Blanca, Carmen y la amnistía

De Blanca Espinosa no se habló en ningún discurso de toma de posesión. Ni de ella ni de tantos otros españoles que son invisibles en tertulias y editoriales que llevan semanas dando vueltas a la bronca política por la amnistía, mesas de negociación y protestas que en algunos casos retrotraen a una España en blanco y negro a la que por suerte se le ha conseguido parar los pies en las urnas. 

En las televisiones están instaladas en el dale que dale a si el Estado de Derecho está garantizado en este país (cuando lo que ha pasado es que se ha constituido un Gobierno), pero Blanca tiene otras urgencias. Lo mismo que Carmen Fernández, de 28 años y con dos hijos, de dos y seis, a los que este miércoles han desahuciado de su piso de Carabanchel. Ambas forman parte de esos ciudadanos a los que hemos situado ‘en los márgenes’, como magníficamente retrató el título de la película dirigida por Juan Diego Botto con guion de la compañera Olga Rodríguez. 

En España se ejecutan 174 desahucios cada día y esa realidad debería estar en el centro, sobre todo cada vez que se habla de la vivienda o se debate sobre igualdad (a no ser que se quiera pervertir el concepto como ya se ha hecho con el de libertad). Se llama justicia social, esa que Isabel Díaz Ayuso califica de “invento de la izquierda” y Javier Milei tilda de “aberración”. 

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Barcelona, la ciudad en la que Blanca vive, cuenta con más de 800.000 pisos. De estos, uno de cada 10 están vacíos. Se consideran viviendas vacías aquellas que no son la habitual de nadie ni se usan de forma estacional, periódica o esporádica. La Ley de Vivienda, que fue de las últimas de aprobarse en la pasada legislatura cuando debería haber sido de las primeras, da la opción a los ayuntamientos de subir el IBI a estos pisos para conseguir que sus propietarios se avengan a alquilarlos.

Sumen a ese dato que el precio del metro cuadrado en una ciudad como Barcelona es de 4.150 €/m2. En un año ha subido un 2,1%. En Madrid la cosa no está mejor. El precio es de 4.064 €/m2, y el incremento aún ha sido superior puesto que se ha encarecido de media en un 3,1%. 

El nuevo Gobierno tendrá un ministerio de Vivienda. Bienvenido sea. La primera intervención de su titular, Isabel Rodríguez, asegurando que también defenderá a los pequeños propietarios, especialmente a los que han dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda residencia, como si estos ciudadanos estuviesen siendo víctimas de algún tipo de agravio, no parece el mejor estreno. 

El problema es el acceso a la primera vivienda por la falta de un parque público en condiciones así como la especulación que existe en este mercado. Catalunya tiene 100.000 pisos desviados en el mercado turístico. En la última década, ha multiplicado por 20 sus licencias de uso turístico.

Pedro Sánchez prometió en campaña impulsar 184.000 nuevas viviendas públicas para destinarlas a alquileres sociales y asequibles. Desde 2008, el porcentaje de españoles de entre 30 y 44 años con vivienda en propiedad ha caído 17 puntos. Otro dato: dos de cada tres euros de deuda que tienen los hogares que se encuentran entre el 40% que menos renta tienen van a las hipotecas.  

En muchas ciudades el alquiler no es una alternativa por la falta de oferta y los precios (en Barcelona se ha batido ya el récord y está de media en los 1.077 euros al mes). Catalunya es la única comunidad autónoma que pide ya topar los alquileres con la Ley de Vivienda. La Generalitat lleva meses esperando una respuesta del Gobierno central y es de suponer que ahora, con un ministerio dedicado solo a esta área, debería desbloquearse pronto. Solo es de suponer porque está demostrado que cuando se trata de políticas de vivienda, el PSOE es más de prometer que de hacer porque en su propósito de cuadrar el círculo entre el derecho a la vivienda y la protección del rentista ha pecado de un exceso de inmovilismo. Veremos si esta legislatura demuestra lo contrario. 

Blanca ha tenido más suerte que Carmen, si es que se puede resumir así teniendo en cuenta que la anciana barcelonesa ha estado más de seis horas esperando a saber si la echaban o no. Seis horas de protesta en la calle, llamadas y gestiones, entre ellas la oferta del pianista James Rhodes para pagar, al precio que exige la propietaria, el alquiler de Blanca durante dos años. De momento su desalojo se ha parado hasta el 11 de diciembre. Se ha ganado tiempo para convencer a la propietaria del piso (de este y de otros), que lo que quiere es alquilarlo a ‘precio de mercado’, que rebaje su codicia y deje que su inquilina cumpla con su único deseo: morirse en la que ha sido su casa durante 55 años.