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Dos charlatanes en apuros

Fulgencio Coll cuando fue nombrado Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME)

Antón Losada

Fulgencio Coll es un general retirado que posaba junto a Carme Chacón con ojos arrobados de gratitud cuando el gobierno Zapatero le nombraba Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Pero ahora que es concejal en Palma del partido ultraderechista Vox ha descubierto que aquel gobierno Zapatero era una amenaza para España y que Pedro Sánchez constituye una amenaza aún peor que debe ser detenida por “los poderes del Estado”.

Preguntado al respecto, Espinosa de los Monteros, el valiente y locuaz portavoz de Vox siempre que no le pregunten por los negocitos inmobiliarios de la familia, no sólo ha respaldado al general sino que, como quien imparte una lección de Derecho constitucional ante la masa inculta, nos ha indicado que sus palabras, lejos de constituir una apología del golpismo, se ajustan a la más estricta legalidad constitucional pues solo menciona lo previsto en el articulo 102 de la Carta Magna.

La izquierda se ha indignado y ha señalado al concejal de derecha extrema Fulgencio Coll como portador de un pensamiento profundamente antidemocrático. También ha pedido que aclare a quién se refiere con esos misteriosos “poderes del Estado”, aunque algo me dice que todos sabemos ya a quién o quienes tiene en mente.

Parece obvio que Fulgencio Coll, el concejal ultraderechista, se perdió el episodio de Barrio Sésamo donde se explicaba la diferencia entre dictadura y democracia. En las dictaduras, gente como el ultra Fulgencio Coll se creen con el derecho a imponernos quién y cómo debe gobernarnos porque ellos saben más que usted y yo y todos los millones de españoles que viven, trabajan duro y hacen sacrificios por su país pero no les votan. Su legitimidad viene de que ellos constituyen una élite superior y usted y yo no pasamos de purrela, estamos aquí para hacer lo que ellos nos ordenen.

En las democracias nadie tiene ese derecho porque nadie es más que nadie. Por eso votamos para elegir quién gobierna, durante un periodo de tiempo determinado sometido al imperio de la ley. Todos, también el concejal de ultraderecha Fulgencio Coll, tienen derecho a defender sus ideas y, si ganan las elecciones, a gobernar. Porque los tres millones de votantes de Vox y los millones de votantes de los demás partidos somos iguales y nuestro voto vale lo mismo y disfruta de idéntico poder: esa es la fuente de su legitimidad.

En cuanto al portavoz de ultraderecha, Espinosa de los Monteros, esperamos ansiosos a que en plena coherencia con su apabullante conocimiento constitucional, utilice sus diputados para activar la vía del articulo 102 CE que ha usado para tratar de convertir el golpismo en constitucionalismo. El articulo suena muy claro en su punto 2 y Vox puede activarlo ya mismo: “Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”. Es más, prometieron gallardamente usar las veces que hiciera falta sus más de cincuenta diputados para cosas así porque al Congreso había llegado “la resistencia”. ¿Qué clase de cobardía poco española es esa de invocar a esos misteriosos poderes del Estado cuando está en manos de Vox el parar a los traidores hoy mismo?

No hay excusa. Si tan ciertos están el concejal de boca larga y el portavoz de boca aún más larga, su camino está despejado. O caminan o solo serán otro par de charlatanes. Adelante. Si activan sus acusaciones en sede parlamentaria y pierden, porque no suman los votos necesarios, sabremos que tras sus bravuconadas solo se esconde la rabia de quién no sabe ganarse la confianza mayoritaria de la gente. Si no las activan estaremos ante otro gatillazo de Vox, el enésimo. Mucho largar y ponerse chulos delante de las cámaras, pero corren a esconderse aún más rápido cuando deben asumir en las instituciones la responsabilidad de lo que dicen y hacen.

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