Las elecciones de julio ante la presidencia europea de España

Como es sabido, el gobierno español va a presidir el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Un acontecimiento de especial relevancia por ser la última presidencia de esta legislatura europea. En esa condición, a España le corresponderá cerrar la legislación comunitaria, los dossieres y los acuerdos (trílogos) que aún están pendientes de finalizar, y obtener los consensos necesarios para ello entre los 27 estados miembros, y con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

En los semestres de presidencias europeas, los trabajos más difíciles para quien preside - y los más trascendentales - se consiguen aprobar en los últimos meses, normalmente en el último incluso. En la presidencia española de 2010, por ejemplo, el acuerdo de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior - la diplomacia de la Unión - de enorme calado institucional y político, se obtuvo en los días postreros del semestre. Fue la herencia que dejamos a la siguiente presidencia, la de Bélgica. Ahora, en estos mismos momentos, la propia presidencia de Suecia - la previa a la española- reconoce que le queda por terminar el 70% del trabajo previsto para el conjunto de su semestre.

Todo esto viene a cuento del impacto que puede tener en nuestra presidencia europea, que comienza el próximo 1 de julio, la inesperada disolución del Congreso y del Senado y la convocatoria de elecciones decidida por el presidente del Gobierno. Hay ya un primer efecto: las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión serán anunciadas por Sánchez – o Feijóo - después de las elecciones, en septiembre, ante el Parlamento Europeo.

Pues bien, se ha analizado esta disolución del Parlamento y elecciones generales como un hecho que puede tener efectos disruptivos en la Unión, debilitando la acción de la propia presidencia española del Consejo. Mi opinión es la contraria. Explicaré por qué.

Para empezar, conviene puntualizar que la potestad de disolver el Congreso y el Senado y, simultáneamente, de convocar elecciones generales, está atribuida por la Constitución al Presidente del Gobierno en exclusiva. Así sucede en todos los regímenes parlamentarios. Y no hay que demostrar razones específicas para hacerlo. Es una pura decisión política, absolutamente discrecional. No obstante, naturalmente, cabe analizar las intenciones y los efectos posibles de una decisión de tal dimensión, en concreto en un acontecimiento que solo se produce cada trece años: la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Algunos de los desafíos más destacados para la Unión Europea y para España en su presidencia, sea cual sea el gobierno que los aborde, van a ser, a mi juicio, los siguientes: el primero, la reforma de las reglas fiscales de la UE para flexibilizar el Pacto de Estabilidad, es decir, los límites de déficit y deuda establecidos en los tratados, que están suspendidos desde la pandemia.

El segundo, la decisión del Consejo sobre la apertura o no del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión. Es fácil deducir la trascendencia geopolítica que esta opción podría tener, en medio de una guerra devastadora. Pero los tiempos conducen a que sea durante la presidencia española cuando se analice la conveniencia de tal adhesión y la posibilidad técnico política de realizarla. 

Conectado con lo anterior está otro desafío para la presidencia. Es la posible apertura de una negociación para una futura ampliación de la UE a los Balcanes occidentales, lo que forzaría a plantearse la derogación del principio de voto por unanimidad en asuntos tan decisivos como la política exterior y de seguridad, o la armonización fiscal para acabar con los pseudoparaísos fiscales encubiertos y la competencia desleal que hay en la Unión.

El cuarto reto - y en mi opinión el más importante- es conseguir el ansiado (por los países mediterráneos especialmente) Pacto europeo de Migración y Asilo. 

Se trata de un asunto recurrente en la reciente política europea. En especial, desde la llegada de un millón de refugiados a Alemania en 2015. La Comisión Europea ha propuesto cinco reglamentos al respecto, de gran complejidad, en un intento de que, precisamente durante la presidencia española, se lograra obtener como resultado un Pacto basado en la solidaridad y la responsabilidad compartida. España, Italia, Grecia, Malta y Chipre esperan con ansiedad lo relativo a reasentamientos, reubicaciones y vías legales que eviten que el Mediterráneo sea un cementerio. 

El enfoque que dé la presidencia española al Pacto dependerá del trabajo que haya desarrollado la presidencia de Suecia. Cuando se escribe este artículo tenemos como horizonte la negociación en el Consejo de la Unión para lograr una “orientación general” en su seno, es decir, un consenso facilitador de lo que podría y debería ser una culminación positiva del pacto de Migración y Asilo durante y bajo los auspicios de la presidencia española.

Hay que advertir que en ninguno de los cuatro desafíos citados hay, por el momento, una posición unánime entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Lograr acuerdos de esa envergadura política en el final de la legislatura europea requerirá del Gobierno español liderazgo, fortaleza y una legitimidad política lo más sólida posible. Eso es precisamente lo que han de proporcionar las elecciones del 23 de julio. Merced a su convocatoria, el Gobierno español que presidirá el Consejo de la Unión en el próximo semestre ostentará – porque así la otorgarán las y los electores - una autoridad democrática indiscutiblemente fuerte para liderar la última parte de la actual legislatura europea.

Así pues, las elecciones convocadas adquieren una trascendencia que va más allá del estricto ámbito español.

No sabemos si este argumento, favorable y explicativo de unas elecciones al principio del semestre de presidencia española del Consejo y al final de la legislatura europea, ha estado en el pensamiento de Pedro Sánchez al disolver el Parlamento y elegir otro del que surja un nuevo gobierno con la máxima energía para afrontar los expedientes europeos mencionados. No lo sabemos. Pero “se non è vero è ben trovato”.