Causa de indignidad
No son dignos de seguir siendo policías de los madrileños. El contenido del chat del turno nocturno de la Policía Municipal de Madrid desvelado por este medio podrá contener delitos de diversa índole, pero, a falta de esa investigación judicial, revela meridianamente que algunos de sus miembros vulneran el juramento de la Constitución que realizaron al tomar posesión de su cargo y los mínimos principios democráticos de respeto a los derechos humanos recogidos por la ONU. No hay excusas. Y comprobar cómo algunos sindicatos policiales intentan blanquear su actuación no solamente no ayuda a exculparlos, sino que provoca el escalofrío al extender la sospecha más allá de unas personas concretas e involucrar a una parte más amplia del colectivo. Deberían limpiarse de corporativismo para no mancharse de miseria.
El tenor literal del chat publicado, que no admite otra interpretación contextual que la que hacemos, desvela a las claras que hay miembros de la policía de Madrid que no sólo mantienen posturas xenófobas, fascistas, de apología del nazismo y de intolerancia de la libertad ideológica, sino que están dispuestos a amenazar a un compañero por enfrentarse a ellos y recordarles sus deberes como servidores públicos. Ninguna de las excusas que se están vertiendo tiene un pase. El hecho de que unos funcionarios utilicen un grupo de chat para pasarse por el forro los principios constitucionales que rigen su tarea no pueden escudarse en una supuesta intimidad violentada. Como ya dijo la Audiencia Provincial de Madrid “cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a unos contertulios, sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y las transmite, más o menos confiadamente a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico” porque “la grabación de una conversación (...) que uno de los intervinientes quiere conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado, no supone invasión de la intimidad”. Eso sin dejar de lado que el Tribunal Supremo deba finalmente pronunciarse sobre la supuesta privacidad de los chats masivos. Se está condenando a tuiteros que tienen una décima parte de los seguidores que participan en el grupo que estamos analizando, por considerar que hicieron una difusión pública.
Voluntariamente los poco honorables agentes se despojaron de sus secretos: su odio a los inmigrantes, sus simpatías con el fascismo y el nazismo, su justificación de la violencia en materia ideológica, su odio hacia aquellos que opinan distinto e, incluso, su falta de respeto absoluta hacia la decisión democrática de los ciudadanos a los que sirven. Voluntariamente los agentes nos mostraron su hipocresía y su faz más artera al proclamar que su juramento formal de la Constitución Española y sus valores, a la hora de tomar posesión de su cargo, fue una mera formalidad que no impregna en modo alguno su sentir profundo. Es difícil creer que quien piensa y se expresa de tal manera sea capaz de actuar con un exquisito respeto a los valores democráticos y constitucionales. El derecho del ciudadano a participar en la vida pública y a formar parte de la Administración no cubre la posibilidad de hacerlo vulnerando los principios básicos de la Constitución. Los poderes públicos y los funcionarios tienen un deber positivo de ejercer sus funciones de acuerdo con la Constitución y respetar la Constitución es tratarla con respeto y consideración. A ella y a los principios que la integran.
Un agente de cualquier policía debe llevar grabado a fuego en su interior que los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a cada persona y que atacar o menoscabar esa dignidad en cualquier ámbito no es aceptable para un servidor público. Como bien expresa la “Normativa y práctica de los Derechos Humanos para la Policía” de la ONU “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley RESPETARÁN y PROTEGERÁN la dignidad humana y harán respetar los derechos humanos de todas las personas”. Respetar es tener en consideración y valoración especial. Respetar está relacionado con el miramiento, la consideración, la deferencia y hasta la veneración y acatamiento que se tiene a algo o a alguien. Respetar no es decir una cosa a la sociedad cuando te lo exige para tener un trabajo y un sueldo y luego ignorarlo o vulnerarlo en los actos o en la mera expresión de la voluntad.
Es muy probable que del análisis de los mensajes se deriven responsabilidades penales por amenazas o por injurias que serán perseguidas por las personas implicadas. A pesar de ello yo insisto en que desear la muerte de alguien, en público y en privado, es un acto de pésimo gusto y una ignominia, pero no un delito. Lo creo en el caso de Carrero Blanco, de un torero o de Manuela Carmena. Pero no nos quedemos en eso o en las asquerosas y repulsivas referencias a periodistas o a políticos o a medios en los que trabajo.
Lo que no tiene discusión alguna es su falta de idoneidad para continuar siendo representantes de la ley y defensores de los principios que han pisoteado. No digo que no puedan seguir pensando lo que piensan o incluso diciéndolo a gritos. Lo que niego es que puedan hacerlo y continuar manteniendo la dignidad de valedores de la ley y la Constitución que tenían hasta ahora. Como sociedad no debemos exigir a nuestras autoridades una mera apariencia de aceptación de los principios de nuestra vida en común sino un compromiso real y leal con su defensa.
