Catalunya: legalismo autoritario y desobediencia civil
En estos días, el Gobierno de Rajoy se ha propuesto hacer purgas en Catalunya de forma absolutamente desmedida y, claramente, fuera de todo marco legal y constitucional. Su idea es suspender la autonomía de Catalunya sin recurrir al nefasto 155 para no tener que someterse a la supervisión del Senado, ni definir, ni explicar nada. El descontrol del Partido “constitucionalista” es tan escandaloso que muchos sueñan ya con la aplicación de lo que hace poco era considerado una auténtica pesadilla. Las fuerzas de ocupación parecen prestas a tomar el territorio por asalto y a colocar a algún almirante al mando (un imaginario que no nos conviene reforzar), y todo esto sucede frente a los ojos perplejos y estupefactos de las cámaras parlamentarias del Estado.
En la refriega, se está criminalizando sin matices cualquier variante de movilización, se han clausurado espacios municipales en los que se iba a hablar del derecho a decidir, se han prohibido actos, concentraciones y disertaciones, se han perseguido y sancionado puras intenciones y se ha hecho un uso tan extravagante y arbitrario de la “apología del delito” y de la “sedición” que ya nadie puede sentirse seguro.
Y no estoy hablando ahora de una declaración unilateral de independencia, ni de la convocatoria de un referéndum sobre cuya constitucionalidad puede discutirse. Ni siquiera hablo de la legalidad o no de los actos orientados a organizarlo, ni de los supuestamente insurreccionales, que podrían ser legítimos en estas circunstancias; no hablo tampoco de lo que pudiera significar que las instituciones catalanas se comprometieran con tales actos. Me refiero a una cuestión mucho más simple. Me refiero al modo en que el ejercicio de unos derechos trabajosamente adquiridos por la ciudadanía puede convertirse, paradójicamente, en un acto de desobediencia civil gracias a la intervención abusiva de una Gobierno formalmente democrático.
Cuando el poder instituido ejerce la violencia recortando y suspendiendo derechos reconocidos, resistir a estos desmanes ejerciéndolos sin más, es una condición de supervivencia de la propia convivencia democrática. Porque cuando el PP recorta derechos fundamentales como los de opinión, comunicación, reunión y manifestación, convierte el “problema catalán” en algo más que en una disputa sobre el referéndum.
El Gobierno y sus cómplices llevan años ya lanzando una dura ofensiva contra los devaneos subversivos del pueblo catalán, y lo han hecho invocando el mismo orden jurídico que vulneran continuamente, ninguneado al parlamento, despreciando a las minorías, pervirtiendo irreversiblemente al Tribunal Constitucional y aprovechando tal perversión para imponer normas represivas de apariencia aceptable. Ahora se apresuran, además, a enjuiciar por sedición a un sinfín de cargos electos, con la inestimable ayuda de un Fiscal General del Estado más propio de un régimen autoritario en descomposición, que de un sistema democrático europeo.
Está claro que en la lógica del Gobierno, cualquier resistencia pacífica a la violencia sistémica ha de considerarse violencia criminal, como se ha de criminalizar también cualquier forma no convencional de expresión de la voluntad política. No hay nada entre la persona de orden que vota cada cuatro años, se reúne con autorización, se manifiesta en actitud festiva y a golpe de batucada, y los presuntos delincuentes que salen a las calles desordenadamente, sin permiso del Gobierno, aunque sea de forma pacífica y para defender sus derechos frente a manifiestos abusos del poder. O eres un hombre de bien y te quedas en tu casa, o eres un alborotador digno de la temible ira del Estado.
En el mundo feliz del Partido Popular no puede haber oposición alguna entre la legalidad que emana lúcida de las instituciones que ellos controlan, y la legitimidad de esas mismas instituciones, de manera que es imposible justificar la desobediencia civil o la resistencia. En este mundo feliz cualquier protesta tiene que canalizarse a través de las citas electorales que se producen puntualmente cada cierto tiempo o, en su caso, mediante un sistema judicial eficiente capitaneado por limpios e incorruptibles jueces que “pronuncian” su ley. El universo del Partido Popular es el de “la ley es la ley” y “se hace lo que haya que hacer”, mientras no haya que hacer lo contrario, así que los desobedientes son percibidos siempre como seres aislados, arrogantes y narcisistas que amenazan la seguridad nacional por motivos caprichosos.
Sin embargo, como dice Habermas, todo Estado democrático de derecho, debería entender que la desobediencia frente a una violación de derechos orquestada desde el sistema, y una vez clausurada cualquier posibilidad de acción legal, es una parte necesaria de la cultura democrática. No solo porque, a diferencia de la comisión de un delito, está moralmente fundada, sino porque apela a los fundamentos mismos del orden constitucional. Decir que un acto es ilegítimo, o que no está justificado, simplemente porque existe una norma que lo prohíbe, aun cuando esa norma viola abiertamente los principios constitucionales, es una afirmación completamente extemporánea en un sistema que, como el democrático, no funda su legitimidad en la pura legalidad. Si queremos ciudadanos conscientes y racionales para que legitimen los procesos legales con su voto, hemos de asumir que estos mismos ciudadanos sometan al poder político a un cuidadoso escrutinio y a una permanente revisión; que puedan legitimarlo o deslegitimarlo, y que desobedezcan o se resistan cuando ese poder impone por la fuerza una legalidad bruta y desnuda.
De modo que, aunque traspase los límites de lo jurídicamente establecido, una acción pacífica de protesta que se apoya en la justa defensa de derechos conquistados y garantizados constitucionalmente, no puede ser, en puridad, una acción sediciosa, porque lo que la mueve no son las creencias privadas o los intereses propios de unos cuantos individuos sino las razones moralmente compartidas que le dan sentido al mismísimo sistema democrático-constitucional.
Por supuesto, así entendida, con la desobediencia civil no se pretende derrocar o subvertir un orden constitucional basado en derechos, sino más bien resistir a su desmantelamiento institucional. Que el Gobierno ponga en marcha todo su arsenal sancionador frente a estas situaciones, es una muestra más del legalismo autoritario del que ha venido haciendo gala hasta ahora; un legalismo que corroe las bases de la propia estructura jurídica que se dice defender. En un Estado que pretenda ser legítimo y democrático, que quiera recabar para sí una adhesión ciudadana voluntaria y genuina, una movilización de estas características debería recibir un tratamiento político más refinado e inteligente de lo que este Gobierno está dispuesto a imaginar.
Lo cierto es que si algo ha quedado claro en estos días es que el mundo feliz del Partido Popular es un mundo de tintes autoritarios en el que todo se somete a la apreciación de un ejecutivo omnipotente; un mundo que nada tiene que ver con la democracia constitucional, en la que lo importante no es tanto que la ley sea la ley, cuanto que no sea nunca solo eso.
