El desarme de Hizbulá, la retirada de Israel y la seguridad en Oriente Medio

Habrá que esperar el desarrollo de las negociaciones de Estados Unidos con Irán y de Israel con el Líbano en los próximos días (aunque persiste la polémica sobre si Irán pondrá el futuro de Hizbulá en su paquete negociador) para ver lo que va a ocurrir en el sur del Líbano, y, a medio plazo, quizás también a la seguridad regional, pues se abre una ventana de oportunidad para abordar varios problemas a la vez, aunque a las diplomacias de Estados Unidos e Israel les costará ver esta posibilidad. De momento, veamos los dilemas que se presentan respecto al Líbano. Nada fáciles, por cierto, pues históricamente Israel ha intentado controlar el sur del Líbano como franja defensiva y de reordenación estratégica, con la convicción de que puede quedarse con todo el territorio situado al sur del río Litani. El propósito de anexión viene de lejos, por lo que no será fácil cambiar esta corriente ideológica y estratégica vinculada al expansionismo, contraria al pragmatismo propio de una negociación basada en incentivos.

La propuesta israelí de iniciar conversaciones para un alto al fuego en el Líbano “lo antes posible”, condicionado al desarme de Hizbulá y a su exclusión del Gobierno libanés, reproduce uno de los errores más documentados en la resolución de conflictos armados: la negativa a sentar en la mesa a actores armados que, aunque incómodos o ilegítimos a ojos de una de las partes, son políticamente imprescindibles para que cualquier acuerdo sea sostenible, y más cuando se trata de un movimiento político y social, no solo una milicia. Eso implica que Israel e Hizbulá tendrán que sentarse en una mesa, reconociéndose como “legítimos interlocutores”.

Las lecciones del proceso de paz en Irlanda del Norte, por ejemplo, son elocuentes al respecto. El Reino Unido tardó décadas en aceptar que el IRA y su brazo político, el Sinn Féin, debían participar directamente en las negociaciones, y solo cuando esa participación se garantizó —con condiciones, pero sin exclusiones previas absolutas—, fue posible el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Del mismo modo, en el proceso colombiano con las FARC, intentar negociar un desarme sin incluir a la guerrilla como interlocutor directo había fracasado sistemáticamente durante décadas; solo el diálogo directo, celebrado en La Habana entre 2012 y 2016, produjo un acuerdo estructurado por etapas.

Exigir a Hizbulá que abandone el gobierno libanés como condición previa a cualquier conversación no es una medida de confianza. Es, en la práctica, una precondición que el grupo no puede aceptar sin percibir que renuncia a su posición antes de obtener nada a cambio, lo que bloquea el proceso antes de que comience. El dilema del orden de los pasos, si primero el alto al fuego o primero el desarme, es, en realidad, un falso dilema, pues la experiencia comparada muestra que ambos procesos deben diseñarse de forma simultánea y secuenciada, con incentivos claros para cada etapa cumplida. Esto debería entenderlo Israel, pues, según algunas fuentes, piensa continuar atacando a Hizbulá, con lo que entraríamos en una espiral sin fin, y eso hay que evitarlo a toda costa.

A esta complejidad estructural hay que añadir que cualquier acuerdo duradero requiere necesariamente un diálogo nacional interno libanés que recomponga el frágil equilibrio confesional y político del país. Líbano no es solo el escenario del conflicto, sino también una víctima institucional del mismo, y su Estado ha sido históricamente demasiado débil para imponer el monopolio de la fuerza en su propio territorio. Por ello, un acuerdo que no contemple el fortalecimiento real y verificable de las Fuerzas Armadas Libanesas, con capacidad operativa demostrada para desplegar en el corto plazo en el sur del país, estaría condenado al fracaso. Esto implica, a su vez, que Israel debería comprometerse a una retirada total y ordenada del territorio libanés que ha ocupado, requisito sin el cual el proceso de desarme gradual de Hizbulá —que ya estaba previsto en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2006—, carece de entorno político en el que prosperar.

Ese plan de desarme por etapas, que existía sobre el papel desde 2025, pero nunca se implementó del todo por la ausencia de condiciones de seguridad recíprocas, podría reactivarse si se crease un mecanismo internacional de verificación robusto y creíble, posiblemente mediante un refuerzo sustancial de UNIFIL con mayores capacidades de monitoreo, medios técnicos modernos y un mandato más ejecutivo que el actual, que permita constatar el cumplimiento de cada fase y generar la confianza mutua que hoy es inexistente. La verificación internacional ha sido clave en otros procesos. En el propio acuerdo nuclear iraní de 2015, el JCPOA, y desmontado por Trump en 2017, la presencia de observadores con mandato claro redujo significativamente el riesgo de que una parte denunciara incumplimientos sin base real, estabilizando el proceso incluso en momentos de alta tensión.

El dilema que plantea el desarme de Hizbulá presenta, además, llamativas similitudes con el que rodea a Hamás, y ambos casos no pueden entenderse plenamente sin considerar el papel de Irán como financiador histórico de los dos movimientos. Teherán ha declarado explícitamente que no presionará hacia el desarme de ninguno de sus aliados mientras Israel no se retire totalmente de los territorios palestinos ocupados, lo que convierte la cuestión en un nudo gordiano regional que trasciende con mucho los límites de una negociación bilateral.

Esta lógica (no hay desarme sin cumplimiento previo de los acuerdos políticos de fondo), no es exclusiva de los actores del conflicto israelí-palestino-libanés, sino que constituye un patrón recurrente en la historia de los procesos de paz. En Colombia, la guerrilla del ELN ha condicionado sistemáticamente cualquier avance hacia el desarme a la implementación efectiva de los compromisos del Estado en materia de desarrollo territorial, sustitución de cultivos y garantías de seguridad para sus militantes desmovilizados. El caso del PKK kurdo es igualmente ilustrativo, ya que el movimiento anunció el pasado año el abandono formal de la lucha armada, un paso de enorme trascendencia simbólica y política, pero se ha resistido a entregar las armas mientras no se concreten garantías políticas verificables para losexcombatientess y la población kurda en Turquía. Estos ejemplos ponen de manifiesto una verdad incómoda pero ineludible para cualquier negociador: el desarme no es un punto de partida ni un acto espontáneo de buena voluntad, sino el resultado final, y frágil, de un proceso en el que los acuerdos políticos deben comenzar a cumplirse de forma creíble y verificable. Sin esa secuencia de confianza construida paso a paso, con mecanismos de verificación internacionales sólidos y garantías políticas tangibles, exigir el desarme como condición previa no es diplomacia, pues para muchos grupos armados es simplemente rendición.

Con una perspectiva más amplia, estas negociaciones bilaterales no deberían concebirse como un fin en sí mismas, sino como el primer eslabón de una arquitectura de seguridad regional en Oriente Medio que hoy brilla por su ausencia. Téngase en cuenta que, en 2024, y sin contar Siria y Yemen, los datos del SIPRI señalaron que, en 2024, los países de Oriente Medio tuvieron unos gastos militares de 243.500 millones de dólares, el 4,2% de su PIB, una barbaridad de militarización, incompatible con la seguridad en común. En 2026, estos números serán bastante superiores. Con todo, el momento actual presenta una oportunidad que sería irresponsable desaprovechar: la posibilidad de que Irán alcance un nuevo acuerdo de desnuclearización que supere y refuerce el JCPOA de 2015, en un contexto en el que Teherán ha visto debilitadas sus redes de proyección regional, Hizbulá incluido, y podría tener incentivos económicos y de seguridad para negociar. Ya hay propuestas en este sentido; solo hay que atenderlas. Un acuerdo así, pactado multilateralmente entre todos los actores de la región, con garantías de potencias externas, podría sentar las bases de una estructura similar a lo que representa la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para el continente europeo, creada en 1975 (CSCE) y decisivo para superar los conflictos de la Guerra Fría, pues era un foro permanente de diálogo, verificación de compromisos, gestión de crisis y construcción progresiva de confianza entre adversarios históricos.

Europa tardó décadas en construir esa arquitectura tras la Segunda Guerra Mundial, y no fue un camino lineal ni sencillo, pero los Acuerdos de Helsinki de 1975 demostraron que incluso entre sistemas políticos e ideológicos profundamente enfrentados, es posible acordar reglas mínimas de convivencia. Oriente Medio necesita hoy su propio Helsinki, un proceso que comience con los pasos pequeños pero concretos de un alto al fuego verificado en el Líbano y que, con paciencia estratégica y voluntad política real, y mediante un acuerdo real y sostenido con Irán, pueda escalar hacia una paz regional que ninguna de las partes ha sido capaz de imaginar, o de querer imaginar, hasta ahora. Si las negociaciones con Irán terminan bien, deberemos hablar de este punto.