La Ley Orgánica del Sistema Universitario: una norma necesaria, una propuesta mejorable

Ya hace unos meses que se debate sobre la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) como una de las grandes iniciativas del Ministerio de Universidades del Gobierno Español y, obviamente, del ministro Castells. Han aparecido, en varios medios de comunicación, informaciones sobre la posición de los rectores y las rectoras respecto al anteproyecto que se ha presentado (que, en estos momentos, ya va por la segunda o tercera versión).

Cabe recordar que la primera (y única) gran revolución universitaria española en democracia fue la LRU (Ley de Reforma Universitaria) de 1983 que, promovida por el primer gobierno socialista, marcó un antes y un después para la universidad española. Los resultados del sistema universitario español no pueden entenderse sin esta referencia. Después, con menor fortuna, aparecieron la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del 2008, seguida por la LOMLOU (Ley Orgánica que modifica la LOU) del 2007.

Hace catorce años que no hay acción legislativa concreta y, si me lo permiten, ni la LOU ni la LOMLOU supusieron ningún paso adelante significativo. En ese sentido, parece razonable afirmar que en breve hará cuarenta años del cambio más significativo de la universidad española. Sin embargo, el mundo y el entorno universitario han cambiado profundamente en todo este tiempo.

A partir de este escenario, no es extraño que el sistema universitario requiera de una nueva estructura legislativa y de un nuevo impulso para el sistema universitario y de investigación (sí, y de investigación, porque son dos caras de la misma moneda: una no puede entenderse sin la otra) que esté a la altura de la potencia y músculo existente. Pero para que esto suceda es necesario poner el foco en cuestiones que, si no se toman en consideración, difícilmente obtendremos una LOSU que tenga un impacto de transformación sistémica y adaptación a los retos que tenemos por delante como el que facilitó la LRU en su momento. Me centraré en tres aspectos concretos.

El primero tiene que ver con la variabilidad del sistema universitario español, donde conviven universidades de primer nivel con otras de cuyos estándares de calidad no son, de acuerdo con parámetros objetivos, homologables a la excelencia internacional. Atención, y no hablo de los famosos rankings, que ofrecen una imagen limitada sobre la verdadera calidad universitaria. Ni pretendo hacer una enmienda a la totalidad a ninguna institución y menos a sus integrantes. Sin embargo, las asimetrías en términos de exigencia, calidad, rendimiento, impacto e, incluso, aspiración, son difícilmente refutables. Si se desea realizar una LOSU de futuro, el punto de referencia no puede ser el límite inferior del intervalo. O nos fijamos en el límite superior o legislarán igualando a la baja, lo que no beneficia a nadie. O vamos a un sistema donde diferenciamos tipos de universidades o no nos movemos de sitio.

El segundo elemento es que la LOSU debe ser una ley de bases. Su redactado actual parece más un reglamento que un marco jurídico amplio. Si el primer punto que les he expuesto les parece relevante, este segundo es una derivada directa. Si no se piensa en un marco amplio en el que cada institución universitaria pueda desarrollar su camino, lo cierto es que acabaremos en una ley que quiera satisfacer a todo el mundo para no satisfacer a nadie. Una ley centrada en encorsetar las principales instituciones que generamos y gestionamos el conocimiento, como es el caso de las universidades, es una ley que difícilmente comprende la agilidad, dinamismo, pluralismo y variación permanente que acompaña a la generación y gestión de este conocimiento. Por no mencionar que, siguiendo el símil del lenguaje popular, supone tratar de “poner puertas al campo”.

El último es aún más simple. Una LOSU de futuro debe contener espacios para hacer frente a los problemas reales. No es un problema real cómo se elige rector o rectora: los rectores somos una pieza menor con relación a los retos que debemos enfrentar a corto y medio plazo. Lo que importa es encontrar soluciones a cuestiones que podríamos sintetizar con términos que comienzan con la letra “r”: Reforzar la investigación, Reducción y ordenación de la oferta docente, Revitalización de la Innovación y Transferencia, Referencia internacional, Rejuvenecer profesorado y personal técnico de apoyo, Redefinir la formación en pro de las políticas de igualdad que garanticen romper los techos de cristal, Responsabilización y participación del alumnado, Rendición de cuentas y, finalmente, Respeto al trabajo realizado. Hacer frente a estos retos tangibles es lo que nos permitirá ser verdaderos referentes.

Se podría afirmar que estos tres puntos que he enunciado apuntan en la misma dirección que la posición de cuestionamiento atribuida a los rectores y rectoras con relación a las propuestas de la LOSU. No en vano, la mayoría coincidimos en que, después de 40 años, es necesaria una nueva ley, contundente y ambiciosa. Sin embargo, la propuesta presentada es a todas luces y cuanto menos, mejorable. Es por todo ello que trabajaremos, desde el binomio de espíritu crítico y voluntad de cooperación que caracteriza a toda universidad, para que esta mejora pueda materializarse. Esperemos que todos y todas estemos a la altura del reto que se nos plantea.