Alea jacta est: ya sabemos lo que significa el 155
El constituyente español de 1978 no sabía qué es lo que quería la sociedad española respecto de la estructura del Estado y no tenía, en consecuencia, un punto de referencia sólido con base en el cual dar respuesta a este problema en el texto constitucional.
Sí sabía, sin embargo, lo que la sociedad no quería y lo que, por tanto, él no podía querer: el Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la Democracia española. En España, Democracia y Estado Unitario no son compatibles. La evidencia empírica de la que disponemos es indiscutible. Ahí está la experiencia protodemocrática del Sexenio Revolucionario en el XIX y la de la Segunda República en el XX. En los dos únicos momentos en los que la sociedad española ha tenido un cierto protagonismo para definir la fórmula de su convivencia, el Estado unitario ha quedado descartado. Lo mismo ocurrió en los últimos años de la dictadura del General Franco. En los programas de todas las plataformas de los partidos políticos de la Transición, la descentralización política figuraba como una exigencia insoslayable.
Democracia y descentralización política no pueden no ir juntas en España. Sin democracia no hay descentralización política y a la inversa.
El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco son las dos opciones políticas a través de las cuales se expresa esa vinculación indisoluble. Sin ellas, dicha vinculación no habría llegado a constituirse. Sin ellas, dicha vinculación no puede mantenerse. Los nacionalismos catalán y vasco son elementos indispensables de la Constitución material de la España democrática. No puede haber democracia sin su presencia y participación activa en el sistema político.
Los nacionalismos catalán y vasco no pueden competir con el nacionalismo español desde la perspectiva del poder constituyente por razones puramente demográficas, pero la existencia de dichos nacionalismos no permite que el pueblo catalán y el pueblo vasco puedan diluirse en el pueblo español, como lo hacen el pueblo andaluz, castellano-manchego, aragonés etc. No hay poder constituyente catalán o vasco competitivo con el poder constituyente español. Pero el sistema político español no puede desconocer la presencia de los nacionalismos catalán y vasco como elementos singulares e imprescindibles de su configuración como un sistema democrático. Los nacionalismos catalán y vasco son señales identificadoras de la democracia española.
Esto, aunque sin saberlo en los términos en que acabo de expresarlo, la sociedad española lo ha ido interiorizando. Lo hemos visto de manera continuada con la Constitución de 1978. El sistema político española desde 1977 hasta 2011 ha consistido en un enfrentamiento entre las dos grandes opciones de gobierno de España, la de centro-derecha (UCD y PP), y la de centro izquierda (PSOE), arbitrado periódicamente por los nacionalismos catalán y vasco. El PP ha protestado con mucha virulencia cuando el resultado del arbitraje no le favorecía, pero la sociedad española en su conjunto ha aceptado siempre el arbitraje y lo ha considerado legítimo. La democracia española ha podido operar de una manera estable durante más de treinta años gracias a los nacionalismos catalán y vasco. Sin ellos, el sistema político hubiera sido incapaz de encontrar primero y de mantener después un punto de equilibrio.
El PP no lo ha entendido así. Creo que nunca lo ha entendido así. Pero en todo caso no lo ha entendido así desde que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2005. Desde ese momento inició un ataque frontal contra la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ha acabado destruyendo la fórmula de integración de la nacionalidad catalana en el Estado español prevista en la Constitución de 1978.
El recurso al artículo 155 CE es la constatación de esta destrucción. La Cataluña que se expresó a través de la reforma del Estatuto de Autonomía no tiene cabida en la Constitución de 1978 en la interpretación que el PP hace de la Constitución, que, desgraciadamente fue hecha suya por el TC en la STC 31/2010.
La suspensión de la autonomía de Cataluña y la consiguiente exclusión del nacionalismo catalán del sistema político destruye el equilibrio con base en el cual se construyó y se ha desarrollado el Estado de las Autonomías.
