Sobran las razones

Hay huelgas que necesitan explicarse y otras cuyas razones están a la vista de cualquiera. La que hemos acordado convocar junto a CCOO pertenece a las segundas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad: el precio de compra subió un 12,2% en el último año, según el INE, y encadena más de doce años de incrementos, mientras los alquileres hace tiempo que dejaron de guardar una relación razonable con los salarios.

Nada de esto ha ocurrido por accidente. Es consecuencia de una especulación desmesurada, de la falta de controles públicos eficaces y de la ausencia de una verdadera política de vivienda en buena parte de las comunidades autónomas. Algunas lo fían prácticamente todo al mercado; otras se mantienen en abierta rebeldía frente a los instrumentos de la ley de vivienda que podrían contribuir a rebajar la tensión sobre un bien que no es un lujo ni una mercancía cualquiera, sino una necesidad básica.

El malestar social que estamos viendo es la consecuencia. Acampadas, concentraciones y grandes manifestaciones se suceden en más de cincuenta ciudades. No son episodios aislados, sino la evidencia de un problema profundo al que durante demasiado tiempo no se le ha prestado la atención que merece.

Convocar esta huelga significa escuchar a toda esa gente. A quien trabaja en un supermercado o en una tienda y destina más de la mitad de su sueldo al alquiler. A quien, después de aprobar una oposición, debe renunciar a la plaza que ha ganado porque su salario no le permite encontrar una vivienda digna. Ocurre en las Islas Baleares, donde el propio delegado del Gobierno ha reconocido que el precio de la vivienda está expulsando a funcionarios y existen servicios públicos con graves dificultades para cubrir sus plantillas.

No es una huelga contra ningún partido político. Es una huelga contra la inacción de quienes, teniendo responsabilidades de gobierno en cualquiera de las administraciones, han preferido no actuar; contra quienes permiten que los fondos buitre campen a sus anchas y toleran que algunos se enriquezcan especulando con un bien esencial. Que cada cual recuerde dónde ha estado cuando se ha intentado intervenir para frenar esa especulación: cuando se reforzó por real decreto-ley la protección de los inquilinos, se limitaron las actualizaciones extraordinarias de los alquileres, se protegió frente al desahucio a las familias vulnerables o se han adoptado medidas para evitar que la vivienda sea tratada únicamente como un activo especulativo.

Pero esta es también una huelga contra la insuficiencia de los salarios. La inflación está desbocada: los precios aumentaron en septiembre un 4,9%, la tasa más elevada de los últimos tres años. Los salarios no avanzan al mismo ritmo y pierden capacidad adquisitiva. Comprar una vivienda se convierte así en una quimera y pagar un alquiler absorbe una parte insoportable de unos ingresos que alcanzan para menos.

Todo ello sucede mientras los beneficios empresariales continúan creciendo. El Observatorio de Márgenes Empresariales, elaborado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria, sitúa el margen sobre ventas en el 12,8%, más de dos puntos por encima de la media registrada entre 2009 y 2021. En el sector inmobiliario alcanza el 31,1 %, el nivel más alto de la serie. Margen para mejorar los salarios existe; lo que falta es voluntad de repartir de manera más justa la riqueza que genera el trabajo.

Pese a ello, las organizaciones empresariales siguen tratando con desdén nuestra propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Queremos hablar de salarios, naturalmente, pero también de aquello que esos salarios permiten pagar. Por eso hemos planteado incorporar una cláusula vinculada a la vivienda. La negociación colectiva no puede permanecer ajena a uno de los problemas que más condiciona la vida de las personas trabajadoras.

Estamos, en definitiva, ante una crisis que afecta directamente a nuestras condiciones de vida: cuando se trabajan horas extraordinarias que no se pagan; cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades más elementales; y cuando disponer de un techo obliga a dedicar una parte insoportable de los ingresos familiares.

Nuestras reivindicaciones son claras: garantizar el derecho a un techo mediante un parque público suficiente y permanente, limitar los alquileres allí donde sus precios se han vuelto inasumibles, aplicar de forma efectiva la ley de vivienda en todo el territorio y asegurar que los salarios crezcan por encima de los precios.

Porque la crisis residencial y la de los salarios son ya dos caras del mismo problema. De poco sirve proclamar el derecho a una vivienda digna si acceder a un hogar resulta imposible para quien vive de un sueldo. Corresponde a los gobiernos poner límites allí donde el mercado ha demostrado que no sabe ponerlos por sí solo, y a la negociación colectiva asegurar que una parte justa de la riqueza que genera el trabajo vuelva a quienes la producen. Para eso vamos a la huelga. Sobran las razones.