ser conscientes y consecuentes con el peso que recae en la primera línea de los servicios sociales básicos y en sus profesionales y evitar dar pasos atrás hacía concepciones puramente benéficas y asistencialistas. 

Aproximación a los requerimientos de informes de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social a los servicios sociales municipales

 Si se realiza un análisis de un centro de servicios sociales municipales se puede hacer una aproximación a la dimensión del requerimiento de informes a los profesionales del trabajo social de este ámbito. Se pueden contabilizar más de 60 tipos de informes en diferentes áreas, de ellos más del 50% tienen la finalidad de acreditar y notificar situaciones de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social.

Los ámbitos de intervención desde los que se requieren estos informes son muy diversos, se puede decir que todos ellos tienen relación con los derechos fundamentales de las personas a las que van dirigidas esas acciones, por lo que no es baladí que se ponga el foco de atención en ellos para garantizar derechos a la ciudadanía más vulnerable. 

Informes que suponen ser la llave para el acceso a servicios, prestaciones y programas de otros sistemas. Entre ellos se pueden destacar los ámbitos de: 

a) La justicia, para adoptar sentencias sobre cuestiones de violencia de género, protección a la infancia y la adolescencia, etc., b) en extranjería para el acceso a trámites y autorizaciones, para arraigo, residencia, asilo, refugio, regularización etc., c) en empleo, para el acceso al empleo de personas con especiales dificultades para la inserción laboral a través de empresa de inclusión, y d) en educación, para prestaciones que tienen como finalidad garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y articular la cobertura de necesidades como la garantía de material escolar, comedores escolares y otras prestaciones básicas. 

Algunos ejemplos significativos de los informes que acreditan la vulnerabilidad social para estos ámbitos: 

a) La vivienda, para solicitar acceso a vivienda de protección oficial, el acceso a alquileres sociales de entidades bancarias o evitar lanzamientos en desahucios, b) suministros en el hogar, para conseguir bonos de suministro eléctrico, de agua etc., exención de todo tipo de tasas municipales de obligado cumplimiento, c) eximir de pagos y cuotas, matriculas y tasas de entidades bancarias u otras áreas municipales, y d) la garantía de rentas y alimentos, para acreditar situaciones específicas de personas o familias perceptoras de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, y a consecuencia de la última modificación del Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital, se requieren a los servicios sociales Informes para acreditar la composición de las unidades de convivencia, para justificar el padrón a personas sin hogar, así como certificados específicos de exclusión social.