¿Un no a Donald Trump es un sí a Xi Jinping?

La pregunta resulta tentadora por su aparente simetría, pero encierra una simplificación que conviene desactivar. En el caso de Pedro Sánchez, más que un desplazamiento mecánico de un polo a otro, lo que se observa es la articulación -todavía en proceso- de una posición propia dentro de un orden internacional en mutación.

Los indicativos de fricción con la agenda de Trump son cada vez más visibles. En el plano discursivo, el Gobierno español ha sostenido posiciones críticas respecto a la gestión de conflictos como Gaza, insistiendo en la primacía del derecho internacional humanitario y en la necesidad de soluciones políticas frente a la lógica de fuerza. Este énfasis choca con una visión más unilateralista y securitaria, asociada a la tradición política que encarna Trump. Más recientemente, la condena de operaciones militares contra Irán -así como la cautela respecto al uso de bases militares o del espacio aéreo español para acciones que puedan escalar el conflicto- apunta a una voluntad de preservar márgenes de autonomía estratégica. No se trata tanto de un gesto aislado como de una pauta que trata de evitar la alineación automática con decisiones de Washington cuando estas comprometen la estabilidad regional o el marco jurídico internacional.

Este distanciamiento relativo se acompaña, en paralelo, de un acercamiento sostenido a China. La reiteración de visitas oficiales -cuatro en cuatro años- convierte a Sánchez en uno de los líderes europeos con mayor interlocución directa con Pekín. Este dato no es menor ya que, en diplomacia, la frecuencia construye confianza y habilita canales que trascienden lo protocolario. El diálogo abarca desde cuestiones económicas -inversión, acceso a mercado, transición verde- hasta temas globales como cambio climático o gobernanza internacional. En un contexto de creciente rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, España parece apostar por no reducir su política exterior a una lógica de bloques.

Ahora bien, interpretar este doble movimiento como una maniobra oportunista orientada a maximizar réditos electorales internos, resulta insuficiente. Hay, más bien, una cierta coherencia con una tradición europea que reivindica el diálogo como instrumento central, la paz como horizonte normativo y el multilateralismo como método. Esta tradición, que hunde sus raíces en la posguerra europea, se expresa en la defensa de instituciones internacionales, en la preferencia por soluciones negociadas y en la resistencia a la extraterritorialidad de decisiones unilaterales. En ese marco, la interlocución con China no es una anomalía, sino una extensión de la idea de que los problemas globales requieren la participación de todos los grandes actores, con independencia de sus diferencias sistémicas.

De hecho, este planteamiento empieza a encontrar ecos en la Unión Europea. Sin negar que Bruselas ha endurecido su diagnóstico sobre China definiéndola simultáneamente como socio, competidor y rival sistémico, también es cierto que varios Estados miembros exploran vías para evitar una deriva de confrontación abierta. Incluso la noción de “reducción de riesgos” (de-risking), frente al desacoplamiento, refleja ese intento de equilibrio que anhela proteger sectores estratégicos sin clausurar el intercambio. En este sentido, la actitud española podría contribuir a matizar aun más el enfoque europeo, introduciendo mayor densidad diplomática en la relación con Pekín y reduciendo la dependencia de los marcos interpretativos impulsados desde Washington.

Sin embargo, el acercamiento a China tiene límites claros, tanto estructurales como políticos. En primer lugar, España sigue siendo un aliado firme de la OTAN y un socio integrado en la arquitectura de seguridad occidental. Esto implica que cualquier autonomía es necesariamente relativa ya que las interdependencias militares, tecnológicas y de inteligencia con Estados Unidos no pueden deshacerse sin costes significativos. En segundo lugar, persisten divergencias sustantivas con China en ámbitos sistémicos que condicionan la profundidad de la cooperación y alimentan recelos.

En tercer lugar, la propia UE establece marcos regulatorios que limitan el margen de maniobra bilateral. Mecanismos de control de inversiones, políticas industriales comunes o estándares digitales introducen una capa de gobernanza supranacional que modula cualquier iniciativa estatal. Finalmente, existe un límite geopolítico más amplio considerando la intensificación de la rivalidad entre Washington y Pekín que reduce el espacio para posiciones intermedias, obligando a los actores a definirse en cuestiones críticas (tecnología, seguridad, cadenas de suministro).

Así pues, el “no” a Trump -entendido como rechazo a determinadas políticas unilaterales o belicistas- no se traduce automáticamente en un “sí” a Xi, concebido como alineamiento estratégico con China. Más bien, apunta a la búsqueda de una tercera vía, a la significación de una política exterior que, sin romper con las alianzas tradicionales, aspire a mayor autonomía, diversificación de socios y fidelidad a principios normativos como el multilateralismo y el derecho internacional. El éxito de esta apuesta dependerá de su capacidad para sostener el equilibrio entre valores e intereses en un entorno cada vez más polarizado.