El régimen de autónomos y la corresponsabilidad fiscal
Un modelo de estado social se debe basar necesariamente en la corresponsabilidad fiscal. En una relación directa entre la renta que se genera, la riqueza que se posee, y lo que se aporta a los recursos comunes. Esto se canaliza a través de las políticas impositivas y del sistema de cotizaciones sociales que sustentan una buena parte de nuestro sistema de protección social (pensiones, desempleo, etc.).
En tiempos en los que el neoliberalismo ha impulsado una feroz disputa por la hegemonía en los conceptos, aforismos del tipo “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos” y la creciente demonización del “subir impuestos”, España (con una “presión fiscal” 7,4% inferior en porcentaje del PIB a la media de la zona Euro) necesita un profundo ejercicio de pedagogía y cultura fiscal.
Por ello, resultan especialmente inquietantes los términos en los que se está dando el debate sobre el régimen de cotización de los trabajadores/as autónomos, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos que recogía en su punto 5.1 el compromiso de “reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”.
La sola apelación a vincular las cotizaciones a los ingresos reales (de sentido común), deducir que esto implica una subida de cotizaciones (porque es así y hay que decirlo) y la reacción desde la derecha mediática, económica y política, ha situado a la defensiva a las fuerzas progresistas, en una lamentable ceremonia de la confusión en la que se ha llegado a afirmar que “no se subirán las cotizaciones a nadie”, cuestión contradictoria con el sistema de cotización vinculado a los ingresos reales.
Claro que hay que vincular las cotizaciones en el régimen de autónomos a sus ingresos reales. Es la única manera de mejorar su protección social. Y eso implicará mayores cotizaciones en muchos casos. Hay que hacer obligatoria la prestación por “cese de actividad” (el paro de los autónomos que hoy es de cotización voluntaria), para que realmente sea útil (hoy es marginal). Y hay que evitar que a través de la utilización perversa de la figura del trabajo autónomo se introduzca un verdadero “caballo de Troya” laboral, como en parte ya está ocurriendo y más ocurrirá si se abren las brechas de coste entre el trabajo por cuenta ajena (con un SMI que subiera a 900 euros) y el coste del trabajo autónomo si se mantiene la posibilidad de elección de base de cotización a voluntad del cotizante. Veamos datos.
Hablar de los cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como un todo homogéneo, es mucho hablar. En España hay más de 3.200.000 cotizantes en este régimen. De ellos casi un millón son “Autónomos Societarios” es decir socios de una sociedad mercantil y miembros de órganos de administración de sociedades. Más de 400 mil tienen asalariados (casi un millón)
Debe conocerse que el 87% de quienes cotizan en el RETA lo hacen por la base mínima de cotización, al margen de sus ingresos reales. Esto es así porque este régimen da la posibilidad a los afiliados de elegir la base por la que cotizan (limitada a partir de los 50 años), y la cotización por el llamado “Cese de actividad” (el paro de los autónomos), no es obligatoria. Es voluntaria.
Este sistema produce una infracotización en el RETA, lo que implica un pésimo sistema de protección social para estas personas. La base media supone el 55% del salario medio, mientras cuando hablamos del régimen general (los de la nómina) sube hasta el 90%. O dicho de otra manera, la base media de cotización del RETA viene a ser un el 58% inferior de la base media en el régimen general
¿Cuál es la consecuencia? La primera, que la pensión media de los autónomos es poco más de la mitad en relación a los y las pensionistas del régimen general. La segunda, que una ingente cantidad de recursos no cotizan a la seguridad social y contribuyen al déficit de la misma. Según nuestras estimaciones si se diera un proceso de convergencia entra ambas bases medias de cotización podríamos hablar de un incremento de ingresos de 7 mil millones, con la consiguiente mejora de protección social de trabajadoras y trabajadores autónomos.
El sistema de desempleo de autónomos al ser voluntario y de escasa cuantía (cotización del 2,2% frente al 8,3% del régimen general), hace que solo se acojan a él quienes tienen un mayor nivel de riesgo. No es útil, apenas protege a nadie y solo gasta el 10% de lo recaudado. Los sistemas de protección y aseguramiento colectivo, si son voluntarios, fracasan y no son equitativos.
Aunque pueda parecer lo contrario, un sistema de cotización basado en ingresos reales y con la obligatoriedad de cotizar por las contingencias señaladas, favorece a quienes menos recursos tienen. Porque quienes generan más recursos, pueden permitirse este sistema de elección de base y contingencias, que les cubre escasamente, es cierto, pero que complementan (porque generan muchos más recursos de los que declaran) con activos o sistemas de protección privado como todo el mundo sabe, aunque por un misterioso concepto de la corrección política ante el paradigma del emprendimiento, casi nadie dice.
Y por último, produce especial desazón en el debate público esta especie de apología por la infracotización. Elección de bases de cotización, voluntariedad en las contingencias que se cotizan… no hay que ser muy perspicaz para ver que desde determinadas posiciones se está defendiendo un modelo de mercantilización de las relaciones laborales.
En CCOO, estamos manteniendo una importante ofensiva de acción sindical para denunciar la utilización perversa de la figura del trabajo autónomo a través de falsas cooperativas de trabajo asociado. Empresas de sectores avícolas o cárnicos las utilizan instrumentalmente para externalizar riesgos, rebajando costes que influyen en bajos salarios y escasas cotizaciones. No de forma marginal. Hablamos de sectores con 90.000 puestos de trabajo de los que 15 mil corresponden a supuestos cooperativistas. Nuestra actuación ha regularizado una parte de esta situación, además de derivar sanciones de más de 200 millones de euros.
El Gobierno y el resto de grupos políticos debe abordar esta cuestión sin demora. Nos parece estupendo que se cuente con las asociaciones de autónomos, con un par de matices. Estas asociaciones no tienen una posición única. La más beligerante contra la corresponsabilidad fiscal en el RETA, cuenta con el favor mediático y de la derecha política que la ha convertido en star system del momento. Pero no hay ningún sistema de medición objetivo de la representatividad de estas asociaciones como sí cuentan las organizaciones sindicales en los procesos de elecciones.
Segundo, esta cuestión debe abordarse en el ámbito del diálogo social. Porque afecta directamente al sistema de seguridad social y porque afecta directamente al sistema de relaciones laborales. Ahí estará CCOO con posiciones coherentes, discutibles como todo, pero desde luego diciendo lo que hay que decir aunque nos quedemos solos con los de Tudela… (localidad donde hemos convocado una huelga precisamente porque una de las empresas cárnicas denunciadas se niega a incorporar a sus “falsos cooperativistas” como trabajadores por cuenta ajena).
