Una campaña puñetera
"Ningún trabajo honesto es fácil"
Cronistas de la sucia y enlodada campaña electoral que se ha vivido en Madrid han tenido muchos. De los embates, los enfrentamientos, las estupideces y los golpes bajos que se han jugado en los medios o en los mítines o en los buzones de Correos, puede que estén hasta saturados. Menos hincapié se ha hecho en la soterrada lucha electoral que tiene como escenario los juzgados y algunas togas, la campaña puñetera, la del partido que se juega por algunos con ventaja, la que nos descubre que no es todo tan imparcial como parece y que el lawfare, la guerra jurídica, no ha faltado tampoco a la cita en estos comicios de la caña y la caspa.
Cada procedimiento es un mundo, y así debería ser, pero hace falta ser muy acémila para no descubrir cómo los pliegues y vericuetos de las togas se ondulan de forma ostensible hacia el mismo lado y cómo existe una batalla precisa, continuada y coreografiada que siempre hace caer la venda de la Justicia del mismo ojo. Algo que, y es muy preocupante, ni siquiera procede siempre de esos jueces de nombramiento político, de esos que buscan hacer carrera, de los que tanto hablamos. Cada vez más, una judicatura más conservadora y más derechizada va descubriéndose como una realidad sociológica que impide que el campo de juego político esté tan limpio y sea tan neutro como sería necesario en una democracia.
Tengamos, en primer lugar, el juez de instrucción que encuentra necesario citar en abril a alguien que debe declarar a mediados de julio. ¡Qué previsor!, me dirán. No hay tal. Son muchos años de oír entre jueces que durante una campaña electoral no se hacía ningún movimiento procesal que no fuera urgente que afectara a los partidos en lid, para bien o para mal. Una norma no escrita de neutralidad política que saltó por los aires como tantas cosas. Así el juez Escribano, en Plaza de Castilla, el 27 de abril no puede aguantarse más y decide incoar unas diligencias previas a instancias de Vox y de una “asociación de abogados”, próxima al Partido Popular, que muy preocupados ambos por las pérdidas dinerarias de Podemos acusan de apropiación indebida nada menos que a una ministra del Gobierno, de ese partido, y a una de sus asesoras. El magistrado, en un despliegue de calado jurídico, fundamenta su decisión en derecho en ocho líneas de un modelo y ordena ponerlo en conocimiento del fiscal, a ver qué dice porque aún no ha dicho, y remitirlo a la Comisaría del Congreso para que se lo hagan llegar a la diputada Irene Montero, contra la que no puede actuar. Entiéndanlo, la cuestión es super urgente y no puede esperar una semana a que se haya terminado la campaña y realizado la votación. Es que está el juez que se acuerda encima. Es que una denuncia interpuesta por un partido que es contrincante directo de aquellos a los que la dirige, en la que no se conoce el criterio del fiscal, sobre un relato que “presenta características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, que no puede haber ni menos esfuerzo de valoración jurídica ni menos seguridad –presenta, presumir, posible– no puede esperar a que se acabe la campaña. A fin de cuentas, ¿de qué serviría su difusión apresurada entonces? Un asunto que acabará en nada. Un asunto que solo ha existido para ir abriendo portadas. Al tiempo.
La misma prisa que ha tenido la magistrada Aguirre de la Cuesta para sobreseer la denuncia interpuesta por el PSOE y por la Fiscalía de Madrid por los infames carteles racistas instalados por Vox en el Metro. Aquí lo que urgía era lavar esa inmundicia antes de las votaciones. Una vez que la magistrada Rodríguez-Medel –sí, la de la imputación del delegado Franco por las manifestaciones del 8M– negó las cautelares para retirar un anuncio que ensucia la campaña, y una vez que la Junta Electoral se lavó las manos y dijo que había prejudicialidad penal y que ya dirían ellos, ¿qué prisa había? El cártel de la infamia tenía su recorrido asegurado hasta la jornada electoral. En un auto que ha sido recurrido por la propia Fiscalía, nos dice la diligente juez de Plaza de Castilla que ese texto deleznable que pretende mover a la opinión pública contra unos menores desprotegidos, por su origen y su raza, “constituye el desarrollo, la forma de expresión en la campaña de la política de inmigración de Vox así como su política sobre el delito de usurpación”, que es libertad de expresión, sin que le importe a la juez que, como ella misma nos cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que “para que exista discurso del odio no es necesario que se incite a la violencia, basta con que se incite al odio a cierta parte de la población” o que el Constitucional, ella sigue citando, considere que no es necesario “que se genere una situación concreta de peligro pero sí una aptitud que pueda llevar a la generación de algún tipo de violencia”. Pero que a ella le da igual, que en campaña hay que ser más laxos porque están los partidos contando sus programas, aunque estos sean contrarios a las doctrinas de los más altos tribunales. No resulta demagógico comparar esta manga de toga ancha con el hecho de que se condenara y se expulsara de su cargo a un político catalán –que no participaba en la campaña– por negarse a retirar una pancarta.
Y es que es una constante. Ayer mismo anunció el Partido Popular que va a interponer una denuncia contra el presidente del CIS por malversación de caudales públicos “por hacer trabajo de campo de encuestas que no puede publicar”. Una cuestión absurda que no podían esperar a contarnos a que estuviera interpuesta porque la campaña se acaba. Todo depende de encontrar un juez de instrucción dispuesto a jugar un rato al ratón y el gato, y visto lo visto no les será difícil. Al final, cuando la cosa se ponga fea y roce la prevaricación, con dejarla caer basta y al juez no le pasará rien de rien. ¿De verdad creen que no hay quien hace estas cosas? No me sean. Les puedo dar un listado. Después, cuando todo acabe en los desvanes del archivo, basta con no darle mucho espacio a la noticia. ¿De verdad creen que no hay quien hace estas cosas? No me sean.
Alabemos, en cambio, la neutralidad judicial que ha llevado a que, habiendo procedimientos en marcha, juicios en plena celebración, por la corrupción del Partido Popular y hasta sobre algunos de sus cargos en Madrid, no haya habido ni un solo movimiento procesal en ese campo que haya venido a enturbiar la campaña y a complicársela a la derecha. Así se hacen las cosas, señorías, pero con todos, no solo con aquellos que queremos que sean mano cuando damos las cartas.
Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos.
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