¿Vamos hacia un nuevo paradigma de las guerras?

Las guerras en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán comparten rasgos estructurales que sugieren que no son guerras aisladas, sino expresiones de un nuevo modelo bélico global. Israel, guiado por una doctrina sionista cada vez más ofensiva bajo liderazgos de extrema derecha, participa en tres de los cuatro escenarios, lo que revela la existencia de un actor con una estrategia de guerra permanente y multipolar. Todos estos conflictos han sido además esencializados, puesto que sus protagonistas los presentan como luchas existenciales en las que cualquier concesión equivale a una rendición identitaria, lo que clausura el espacio para el pragmatismo político y convierte la negociación en una forma de traición. La religión refuerza este marco como legitimador supremo —el sionismo mesiánico, la yihad, la ortodoxia rusa bendecida por el Kremlin, el evangelismo redentor de Trump—, situando la violencia por encima de cualquier argumento jurídico o humanitario. Las narrativas de “gran destino histórico” completan el andamiaje ideológico que justifica la guerra indefinida. Putin invoca la lucha contra el nazismo para legitimar la invasión de Ucrania; Netanyahu apela al Holocausto para justificar operaciones que causan decenas de miles de víctimas civiles. Estas narrativas no son solo propaganda, sino que estructuran profundamente la percepción que los propios actores tienen de sí mismos, inscribiendo cada acción bélica en un arco temporal mítico que refuerza la disposición al sacrificio y hace políticamente imposible cualquier concesión en el presente.

Estos conflictos son además profundamente internacionalizados, funcionando como campos de batalla subrogados de rivalidades geopolíticas globales, garantizando a los beligerantes el suministro continuo de armas, financiación y legitimidad política. Esta internacionalización no solo prolonga las guerras, sino que hace enormemente difícil cualquier mediación, porque resolver el conflicto local implicaría también resolver las tensiones entre las potencias que lo alimentan desde el exterior. El enfrentamiento entre Irán y sus proxies (guerras indirectas por procuración) de un lado, e Israel y sus aliados del otro, es la columna vertebral del sistema de seguridad de Oriente Medio, mientras que la guerra en Ucrania es el escenario principal de la disputa entre Rusia y Occidente por el control del espacio postsoviético y el orden de seguridad europeo. La disuasión nuclear actúa como telón de fondo paradójico en todo este sistema, ya que impide la escalada directa entre grandes potencias, pero permite que las guerras convencionales se prolonguen indefinidamente. Esta geometría nuclear garantiza que los conflictos se mantengan por debajo de cierto umbral de intensidad, pero también que se estanquen en equilibrios de destrucción que nadie tiene incentivos claros para romper.

El dominio del espacio aéreo —cazas de quinta generación, misiles de precisión y, sobre todo, drones de distintas categorías—, se ha convertido en la variable militar determinante de estos conflictos. Esta preferencia por el poder aéreo responde a varias lógicas simultáneas: minimiza las bajas propias, permite operar a distancia, dificulta la atribución de responsabilidad jurídica y genera un efecto de terror y agotamiento sobre las poblaciones civiles. Los drones, en particular, han “democratizado” parcialmente esta capacidad, permitiendo a actores no estatales como Hezbolá o Hamás disponer de una dimensión aérea antes exclusiva de los Estados. La ocupación territorial y la reingeniería demográfica completan la dimensión espacial de estos conflictos. Rusia ha procedido a la anexión formal de cuatro regiones ucranianas, ha deportado a cientos de miles de personas y ha borrado sistemáticamente la identidad cultural ucraniana en los territorios que controla. Israel ha intensificado la construcción de asentamientos en Cisjordania, declarados ilegales por el derecho internacional, ha ocupado y destruido el sur del Líbano, y en Gaza ha aplicado una política de destrucción sistemática orientada a hacer la Franja inhabitable para su población original. Esta combinación de conquista militar con transformación demográfica revela que el objetivo final no es simplemente ganar la guerra, sino rediseñar el mapa humano de la región de forma irreversible.

Las consecuencias humanitarias de este modelo son catastróficas y, en gran medida, deliberadas. Los civiles y las infraestructuras esenciales (hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, mercados, escuelas), son objetivos militares sistemáticos, no daños colaterales inevitables. Esta táctica de guerra total contra la población civil busca quebrar la voluntad de resistencia y generar condiciones de vida insostenibles que fuercen el desplazamiento o la capitulación. Los desplazamientos masivos de población son su consecuencia más visible. En muchos casos estos desplazamientos no son efectos secundarios, sino objetivos deliberados, destinados a crear hechos demográficos consumados difícilmente reversibles. La devastación económica que acompaña a todo ello opera en múltiples escalas: en Gaza la economía ha sido destruida prácticamente en su totalidad; Ucrania ha perdido una fracción enorme de su PIB y sus infraestructuras energéticas han sido sistemáticamente arrasadas; los países vecinos absorben millones de refugiados y soportan el impacto de la inestabilidad en los precios de la energía y los alimentos. Esta dimensión económica raramente aparece en los análisis estratégicos, pero es con frecuencia la que determina la capacidad de resistencia de las poblaciones y, por tanto, la duración real de los conflictos.

Todo esto ocurre en un contexto de colapso progresivo del orden jurídico internacional. El derecho humanitario y los Convenios de Ginebra son ignorados abiertamente por todos los actores principales. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, e Israel enfrenta procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio, pero ninguna de estas instancias posee mecanismos coercitivos efectivos frente a potencias militarmente significativas o protegidas por aliados con derecho a veto. La ONU ha sido marginada hasta la irrelevancia operativa. El Consejo de Seguridad está paralizado por vetos cruzados —Estados Unidos bloquea resoluciones sobre Gaza; Rusia y China, sobre Ucrania—, las resoluciones de la Asamblea General carecen de fuerza vinculante y las misiones de paz de la ONU en el Líbano han sido atacadas directamente por fuerzas israelíes. Esta marginación deliberada de la ONU no es accidental, sino el resultado de una estrategia consciente de los actores más poderosos, para preservar su libertad de acción militar sin rendición de cuentas internacional, convirtiendo a la organización en testigo impotente de catástrofes que su carta fundacional fue diseñada precisamente para prevenir. El desprecio hacia el derecho internacional no es simplemente una consecuencia de la guerra: se ha convertido en una herramienta más de la estrategia bélica, un mensaje deliberado dirigido tanto al adversario como a la propia opinión pública nacional.

Lo más revelador de este nuevo paradigma es su lógica política interna, que combina varios elementos mutuamente reforzantes. Los liderazgos extremistas que protagonizan estos conflictos —Netanyahu con su coalición de ultraderecha religiosa, Trump y su tecnofascismo, Putin con su nacionalismo imperial mesiánico, Hamás y Hezbolá con sus ideologías intransigentes—, obtienen réditos políticos internos de la continuación de la guerra, lo que hace que la paz no sea simplemente difícil sino activamente inconveniente para quienes detentan el poder. Cualquier líder que muestre disposición al diálogo se arriesga a ser eliminado políticamente por los sectores más duros de su propio campo. Esta dinámica explica la ruptura sistemática de negociaciones ya iniciadas y la ausencia de mediaciones efectivas. La preferencia por la fuerza como primera opción, y no como último recurso, y la búsqueda de una victoria militar total en lugar de un acuerdo negociado, completan este cuadro, pues los actores más poderosos no buscan resolver las guerras, sino gestionarlas, porque la continuación del conflicto les permite debilitar al adversario y consolidar posiciones sobre el terreno que de otro modo serían inviables políticamente.

La construcción sistemática de imágenes de enemigo y la deshumanización del adversario son los mecanismos culturales que hacen socialmente sostenible todo lo anterior. Los aparatos de propaganda estatales, los medios afines y las redes sociales trabajan para presentar al adversario como encarnación del mal absoluto: los palestinos como terroristas innatos, los israelíes como colonizadores genocidas, los rusos como bárbaros imperialistas, los ucranianos como instrumentos del nazismo, los ayatolás iraníes como encarnación del mal. Cuando el adversario es descrito en términos animales o patológicos, se crea el marco psicológico que permite justificar crímenes de una magnitud que de otro modo resultaría intolerable. Esta deshumanización no es un epifenómeno de la guerra, sino una de sus condiciones de posibilidad. El resultado acumulado de todos estos procesos es la militarización progresiva de las sociedades y del discurso político global: los presupuestos de defensa se disparan en todo el mundo, Europa debate su remilitarización acelerada, las economías se reconvierten en máquinas de guerra y la lógica de la fuerza se normaliza como principio ordenador de las relaciones internacionales. Si estos cuatro conflictos anuncian efectivamente el perfil de las guerras del siglo XXI, lo que revelan es una crisis sistémica del orden internacional (jurídico, diplomático y moral), que ninguno de sus actores principales parece capaz, ni verdaderamente dispuesto, a revertir.