La que se avecina

En las élites de cada país no hay nadie que no proclame que su causa no es la causa de Dios o la causa de la libertad o la del progreso

Stefan Zweig

Es imposible imaginar un camino llano y rápido hacia la aprobación de la ley de amnistía; un camino silente, sin polémicas, un camino asegurado o blindado. La que se avecina es una resistencia abierta y sorda, burda y sutil, absurda y fundada. Me llenó de ternura la ingenuidad de Turull cuando señalaba el otro día que el PSOE les había prometido que la amnistía estaba “blindada” y que a los jueces no les quedaba otra que aplicarla porque, de no hacerlo, estarían prevaricando. Prevaricar es un delito y, si no me equivoco, los delitos los investigan, enjuician, sentencian y ejecutan los propios jueces. Así de blindada está la cosa, si uno lo mira bien. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ya nos dejó su parecer en un acuerdo esta misma semana: “El ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad”. ¿Queda claro? Siempre. Con un par. 

El hecho de que la ley de amnistía tenga enfrente a buena parte de la sociedad –ya les dije que yo no soy expresamente contraria a ella sino a la forma de llegar a ella– y que la falta de habilidad, o la mala leche, hayan llevado a escribir en un documento político entre dos partidos parlamentarios el siguiente texto: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta con la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, si procede, puedan comportar acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, han conseguido apretar las filas de los mecanismos del Estado contra el proyecto. 

Las comisiones, a las que dicen se refiere el confuso texto, ya fueron el viernes formalmente solicitadas en el Congreso por Junts y el PNV. No hablo de cloacas, hablo del Estado que funciona más allá de los gobiernos por la acción de los altos funcionarios que lo vertebran, la práctica totalidad de los cuales ha emitido comunicados contrarios. Tales mecanismos son imprescindibles para que la propia ley de amnistía avance. La que se avecina es una resistencia a la que muchas de las cabezas mejor amuebladas de este país van a dedicar tiempo y esfuerzo. Ni el texto legal mejor elaborado puede asegurar que no ha dejado ni un solo cabo suelto y, como poco, mientras se busca ese cabo se acabará tejiendo una enrevesada madeja que conseguirá siquiera tiempo. El tiempo puede cambiar las cosas, dar vuelcos, y dejar sin efecto lo que parecía irreversible. Lo saben. 

Habrá quien argumente que se trata de élites franquistas irredentas, pero eso es propaganda y de la simplista. No van a hacer sino lo que hasta ahora han hecho, muchas veces a petición de la Razón de Estado que todos los gobiernos han esgrimido en alguna ocasión, que es buscar todos los resquicios, resortes, matices que entre los jirones de la legislación de todo tipo –constitucional, penal, administrativa, la que se les ocurra– permitan poner pegas o trabas o tumbar la iniciativa de amnistía registrada durante la tramitación, tras su aprobación, en su implementación y en sus resultados. 

En ese proceso ineludible –me parece infantil que haya quien crea que castigar a Bolaños a la cartera de Justicia va a cambiar este panorama– habrá iniciativas inteligentes y también burdas y surrealistas; unas serán muy evidentes y otras delicadas; algunas fantasiosas y otras reales. La más real de todas la argumentaba el otro día Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional, cuando afirmaba: “La amnistía es viable si tiene un fundamento constitucional esto es, facilitar la convivencia ciudadana. Si el motivo de la amnistía es conseguir los votos para gobernar sería arbitraria e inconstitucional”. Por mucho que se haya argumentado en el texto el interés general, a nadie se le escapa la realidad y, por tanto, la posibilidad de alegar el segundo de los motivos. 

Luego tenemos los intentos ya conocidos, además de las querellas locas de Vox que pretendían parar la investidura. Ese mismo partido ha presentado en el Senado –con mayoría del PP– una moción para que se debata la petición de ilegalización de Junts y ERC amparada en la Ley de Partidos Políticos. No va a caer el PP en la locura de usar su mayoría para aceptarla, pero, si sucediera, ¿a dónde iríamos a parar? Al Gobierno y a la Fiscalía que nunca la dejarían llegar a la Sala del 61, en el cabreado Tribunal Supremo. Y así. 

El archicolega de Manuel Marchena Nicolás González-Cuéllar ya ha lanzado la especie de que presentarán una querella contra el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, “si finalmente su informe técnico jurídico es conforme a la calificación de la Mesa, positivo a la norma y su posterior debate parlamentario”. A pesar de que a priori los informes están excluidos de ese delito, al no ser resoluciones, es difícil pensar que, si Adolfo Prego está detrás, el planteamiento sea ese, tan sencillo de tirar. 

No conviene echarlo todo a humo de pajas. También la construcción de la rebelión era loca, pero muy loca, y no sólo fue aplaudida por las masas sino que fue sostenida hasta la deliberación de la sentencia contra los políticos independentistas. ¿Saben cuánto tiempo pasó? Dos años. Construir una madeja judicial y jurídica, hasta administrativa, a base de abrir diversas vías, admisiones, recursos, cruces de procedimientos, es perfectamente posible porque la ley sólo los ciega, o los intenta cegar, para la propia ley pero no para vías alternativas o paralelas que seguro que surgen. Hay muchos juzgados y admitir a trámite es sencillo. También se discutirá eso que todo el mundo ha dado por hecho, que las cuestiones de constitucionalidad no serán suspensivas porque así lo dice la nueva ley. Esa misma inclusión de una orden que choca con la LOTC podría en sí mismo dar lugar a sus propias cuestiones de constitucionalidad. 

La emisión de comunicados –algunos instigados por el propio Movimiento 24.2 del supercolega de Marchena, uno de los principales humillados por la amnistía– no es baladí en el sentido de que le concede a los actuantes la seguridad de que no sólo no están solos sino que están amparados por la mayor parte de la estructura legal y administrativa. Por refrescarles: el CGPJ, salas de gobierno del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias, jueces decanos, todas las asociaciones de jueces y fiscales, abogados del Estado, técnicos comerciales del Estado, Laj's, letrados de la Seguridad Social, procuradores, notarios, diplomáticos, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, interventores y auditores del Estado, cuerpos superiores de la Administración del Estado y Local, decenas de colegios de Abogados incluido el de Madrid el más grande de Europa, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, asociaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales.

Es ingenuo pensar que una aprobación y una aplicación exprés dejará resuelto el tema y listo para ser olvidado antes de las europeas. Es imposible que unos redactores tan limitados –porque no podían meter a muchos si querían secreto– hayan tapado todas las grietas posibles que se van a poner a revisar la gran mayoría de los juristas del país. La que se avecina no va a ser un paseo.