La trampa del plan de alquileres de Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en la presentación del nuevo Plan Integral de Alquiler Municipal

Hace unas semanas, el gobierno de Almeida anunció a bombo y platillo la puesta en marcha del Plan Integral de Alquiler Municipal. Este plan contó con el respaldo de los representantes de todos los grupos municipales en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) pero escondía una trampa que dejaba fuera a quienes más necesitan de las instituciones públicas, la cual no detectamos en un inicio pero posteriormente hemos logrado, en parte, subsanar. Vamos a analizarlo detenidamente.

En principio, se trata de un plan orientado a ampliar la oferta de vivienda de alquiler asequible en la ciudad de Madrid que se estructura en cuatro líneas o programas de actuación.

El primero pasa por continuar la promoción directa de vivienda pública por parte del Ayuntamiento. En este sentido, la actual corporación sigue la hoja de ruta fijada por el gobierno anterior, que, tras sanear la empresa pública de vivienda, puso en marcha la construcción de casi cuatro mil nuevas viviendas para ampliar el exiguo parque residencial del Ayuntamiento. Evidentemente, el objetivo era muy ambicioso y, pese a que a lo largo del mandato se iniciaron muchos de estos proyectos, la mayoría no llegaron a concluir, quedándose en distintas fases de redacción, licitación o ejecución de las obras. Lo que ha hecho el gobierno actual, acertadamente a nuestro juicio, ha sido proseguir la construcción de estas viviendas con el fin de ponerlas a disposición de personas y familias vulnerables en régimen de alquiler social. 

Se trata de un significativo avance de la derecha madrileña si tenemos en cuenta que su política de vivienda ha consistido, tradicionalmente, en promover para vender en momentos de bonanza económica, y renunciar a la promoción pública para dedicarse exclusivamente a la venta del patrimonio público cuando llegaba una crisis.

El segundo programa, conocido como SIA, también da continuidad al iniciado en la etapa de Manuela Carmena bajo las siglas ALMA, que consiste en que el Ayuntamiento ofrece, a través de la EMVS, un servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos para proporcionar seguridad y garantías a ambas partes y fomentar así el arrendamiento entre particulares.

El tercero, al que han denominado "conFIANZA Joven", está muy asociado al anterior y consiste en adelantar el pago de la correspondiente fianza a todos los menores de 35 años que accedan a una vivienda en alquiler mediante el sistema de intermediación del Ayuntamiento.

Hasta aquí, el actual gobierno no se aparta de las medidas impulsadas por sus antecesores en lo que al fomento del alquiler se refiere, pero el Plan Integral de Alquiler sí plantea un programa novedoso, al que han bautizado "ReVIVA" y tiene como objetivo fundamental movilizar viviendas que o bien están vacías o bien se dedicaban al alquiler turístico. La administración se propone captar tales viviendas para destinarlas al alquiler no estacional y ampliar así la escasa oferta existente en nuestra ciudad. Lo que se pretende es que los propietarios cedan sus casas a la EMVS durante un mínimo de cuatro años para que esta las adecúe (asumiendo el propietario el coste de los arreglos necesarios) y se las ofrezca a inquilinos a un precio que nunca puede superar el 30% de sus ingresos (brutos mensuales), el umbral que establece Naciones Unidas para que el coste de la vivienda no desequilibre en exceso la economía familiar. 

Como se puede observar, la finalidad de este programa es difícilmente discutible desde un punto de vista progresista. Movilizar vivienda vacía y VUTs, ampliando con ello la oferta de alquiler estable y dejando en manos de la administración la gestión de los arrendamientos. Aparentemente, nada que objetar. 

Sin embargo, el conflicto surge al entrar en la letra pequeña. El ejecutivo de Almeida, en un exceso de celo, sitúa el umbral de acceso a las viviendas de este programa en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que impedía que personas y familias con ingresos inferiores a 28.198 euros brutos anuales, pudieran ser beneficiarios del programa. 

Bien es verdad que el Reviva nunca ha estado dirigido a sectores con una capacidad adquisitiva baja o muy baja, para quienes la EMVS tiene otras ayudas y líneas de actuación. Tanto por la cantidad de viviendas que pretende captar (unas 400 en tres años) como por el precio medio de las mismas, el programa se orienta a inquilinos solventes que aseguren que nos será la administración quien finalmente tenga que asumir el pago de la totalidad o gran parte de las rentas. Pero siendo esto así, tampoco tenía sentido establecer un umbral tan elevado que impida el acceso a personas o familias que, sin llegar a disponer de tres veces el IPREM, dispongan de recursos suficientes para hacer frente al alquiler sin tener que destinar más del 30%de sus ingresos a dicho pago.

Por ilustrarlo con un ejemplo concreto, un inquilino cuyos ingresos brutos se sitúen en torno a los dos mil euros -bastante por debajo de 3IPREM- puede acceder a una vivienda cuyo alquiler no supere los seiscientos cincuenta euros al mes. Y no es descabellado pensar que la EMVS vaya a captar viviendas vacías o que se dedicaban al alquiler turístico que puedan rondar esos precios.

Era inadmisible, por tanto, excluir a quienes conforman precisamente el nicho natural de un programa de estas características. Personas y familias cuyos ingresos superan los requeridos para ser adjudicatarios de vivienda pública pero que tienen dificultades para acceder al mercado privado del alquiler en una ciudad como Madrid. Por ello, y para evitar que queden fuera del Reviva, hemos propuesto sustituir el umbral (arbitrario) de las 3 veces el IPREM por una condición (objetiva) como es acreditar la solvencia necesaria para pagar la cuota de arrendamiento sin que esta supere el 30% de los ingresos familiares. De esta manera, incrementamos la cantidad de beneficiarios potenciales y, sobre todo, posibilitamos la entrada de personas que necesitan la ayuda de la administración para acceder a un alquiler estable y asequible. Esta propuesta ya ha sido incorporada al programa. 

Sin embargo, incomprensiblemente, el gobierno de Almeida se ha negado a bajar el importe mínimo de arrendamiento de 450 a 350 euros, lo cual disminuye significativamente el beneficio que supone la rebaja del umbral a 3 veces el IPREM, pues al reducir el tope inferior aumentaríamos las opciones de que esas rentas puedan acceder a la ayuda. Del mismo modo, tampoco han aceptado limitar el bono vivienda hasta las 5,5 veces el IPREM, en lugar de las 7,5 previstas actualmente, una medida que permitiría dirigir los recursos públicos a quienes verdaderamente los necesitan, que en el caso de este programa son aquellos solicitantes que se encuentran entre las 3 y las 5.5 veces el IPREM.

Pese a que no es nuestro programa, las fuerzas progresistas del Ayuntamiento de Madrid hemos vuelto a demostrar que estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad desde una incuestionable lealtad institucional. En este caso en un tema tan crucial como es la vivienda. Sin embargo, ante la polémica generada nos corresponde también hacer un ejercicio de autocrítica. Este plan no debería haber sido aprobado hasta corregir las disfunciones que PP y Ciudadanos pretendían pasar por alto. Y más teniendo en cuenta que estos partidos se han parapetado en nuestro voto favorable para no asumir su responsabilidad y reconocer los errores cometidos. 

Probablemente, ningún otro alcalde de Madrid ha tenido una oposición como la que disfruta Almeida y seguramente a ningún otro se le hubiera ocurrido dilapidar con tanta ligereza semejante privilegio. Por eso, y llegados a este punto, debemos hacer una reflexión. Almeida no merece más votos de confianza. Se le ha acabado el crédito. Incumple los pactos, utiliza su posición para atacar al gobierno de España y antepone los intereses de Ayuso a los de los madrileños. La perversa utilización que ha hecho del plan de alquiler nos obliga a decir que hasta aquí hemos llegado. Es momento de reconducir el rumbo y construir una alternativa creíble y atractiva al tándem de la derecha con la ultraderecha. 2023 está cada vez más cerca y esta ciudad merece un gobierno mejor. Un gobierno de progreso.

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25 de febrero de 2021 - 06:00 h

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