El New Deal empieza en los municipios

La emergencia sanitaria producida por la COVID-19 ha evidenciado el incalculable esfuerzo de gestión de los ayuntamientos para hacer frente a la situación de excepcionalidad prestando los servicios más básicos, asumiendo competencias que quizás no les eran propias y atendiendo las urgencias de la ciudadanía. El mundo municipal se ha reafirmado una vez más como el instrumento indispensable para prestar servicios públicos esenciales en un contexto de extrema complejidad por el hecho de ser el primer nivel de administración pública, la más próxima a los vecinos y vecinas. A menudo, con una capacidad y velocidad de reacción para resolver problemáticas superiores a las de otras administraciones. Pero a menudo, también, con una mano atada a la espalda.

Las consecuencias socioeconómicas de esta crisis nos obligan a prever que los escenarios de futuro requerirán medidas de reactivación económica y los ayuntamientos tendrán que jugar un papel clave como administración más cercana a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de subsidiariedad y con la autonomía local y suficiencia financiera necesarias para gestionar los recursos.

En este sentido, la actual Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a los ayuntamientos con superávit en la liquidación de su presupuesto a destinar la mayor parte de estos a reducir el nivel de endeudamiento. Una pequeña parte se puede destinar a inversiones financieramente sostenibles y el superávit restante se incorpora al remanente de tesorería. No pueden reinvertir superávit y remanentes porque comportaría incumplir la regla de gasto. Y en una situación de emergencia sanitaria, económica y social, esta limitación es poco menos que una negligencia que debemos evitar, porque movilizar todos los recursos a nuestro alcance es una obligación.

Los ayuntamientos vienen generando superávits desde el 2015, que se han convertido en estructurales. Estos superávits se acumulan en forma de remanentes, que actualmente suman un total de 17.000 millones de euros, pero en cambio no pueden disponer libremente de sus ahorros para destinarlos a gasto social, por ejemplo. Ante un más que probable escenario de recesión económica, incluso la Comisión Europea ha acordado la congelación de las reglas fiscales, activando la cláusula de salvaguarda para permitir un incremento del gasto público que evite que la crisis sanitaria derive también en una crisis de demanda y consumo interno.

Es importante que desde el Congreso y el Senado se elimine la regla de la limitación del gasto y se permita disponer sin condiciones de los remanentes a los ayuntamientos con superávit y equilibrio presupuestario. Más aún, que los ayuntamientos puedan generar déficit en ejercicios presupuestarios en que se hayan dado situaciones extraordinarias, como lo son las catástrofes naturales y el temporal Gloria. Es decir, que se permita disponer de los remanentes a los ayuntamientos que han hecho los deberes y tienen una buena situación económica.

No es suficiente que un Real Decreto-ley haya permitido destinar un 20% del superávit, con un máximo de 300 millones de euros para el conjunto de los municipios del Estado, a gasto social. Es el momento de un New Deal y políticas keynesianas que estimulen la demanda. Y los ayuntamientos, con sus alcaldes y alcaldesas al frente, deberán ser un agente clave al lado de las personas y su bienestar. Así nos lo pedía un grupo de alcaldes y alcaldesas de Esquerra Republicana y así lo hemos propuesto a través de diversas iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales.