Una nueva herramienta en la lucha contra la pobreza

Imagen de archivo de una persona pidiendo en la calle.

Contra el fatalismo y derrotismo que demasiadas veces nos invade, es conveniente de vez en cuando recordar los logros colectivos. Aunque lamentablemente la pandemia ha vuelto a poner en el centro de nuestras preocupaciones las dificultades económicas de los hogares más vulnerables, la forma de hablar sobre pobreza y, sobre todo, sobre cómo la combatimos, ha experimentado un monumental cambio para bien en los últimos años. Si esta columna se hubiera escrito hace un par de décadas, habría sido seguramente necesario dedicar un par de párrafos a convencer al lector de la gravedad del problema de la pobreza en España, de su naturaleza estructural, y de la necesidad de priorizarlo en nuestra agenda política. Gracias al trabajo de muchos investigadores, instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, pero también de activistas, trabajadores sociales y organizaciones no gubernamentales, hoy esos párrafos no son necesarios. El combate contra la pobreza y la exclusión social es percibido como un objetivo común que exige una decidida acción política. Así se hizo evidente el pasado 9 de junio en el Congreso de los Diputados, en el que se aprobó sin ningún voto en contra el Real Decreto-Ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), demostrando que existe un amplio consenso en torno a la idea de que la lucha colectiva contra la pobreza exige de profundos cambios en nuestras políticas públicas.

En estos años no solo hemos tomado conciencia como sociedad del problema de la pobreza. También nos han servido para saber mucho más sobre cómo combatirla de manera efectiva. Hemos aprendido, en primer lugar, que la vulnerabilidad económica extrema lleva asociada exclusión social en muchos ámbitos. Por ello, es clave garantizar unos recursos materiales mínimos a los hogares sin recursos que les permitan aprovechar las oportunidades vitales que se les presentan y puedan salir así del círculo de la pobreza. Hemos aprendido que para maximizar el impacto redistributivo de las políticas inclusivas, es importante que las prestaciones se focalicen en quienes más lo necesitan, y que su distribución tenga en cuenta las circunstancias concretas de los beneficiarios. En efecto, los hogares de bajos ingresos son muy diferentes entre sí (en su composición, en su capacidad de acceder al mercado de trabajo…). Las políticas inclusivas eficientes incorporan en su diseño las diferentes realidades y necesidades de los beneficiarios a los que atienden, y dirigen los recursos especialmente hacia aquellos que más los necesitan.  

La evidencia que hemos acumulado en los últimos años también nos muestra que la preocupación por el hecho de que los programas de rentas mínimas sean abusados por sus beneficiarios y contribuyan a la cronificación de la dependencia es en gran medida infundada. De hecho, cuando estas políticas de sostenimiento de rentas se ven acompañadas de políticas activas de inclusión, se convierten en una poderosa herramienta contra la pobreza no solo de hoy, sino también de mañana. Sabemos también que es importante que las vías por las cuales los ciudadanos acceden a estas prestaciones y los requisitos asociadas a su disfrute a veces contribuyen a la exclusión de facto de los individuos que se deberían beneficiar de ellas. Y sabemos también que la capacidad de estas políticas para corregir el problema estructural de pobreza al que se enfrentan depende de su sostenibilidad en el tiempo. En democracia, ello exige una permanente legitimación social. Por eso es tan importante que estas políticas se desplieguen por una administración sólida y transparente, capaz de gestionar la política pública de manera rigurosa y fiable, así como que la política sea evaluada de manera permanente.

Integrar todas estas enseñanzas en el diseño de una política pública no es una tarea fácil, pero ese ha sido el espíritu con el que hemos diseñado el IMV. Es una política innovadora, que se modula atendiendo a las necesidades de sus beneficiarios, y que consiste una prestación en torno a la cual se articularán un conjunto de políticas (itinerarios de inclusión) destinadas a facilitar la salida de sus beneficiarios de las diferentes formas que toma la exclusión social.

Aunque el diseño fuertemente redistributivo del IMV focalice los recursos en la atención de los más vulnerables, es una política que interpela a la sociedad en su conjunto, porque aspira a dar protección y seguridad a todos ante riesgos y vulnerabilidades futuras. Como defiende el analista del Financial Times Martin Sandbu en su último libro, nuestras sociedades necesitan acompañar las transformaciones económicas contemporáneas con nuevas políticas públicas que restauren el vínculo con la sociedad y el sistema político de aquellos individuos y colectivos negativamente afectados por estos cambios. El IMV aspira a ser una de estas políticas.

En solo unos meses desde su nacimiento, y en unas circunstancias particularmente complejas, más de 130.000 hogares ya están recibiendo mensualmente el Ingreso Mínimo Vital. En las próximas semanas y meses este número seguirá creciendo con fuerza, y a principios de 2021 evaluaremos su despliegue y funcionamiento para asegurarnos de que la política alcance a todos los beneficiarios para los que diseñó, y que cumpla su objetivo de erradicación de las formas más extremas de pobreza. 

El año que viene la lucha contra la exclusión continuará, pero gracias a esta nueva herramienta estaremos mejor equipados para enfrentarla. Trabajemos todos para hacerla lo más efectiva posible.

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Publicado el
16 de octubre de 2020 - 22:42 h

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