Bankia puede cambiar el mapa electoral

La cifra final de la aportación del Estado que requiere la recién nacionalizada Bankia puede lograr lo que la oposición ha sido incapaz de conseguir hasta ahora: variar el mapa electoral en España. Según aseguró el sábado el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, la cantidad que pedirán al Estado superará los 19.000 millones de euros. Bankia había recibido cerca de 73.000 millones de euros en ayudas públicas de difícil recuperación: hay avales del Tesoro, dispensados desde 2008 a las cajas hoy fusionadas, por 28.500 millones. Hay créditos blandos del BCE, al 1%, por 40.000 millones (15.000 en diciembre y 25.000 en febrero). Hay una suscripción de 4.465 millones en preferentes, remuneradas al 8%, por el FROB-I: ahora, como pide José Ignacio Goirigolzarri y se concedió de antemano.

Cuando las cifras previstas por el Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos, estimaban las nuevas ayudas que requeriría la entidad entre 7.000 y 10.000 millones de euros, la cifra final alcanzaba los 83.000 millones de euros, lo que suponía unos 1.700 euros por español, unas ocho veces el recorte previsto por el Gobierno en educación y sanidad. Ahora resulta que como mínimo Bankia requerirá 20.000 millones, más del doble de lo previsto por el equipo de De Guindos, con lo que la cifra final de ayudas públicas se acercará más a los 2.000 euros por español. El agujero resulta difícil de concebir. Los que aún recuerdan la equivalencia en pesetas, las ayudas públicas que consumirá la entidad a fondo perdido se acercan a los 15 billones de pesetas, unas 333.000 per cápita.

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¿De dónde va a sacar el Gobierno el dinero? De Guindos y sus hombres barajan varias posibilidades, pero fundamentalmente dos, inyectar el capital requerido directamente en forma de deuda pública y pedir ayuda al Banco Central Europeo, gobernado con mano de hierro por un hombre de Goldman Sachs y de Angela Merkel, Mario Draghi, poco dado a apoyar la deuda de los países o de las entidades financieras. Aunque el capital inyectado por el Estado llegue a Bankia en forma de deuda pública, es decir, de bonos a 10 años del Reino de España, vencerán en su plazo, y, mientras tanto, el Tesoro español deberá remunerarlos a cerca del 7%, teniendo en cuenta la cotización de la deuda en los mercados, la temida prima de riesgo, que no deja de acercarse peligrosamente a los 500 puntos respecto al bono alemán a 10 años.

El escenario europeo empieza a cambiar: la irrupción de Hollande como presidente francés y las encuestas que no descartan una derrota de Merkel en las próximas elecciones alemanas podrían alentar un relajamiento en las políticas de déficit impuestas por el Directorio europeo y permitir a los países ciertas políticas de estímulos al crecimiento. Rajoy, que hace tan sólo seis meses afirmaba que “nunca pondría un duro de dinero público” en Bankia, no tiene más remedio que cumplir a rajatabla las directrices comunitarias, uno de los escasos compromisos electorales que ha venido cumpliendo de forma estricta.

Y la pregunta es ¿con qué dinero va a estimular la economía? Ya ha recortado las prestaciones del Estado del bienestar hasta límites insostenibles. Desde luego no será él el que tome la decisión de abandonar el euro para volver a la peseta. En ese escenario, los economistas más optimistas vaticinan cerca de 10 años de crecimiento negativo del PIB español, lo que traducido a términos simples, supone una larga y profunda depresión. Cifras que pueden aumentar si Grecia finalmente decide abandonar el euro: un 2% adicional el primer año y algo menos del 1% el segundo. Un contexto que deja al Gobierno de Rajoy sin margen de maniobra ante un eventual y probable rescate o intervención de la Unión Europea. Es evidente que el presidente, ante tales circunstancias, puede decidir quitarse de en medio y dejar que las decisiones y las responsabilidades recaigan sobre otros.

Máxime a causa de la indignación popular por la ausencia de búsqueda de responsabilidades por el desastre de Bankia. Ni la entidad ni la Fiscalía parecen dispuestos a depurar esas responsabilidades. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, que recabe todas las causas de las diferentes delegaciones abiertas contra responsables de cajas de ahorros intervenidas en diferentes comunidades autónomas para agurparlas en una sola. Eso incluye a la CAM, a Caixa Penedès, Caixa Catalunya, Caja Castilla La Mancha... Pero curiosamente, tanto Salinas como Torres-Dulce han dejado claro que Bankia no está incluida en el paquete. El presidente de la entidad, Goirigolzarri, dejó claro el sábado, cuando compareció para anunciar las ayudas que requeriría Bankia al Ejecutivo: “No he venido a depurar responsabilidades”.

Habrá que esperar a que alguno de los cerca de 400.000 pequeños inversores atraídos con maniobras torticeras a la OPV de Bakia se decida a querellarse contra los anteriores presidentes de Caja Madrid y del nuevo banco, Miguel Ángel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, para ver cómo la Audiencia Nacional abre diligencias.

Para colmo de males, los problemas del sector financiero no se acaban en Bankia. Presidentes autonómicos como Artur Mas, de Cataluña, o Alberto Núñez Feijóo, de Galicia, ya han trasladado a Rajoy que exigen el mismo trato para CatalunyaCaixa y para Nova Caixagalicia que ha recibido la entidad ahora presidida por Goirigolzarri. Y el Gobierno parece estar de acuerdo. La única duda ahora es si las tres entidades se fusionarán en un solo banco malo o seguirán siendo tres peores.

Sea cual sea la situación, el futuro político de Artur Mas también puede pasar a corto plazo por las urnas. Ante el nuevo escenario, visto que la deuda de Cataluña está calificada por una agencia como Moody's como bono basura, y que el Gobierno ni accederá al pacto fiscal ni entregará a la Generalitat los 294 millones que se comprometió a satisfacer para empezar a cumplir las disposiciones adicionales del nuevo Estatut vigente, sólo le queda la posibilidad de pedir la intervención de la autonomía, algo que no hará sin pasar antes por las urnas, previsiblemente la próxima primavera.