Y, además, legalizan a los proxenetas
Hasta la semana pasada nadie había descubierto que el nuevo Código Penal de Gallardón ocultaba más sorpresas. Una, muy desagradable, consistente en alterar la redacción de los artículos en los que se penaba el proxenetismo y la explotación sexual para darles una redacción en la que, de facto, los burdeles de lujo y los grandes empresarios del sexo quedarían exonerados penalmente al hacer desaparecer de ellos el concepto de “explotación sexual”.
Lo iban a colar de rondón. De hecho esta transformación del actual artículo 188 del CP en un nuevo 187 con una redacción diferente, no estaba incluida en el anteproyecto que se remitió al CGPJ y al Consejo de Estado para su preceptivo informe. Por lo tanto, nadie se ha pronunciado sobre la idoneidad de un cambio que ha hecho saltar las alarmas en las asociaciones de defensa de las mujeres y en el Parlamento. De hecho, la diputada socialista Ángeles Álvarez preguntará este miércoles en la sesión de control al Gobierno por qué el Gobierno pretende legalizar el proxenetismo de esta manera.
La redacción actual de este tipo penal incluye las penas de 2 a 4 años de prisión para “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma”. Y, atención, señores críticos de mi artículo anterior, que aquí ni siquiera estamos hablando de libertad sexual o no de la prostituta sino de quien se lucra de ella.
La redacción que intenta colar Gallardón le pone condiciones a esta prohibición absoluta de explotar sexualmente a otra persona. Y así dice que tendrá prisión “el que se lucre de la prostitución ejercida por una persona aún con el consentimiento de la misma” cuando “este se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otro recurso alternativo, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución” y cuando “se impongan para su ejercicio condiciones gravosas o desproporcionadas o abusivas”. Es decir, propone que si no se dan estas nebulosas condiciones, y ambas a la vez puesto que no incluye una disyunción, el proxenetismo pasa a despenalizarse.
Como se ve, la palabra explotación ha desaparecido del nuevo artículo.
Retirar la explotación sexual del Código Penal supone cargarse toda la jurisprudencia que el Tribunal Supremo había creado en torno a este concepto para dejar abierta la interpretación de unos nuevos términos totalmente abiertos y dificilmente objetivables. Es decir, dejando la vía abierta a considerar que ciertos supuestos de proxenetismo pasen a estar admitidos.
Determinar si una mujer tiene una alternativa real o aceptable a ser prostituta nos plantea un concepto difuso e interpretable en el que sólo con que el tribunal estime que la mujer pudo tener otra opción estaría exonerando al proxeneta. Hasta ahora podíamos haber tenido discusiones sobre la libertad de las prostitutas, sobre si eran tratadas o no, pero sobre los chulos, explotadores y proxenetas no habíamos tenido ninguna. Pues ya ven.
La otra cuestión que se plantea al hablar de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas” es que desaparece el concepto de explotación sexual y se baraja una especie de concepto de explotación laboral. Sólo que mientras que es fácil objetivar cuántas horas puede conducir el chófer de un autobús sin poner en riesgo a los pasajeros, o cuántos kilos puede cargar un estibador, no se qué tipo de tribunal va a objetivar cuántas penetraciones son proporcionales o a partir de qué número de felaciones estaríamos entrando en un caso de carga abusiva.
El caso es que de rondón se intenta abrir una puerta para facilitar y normalizar la actividad de los grandes empresarios –¡qué novedad!– esta vez del sexo. Ni siquiera los que se me echan encima por abolicionista creo que piensen que en aras de la supuesta libertad sexual de las prostitutas pueda concederse impunidad a los que hacen de la prostitución ajena su medio de vida.
Esperemos a ver la respuesta del Gobierno a este nuevo misil submarino. Esperemos que el nuevo Código Penal no esconda otros en los que nadie haya reparado aún. Esperemos que en la tramitación parlamentaria el Partido Popular sea sensato y se autoenmiende o admita enmiendas para que la represión del proxenetismo continúe estando como estaba.
Esperemos, pero de momento nos la iban a colar.
