Baldón, no blasón

Se ha aprobado definitivamente la Ley de Memoria Democrática y, con este motivo, quiero trasmitir dos felicitaciones. La primera, en mi condición de simple ciudadano demócrata (pongo énfasis en esta expresión, aunque creo que en realidad es redundancia), que se congratula de la voluntad reparadora de la ley. Contra la justicia histórica no valen oposiciones basadas en su oportunidad. Aunque sí, en efecto, es una ley anacrónica: se debería haber aprobado hace no años sino décadas. Tampoco reabre heridas, la ley viene modestamente a sanarlas. ¿Quién puede convivir con su memoria y la identidad colectiva regadas por decenas de miles de conciudadanos anónimos bajo las cunetas de sus carreteras o las tapias de sus cementerios?

La ley, por lo demás, tiene amparo en el dictamen del Consejo de Europa, en la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977), en la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2006) que condenaba “las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista”…

Y tiene un contenido material sobrio y preciso: trata de identificar toda suerte de víctimas de la sublevación, la guerra civil y la dictadura; impone al Estado, y otras administraciones públicas en el marco competencial propio, la obligación de actuar en esas tareas y en la reparación material de víctimas y familiares y crea los instrumentos necesarios para honrarlas incorporándolas a la estirpe más reciente de cuantos lucharon por la libertad y la democracia de la que ahora disfrutamos.

Comparto que la norma pueda tener aspectos litigiosos. Los menos y producto, seguramente, de las exigencias ventajistas de algunas formaciones que querían a toda costa aparecer en los títulos de crédito de la Ley. Por ejemplo, un ambiguo reconocimiento de la transición y la Constitución del 78 y la posibilidad de prorrogar la vigencia de las investigaciones hasta 1983. Pero si los grupos de la derecha que hoy critican esos aspectos se hubieran comprometido con una posición similar a la de sus homónimos europeos y aceptado su negociación, hoy tendríamos una norma con el refrendo de los partidos mayoritarios, y eso hubiera constituido uno de los hitos más fortalecedores de nuestra reciente historia. Sin embargo, una vez más el Partido Popular prefirió aplazar su agotador viaje al centro y a la plena homologación europea, para intimar de nuevo con quienes viven en los rescoldos del franquismo.

La ley decreta también la desaparición de medidas e instituciones dictadas durante la dictadura y de todo punto ofensivas y anacrónicas: topónimos, elementos y símbolos que aún adornan campos y ciudades; la más expresiva, la resignificación del Valle de los Caídos, hoy ya Valle de Cuelgamuros. Como consecuencia, desaparecen arcaísmos como la Orden Imperial (sic) del Yugo y las Fechas, la Fundación del susodicho valle… Y la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo. Aspecto secundario sin duda, excepto porque el que firma pertenece a uno de los apellidos supuestamente ennoblecidos. 

El Partido Popular prefirió aplazar su agotador viaje al centro y a la plena homologación europea, para intimar de nuevo con quienes viven en los rescoldos del franquismo

Esta es mi segunda felicitación que quiero compartir con todos aquellos que llevamos ese apellido y aquellos que lo tienen de los otros treinta y dos títulos que se suprimen en virtud del artículo 41 de la Ley.

Estoy seguro de que en las familias relacionadas con estos títulos hay muchos desafectos a la condición nobiliaria, más aún en su versión de aristocracia franquista. Pero, aunque sería absurdo haberse sentido directamente afectado por un abolengo del que no participo, debo reconocer que la decisión del Gobierno me alivia. El título familiar, más que blasón era un baldón.

En el caso del Marquesado de Kindelán, dice el Decreto publicado en el BOE de 2 de octubre de 1961 que se concedió por “...los méritos contraídos por el Teniente General del Ejército, don Alfredo Kindelán y Duany, que tuvo la responsabilidad directa del mando superior de las Fuerzas del Aire que mantuvieron victoriosamente en los cielos de España su dominio durante toda la campaña, vengo en expresarle el reconocimiento de la Nación por los servicios prestados a la Cruzada Nacional.” La concesión le llegó a los 83 años, el último de su vida, corre hoy por la cuarta generación y no deja de ser chocante que la vigente haya sido expedida durante el mandato de la Ministra Dolores Delgado.

Se sabe de su condición fervientemente monárquica, apoyó la Dictadura de Primo de Rivera, se expatrió luego a Italia mientras pudo y se incorporó de inmediato a la preparación del golpe de estado del 18-J. En esta dirigió los efectivos de la aviación y por todo ello fue condecorado.

Lo discordante es que su condición de monárquico le llevó a trances controvertidos. Cuando los sublevados de la Junta de Defensa, apurados por Alemania e Italia, tuvieron que elegir un mando único y nombrar un general por encima de los demás  –un Generalísimo–, los monárquicos, especialmente Cabanillas y Kindelán, si bien aceptaron e incluso propusieron la candidatura de Franco como superior militar, se opusieron a cualquier nombramiento de naturaleza política. Como transacción entre las dos facciones, Nicolás Franco y Kindelán habían pactado la expresión de que el nombramiento de Franco como Generalísimo “llevará anexa la función de jefe del Estado, mientras dure la guerra”, expresión hoy de actualidad por obra de Amenábar. En su condición de monárquicos no podían nombrar como Jefe de Estado más que a Alfonso XIII, salvo con carácter provisional, mientras dure la guerra. 

Sin embargo, el texto, cuya autoría de manipulación aún se discute pero que apunta a los propios hermanos Franco según la mayoría de historiadores, salió de la imprenta con una redacción trucada: “…se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División D. Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado”. Un golpe de Estado dentro de otro golpe de Estado.

Acabada la guerra, ocupó algunos puestos de relevancia, como la Capitanía General de Baleares y recién creada de Cataluña, en la que pasado el tiempo aún se recuerda su exagerada digamos firmeza; luego, director de la Escuela Superior del Ejército.

Kindelán prosiguió sus conspiraciones monárquicas y anglófilas, ahora ya muerto en 1941 Alfonso XIII, en favor de su hijo D. Juan. En 1945 pronuncia un resonante discurso promonárquico y, al año siguiente, Franco le señala como responsable del Manifiesto de Lausana.

Eso era ya demasiado: le destituye de sus cargos, censura su hasta entonces obra más notable “Mis cuadernos de guerra”, le manda encarcelar y finalmente es desterrado a Canarias. Rehabilitado en parte con motivo de los llamados 25 Años de Paz, Franco le concede el Marquesado que acepta, dicen, después de la venia de D. Juan.

Como se ve, la personalidad de Alfredo Kindelán era tan compleja como discutible. Se podían –y se pueden– glosar otros aspectos menos desapacibles de su figura, sin duda su erudición en aeronáutica, su carácter de pionero de la aviación española, la del aventurero capaz de emprender la primera, y accidentada, travesía en globo…

Pero no ha lugar a ningún honor hoy que se justifique en su papel de conspirador contra la República primero, como participante principal luego en el golpe de estado y, en cualquier caso, “por los servicios prestados a la Cruzada Nacional”.

Estas letras están lejos de ser un ajuste de cuentas en una familia prolífica, notable y plural. Me honra compartir ese apellido y sus ancestros. Hoy un poco más.