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El verdadero jaque al Estado

El presunto narco Fikri Amellah en el momento de su detención en 2021

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Yo ya no puedo más, me han metido en un ataúd y no me han matado

Roberto Saviano

Un comando provisto de armamento pesado asaltó el martes un furgón blindado de transporte penitenciario en un peaje de autopista en Francia: dos agentes resultaron asesinados por los cómplices del preso que logró evadirse dejando además otros tres heridos. Francia está conmovida por el suceso. La osadía de las bandas de narcos alcanza cada vez cotas más altas. No se someten al sistema y lo violentan sin importarles lo más mínimo la forma ni el resultado. Mohamed Amra, “La Mouche” se largó con sus compinches dejando un rastro de sangre y estupefacción detrás. Estaba encarcelado por tres delitos y tenía que responder aún por otros dos violentos y sórdidos homicidios y es que además de narco se cree que es el responsable de una organización de sicarios. Ese “negocio” le relaciona con una rocambolesca tentativa de asesinato de un francés en Puerto Banús: provisto de un fusil automático y cubierto por un casco y un pañuelo negro disparó en varias ocasiones en pleno puerto deportivo, milagrosamente no hubo víctimas. Tanto él como su cómplice huyeron en un BMW que se encontró incendiado al noroeste de Marbella, junto a un bosque en el que prendieron las llamas. 

¿Y si el crimen organizado fuera aún más peligroso para las democracias que la ultraderecha? En los últimos meses los episodios de peligrosos mafiosos que se escapan entre los dedos de la Justicia española se reproducen. Esta misma semana Fikri Amellah, considerado socio directo de los narcos gallegos para el gran tráfico de coca y haschis, se largó tras haber sido dejado en libertad con fianza de 400.000 euros en Cádiz y de que el Juzgado Central 6, el de García Castellón, hiciera caso omiso a la petición fiscal de volverlo a ingresar en prisión al considerar “su fuerte arraigo en España”. Adiós, se fue. No tuvo más que pagar 400.000€, calderilla para el mayor capo de la coca del sur de Europa; cuando le detuvieron le incautaron un millón de euros solo en su piso. 

A este caso se suma el de Karim Bouyakhrichan, el holandés de la Mocro Maffia, que por solo 50.000 euros y con la ayuda de la “descoordinación” entre la Audiencia de Málaga y la Audiencia Nacional se dio el piro. La inspección del CGPJ tiene abierto un expediente para investigar sobre el tema. En octubre de 2022 un juzgado de Benidorm dejaba en libertad a todos los detenidos en el mayor golpe contra la mafia rusa por  el “olvido” a la hora de establecer la prórroga de la instrucción (¿Error, amenazas o corrupción judicial?). No me consta que se haya llevado a cabo una investigación interna ni en el Consejo ni en la Fiscalía Anticorrupción que olvidó pedirla.

Hay un chorreo de casos que nos demuestran que bien por negligencia, bien por falta de adecuación del sistema o bien por corrupción, los miembros de las grandes multinacionales del crimen se sustraen a la acción de la justicia. Imposible pensar en “casualidades” reiteradas o fruto de “errores” insalvables pero constantes. Es más razonable pensar que si el poder económico siempre ha intentado situarse por encima del bien y del mal, el poder económico más fuerte actualmente, el de la gran industria del crimen, está decidido a hacer lo propio. Para ello están dispuestos a matar, como hemos visto también en Barbate. Resulta muy sorprendente el poco eco nacional que tienen los tiroteos que se suceden en la costa y los ajustes de cuentas y la actuación de las redes de sicarios en nuestro país. No son hechos aislados. Repasar la hemeroteca de los diarios locales asusta.

Suecia y Holanda han sido profundamente socavadas por la acción de las mafias. No nos tomemos a broma que la única solución que se le ocurriera al jefe del Estado holandés antes sus amenazas fuera recluir a su hija y después esconderla en España. Los expertos consideran que tanto Rusia como Hungría son autocracias gobernadas bajo el influjo de clanes mafiosos enriquecidos con el crimen transnacional. En todos los casos el denominador común es el intento de poner en jaque al estado democrático que lucha con armas desfasadas y pocos medios contra imperios criminales dotados con todo lo que el dinero y la falta absoluta de escrúpulos puede proporcionar. En España absolutamente todas las mafias conocidas tienen actividad en la costa sur y mediterránea y en grandes capitales como Madrid y Barcelona pero también en Gijón. La tarea de permear un territorio es lenta pero constante. Llegaron hace décadas para descansar de sus fechorías y ahora las dirigen y las cometen desde nuestro territorio nacional. En Barbate vimos con qué resultados y con que endebles medios los combatimos. 

Tanta reforma que se anuncia por el afán de control de unos u otros no alcanza nunca a centrarse en uno de los mayores riesgos que corre el país. El día que tengamos zonas españolas en las que no impere el Estado de Derecho sino la ley de las mafías seremos definitivamente un estado fallido. A veces hasta boicoteamos los intentos de mejora en este campo. Cuando siendo Dolores Delgado fiscal general intentó mover alguna ficha para mejorar la lucha contra el narco en el sur, nombrando a Javier Zaragoza fiscal especial, al que nadie le discute ser una de las mayores autoridades en materia de narcotráfico, los celos corporativos amagaron con recurrir su nombramiento por cuestiones formales. Zaragoza, que estaba dispuesto a bregar con los narcos pero no a verse cuestionado, rechazó el nombramiento voluntariamente. En aquel momento se mantuvieron varias reuniones para intentar mejorar la respuesta policial y judicial lanzando una especie de Operación Nécora 2 contra los capos y para eso se había pensado en Zaragoza. La Audiencia Nacional rechazó también hacerse cargo de las grandes causas de narcotráfico, supongo que porque son un coñazo, muy difíciles y trabajosas y resultan menos lucidas que imputar por terrorismo a diestro y siniestro para ganar simpatías políticas. 

El riesgo lo ven también los propios jueces. Ideas como la centralización en la AN ha sido secundada por asociaciones judiciales como la Francisco de Vitoria que tras los sucesos de Barbate alertó sobre la posibilidad de quiebra del Estado de Derecho en algunas zonas de nuestro país. Denunciaron la falta de medios, la saturación de procedimientos en los juzgados no preparados y “el ambiente opresivo” que sufren en esas zonas jueces y fiscales: el miedo para traducirlo al roman paladino. Llegaron a equiparar la función de la AN en este caso con la que tuvo con ETA y con la amenaza que sufrían los jueces sobre el terreno. La propuesta incluía un plus salarial para los destinados en Campo de Gibraltar, Costa del Sol y otros puntos candentes, parecido al plus de peligrosidad que se cobraba en el País Vasco. Y es que la mala remuneración y el miedo son caldo de cultivo para la corrupción. 

Han caído los guardias de Barbate en un episodio de máxima violencia pero vendrán otros y seguirá el chorreo de “errores judiciales”. Verán que no les he contado nada de pactos ni elecciones. Ojalá tanto cálculo y tanta estrategia sirvieran algún día para acometer los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. El día que gobiernen las mafias dará igual a quién votamos o bien los pondrán ellos. Ese es el verdadero jaque al Estado al que se arriesgan la mayor parte de las democracias occidentales, pero sigamos entretenidos con el juego de la política mientras ellos crecen, se rearman y campan a sus anchas y amenazan de verdad la unidad de nuestro país situando áreas completas fuera de la ley.

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