Bolaños tendrá una estación de metro
Hay que simplificar las cosas tanto como sea posible, pero no más
Un magistrado al que conocí explicaba siempre que la Justicia es como un paquebote pesado y de fea línea. Un paquebote que avanza lento, echando humo, al que le cuesta variar el rumbo y que parece a punto de zozobrar pero que siempre, siempre, tozudamente y contra todo pronóstico, acaba por arribar a puerto. Creo que llevaba razón, al menos hasta esta pasada semana en la que el recién estrenado ministro del ramo ha subido a bordo y ha pegado un golpe de timón con el que o la travesía cambia el rumbo o el buque se hunde definitivamente. Por eso auguro que Félix Bolaños acabará como Alonso Martínez, en un pedestal y con su propia estación de metro. Tal volantazo lo merece si no resulta fallido.
No alcanzo a entender cómo la reforma más importante y revolucionaria de la Justicia desde hace al menos 150 años ha pasado sin pena ni gloria, sin exhibición periodística, sin alharacas de los juristas que a buen seguro están de vacaciones. Sí, la reforma más bestia de la Justicia de este país –no sólo de ella, pero me voy a ceñir– está en vigor y se produjo mediante un decreto monstruoso que se publicó en el BOE el día 21 de diciembre, justo al filo de que todos salieran escopeteados a por el turrón. El RD 6/2023 presenta una revolución sin parangón que debería haberse aprobado mediante leyes orgánicas y que, por cuestiones que paso a explicar, se ha publicado casi a la chita callando.
No les miento. Desde la semana pasada la forma preferente de actuación judicial es telemática –“los actos de juicio, vistas, comparecencias y en general todas las actuaciones procesales (...) se realizarán mediante presencia telemática”–. ¿Qué chulo, no? Ahora vemos los problemas que pueden derivarse de una puesta patas arriba del sistema en la que se consagra el principio del metadato –pasando de la “orientación documento a la orientación dato”– en un texto tan prolijo que merece ser revisado por cientos de ojos palabra a palabra. Lo cierto es que el Gobierno esperaba convalidar el decreto ley a mediados de enero y que será la presión de alguno de sus socios debido a ciertos contenidos –en concreto Junts y puede que pronto el PNV– lo que le va a obligar a transformarlo en proposición de ley en la que quepan enmiendas. Y hay que hacerlas. El texto referido a Justicia, que se llevaba gestando desde tiempos del ministro Campo como tres leyes orgánicas diferentes, ha tenido que ser expurgado y embutido en el decreto porque los anteproyectos decayeron con la convocatoria de elecciones y dicen que si no se legislaban algunas cuestiones antes del 31 de diciembre se perdían 11.000 millones europeos.
Los millones están bien y si gran parte de ellos va a la Justicia, mejor, porque es una vergüenza la carencia de medios y la dejación en la que está. Miren que no discuto que haya que modernizar la Justicia del siglo XXI, lo que digo es que el texto en vigor suscita algunas dudas y deja en el aire principios tan básicos del procedimiento como son la inmediación –la posibilidad del juez de acceder directamente a la prueba para valorar– y el principio de publicidad entre otros. ¿Cómo va a ser público un juicio en el que todos los participantes entran por un sistema de videoconferencia? Hasta ahora cuando se grita en el pasillo “¡audiencia pública!” es efectiva la posibilidad de todo ciudadano que pase por allí de entrar y ver y oír cómo se hace justicia. Usted mismo podría hoy mismo irse a asistir a juicios a cualquier tribunal del país. Otra cosa es que no lo haga, pero podría. La Justicia no se hace a escondidas, se hace ante el pueblo. ¿Cómo va a funcionar eso en una “sala de vistas virtual”? ¿Van a darse por streaming todos los puñeteros juicios de todos los órdenes sometidos a principio de publicidad todos los puñeteros días del año? Es sólo un ejemplo de lo complejo de la reforma, porque de esto vamos a tener que hablar días y días. Y ojo, periodistas, con el acceso a la grabación, porque no está claro que se pueda seguir haciendo como ahora pero sí que está prohibido grabar estas sesiones virtuales y que reproducirlas sin permiso judicial puede acarrear multas de 180 a 60.000 euros.
Todo esto, los metadatos y para qué se usen, los “sistemas de intercambio masivo de información”, los puntos audiovisuales de acceso seguro –las propias comisarías, que ya me gustaría saber cómo se pretende que unos policías caigan en contradicciones declarando todos juntos desde su edificio–, todo esto y mucho más, decía, queda a lo que disponga un órgano misterioso de nuevo cuño denominado Comité Técnico Estatutario de la Administración de Justicia, formado por asociaciones profesionales, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones empresariales y “otros que se determinen” pero no el CGPJ, por lo visto. Aparecen además nuevos registros de datos y de apoderamientos y otras cuestiones a los que tendrá acceso la Administración.
¿Cómo todo esto ha pasado sin abrir las portadas de los periódicos? Insisto en que también se regulan cuestiones referentes a funcionarios, mecenazgo, administración local y otras muchas cosas. El decretazo es una tetralogía, o sea que tiene cuatro libros y la Justicia sólo ocupa uno. ¿De verdad podemos pensar que un cambio tan sustancial, tan brutal, tan decisivo no precisa de un verdadero debate parlamentario y social, de un estudio pormenorizado de las implicaciones posibles de cada punto de la norma? En cuanto los leguleyos vuelvan de vacaciones y empiecen a leer despacio vamos a saber más cosas que deben ser pulidas, al tiempo.
Es obvio que hay que avanzar pero hay que hacerlo sin tropiezos. La cantidad de cambios, alteraciones de leyes, nuevas fórmulas que contiene es tan enorme que es imposible que esté bien del todo, por mucho que se haya trabajado en el Ministerio preparándolo. Nos va mucho en este salto al siglo XXI de una justicia casi decimonónica aunque nos interesa no rompernos la crisma al darlo. Porque la crisma, en este caso, son los derechos del justiciable, la seguridad de nuestros datos, el secreto inherente a los procedimientos y para eso, para eso al menos tenemos que saber qué pretenden que haga la inteligencia artificial con los famosos metadatos. El decreto lleva demasiados “y otros”, relaciones y cláusulas abiertas, que no quiero pensar quién puede en el futuro acabar rellenando.
Así que sí, es muy probable que el actual ministro se haya reservado el privilegio de ser el gran revolucionario de la Justicia y que, como Alonso Martínez, acabe pasando a la historia como un visionario. Eso no empece para que las cosas se hagan bien, para que el Congreso debata lo que primero debe ser entendido. Una estación de metro no se consigue a hurtadillas sino con la grandeza del que somete a la consideración de los representantes del pueblo y del propio pueblo ese futuro rutilante que ha diseñado.
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