Amedrenta que algo queda

Si el sentido democrático y de justicia no lo remedia, esta próxima semana veremos desfilar a doce periodistas por un juzgado imputados por un delito que es imposible que hayan cometido. El delito sí se ha consumado: las informaciones de un sumario declarado expresamente secreto llegaron al público cuando sólo deberían haber sido conocidas por el fiscal y el juez. Estos tenían deber de guardar ese secreto y no lo han conseguido, pero quienes van a sentarse en el banquillo para declarar van a ser los periodistas.

La cuestión ha pasado relativamente desapercibida y puede que aún ahora ustedes piensen que les voy a hablar de nuestro ombligo, de nuestras cosas, y que esto no va para nada con los ciudadanos que tantos problemas tienen ya acumulados sobre sus espaldas. Nada más lejano de la realidad. Tengo que confesarles que esto poco tiene que ver con los periodistas y mucho con la intención de usarlos como chivo expiatorio y de amedrentarlos para futuras ocasiones, haciendo uso y abuso de poder, cuestionando derechos constitucionales del núcleo más duro y pasando de puntillas sobre la responsabilidad real sobre las filtraciones.

No les hago perder tiempo. Muchos medios publicaron en días pasados fragmentos del sumario sobre los CDR detenidos en Catalunya que ha sido declarado secreto por el juez García Castellón. Cuando un procedimiento se declara expresamente secreto sólo tienen acceso a él el juez y el fiscal y, según toda la jurisprudencia existente, son las autoridades que tienen deber de secreto las que tienen obligación de protegerlo y guardarlo y son reos del delito de revelación si este se produce. Esta cuestión es pacífica en nuestro país. Aún así, las partes del sumario se publicaron y, eso no lo dudo, produjeron indefensión en las defensas de los acusados que vieron cómo se hablaba de explosivos, de anotaciones, de reuniones secretas, sin que ellos pudieran saber nada de lo instruido ni pudieran defenderse de ello. El secreto decretado tiene una finalidad y debe ser respetado. Es pues muy lógico que los abogados defensores denunciaran esta violación del secreto y que ésta deba investigarse.

Lo que no tiene ninguna lógica es que el juez instructor de Plaza de Castilla, al que le envió la papeleta García Castellón, cuyo secreto ha sido violado, decida él solo consigo mismo considerar posibles responsables del delito a los periodistas e imputarlos en una causa penal sin encomendarse a nadie ni pedir siquiera informe al ministerio fiscal.

Los compañeros imputados, por hacerles llegar la información a sus públicos, no han podido cometer el delito bajo ningún concepto. La propia Fiscalía se lo ha hecho saber al juez del Instrucción 41 de Madrid en el recurso del auto de imputación.

¿A qué viene esto? ¿Qué pretende un instructor que sabe que los únicos que han podido cometer el delito son los llamados por ley a guardar el secreto, los únicos que tenían que saber, o sea, jueces, fiscales y guardias civiles?

Los periodistas imputados no solo no pudieron cometer el delito sino que tienen derecho protegido constitucionalmente a no decirle al juez quién les dio la información y, por tanto, quien lo cometió. Ni una pregunta a quienes tuvieron acceso al procedimiento. Ni una reflexión sobre por qué no se implementan sistemas de marcado de las copias y soportes informáticos para poder seguir el rastro de los filtradores.

Aún no sabemos quién es la “magistrada amiga” de la Audiencia Nacional que dio el chivatazo de las escuchas de Lezo. “Al momento presente no ha sido posible averiguar la identidad de la 'magistrada amiga de la casa' que reveló que el investigado Ignacio González estaba siendo objeto de escuchas telefónicas dentro de un proceso penal seguido en la Audiencia Nacional”, precisaba el auto de archivo. Y de eso nunca más se supo.

Nunca sabremos cosa tan grave ni conoceremos a los autores reales de las filtraciones que debieron proteger pero, eso sí, tendremos periodistas imputados o les arrebataremos los teléfonos de forma manifiestamente ilegal. En el banquillo está el juez Florit en Palma por el atropello cometido contra dos periodistas. Al menos en este caso, tan flagrante, la cosa no se ha quedado en nada pero ya saben ustedes que a Peinado nada le pasará por pasarse por el banquillo un rato a unos informadores a los que sabe que no puede colgarles el delito que investiga.

Aquí nadie va a mirar que autoridad, del rango que sea, consideró que le interesaba que se supiera que los CDR estaban probando artefactos, justo cuando se acababan de convocar las elecciones generales. Aquí, pueden estar seguros, va a quedar impune la revelación de secretos como sucede una y otra vez, sólo que en esta ocasión el juez Peinado, que quiere ir a hacerse famoso a la Audiencia Nacional, aunque no lo consigue, va a dejarles claro a todos los periodistas y a todos los medios, que él tiene la sartén por el mango y que, al final, el disgusto y el susto te lo puedes llevar.

Aquí nadie ha puesto el grito en el cielo, en este caso porque al propio García Castellón sus superiores le tirarán por tierra los autos en los que envió a prisión a estos individuos, por haber vulnerado sus derechos al no informarles de los elementos esenciales de las actuaciones. Esos elementos que se filtraron por quién tenía deber de guardarlos.

Pero los periodistas están imputados porque lo que no vamos a ver es cómo se investiga si jueces, fiscales, guardias o funcionarios cometieron, ellos sí, un delito de revelación de secretos.

Así nosotros escarmentamos y los de casa se van de rositas.

Amedrenta, que algo queda.