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Díaz Ayuso se declara en rebeldía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

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A la vista de sus movimientos, el Gobierno de Ayuso parece empeñado en evitar el confinamiento de los barrios y municipios ricos de Madrid, aún a riesgo de seguir contribuyendo al aumento de contagios en toda la región. Solo así se explica el juego que ha seguido estos días, a modo de dónde está la bolita, con una clara prioridad: tener conflicto y ganarlo, evitando impulsar un confinamiento que le suponga impopularidad en determinados sectores, contribuyendo posiblemente a que el apoyo social a las medidas de prevención disminuya y mostrando que no quiere acatar decisiones del Gobierno central, aunque eso suponga evadir la responsabilidad de adoptar un pacto y las medidas necesarias para doblegar la curva de contagios. 

Tras diversos intentos de diálogo y negociación, el Gobierno de Sánchez ha recurrido al Consejo Interterritorial de Salud, donde las comunidades autónomas han aprobado el plan del ministerio de Sanidad que supone, entre otras cosas, el confinamiento de aquellas áreas con más de quinientos contagios por cada cien mil habitantes, lo que en la práctica implica confinar diez ciudades, todas ellas pertenecientes a la Comunidad de Madrid. El plan ha tenido los votos en contra de Galicia, Madrid, Andalucía y Catalunya, la abstención de Murcia y los votos a favor del resto, incluida Castilla y León, con gobierno de coalición PP–Ciudadanos. El Gobierno madrileño ha reaccionado afirmando que semejante decisión carece de validez jurídica y ha amenazado con incumplir la orden.

Expertos de todo signo están de acuerdo en que es preciso actuar ya para evitar que las infecciones aumenten aún más, pero los dirigentes de Madrid, la región con más casos por habitante de toda Europa, pretenden otros planes. Primero pidieron ayuda al Gobierno central, con el que compartieron rueda de prensa, después tensaron la cuerda, más tarde dijeron aceptar un preacuerdo y veinticuatro horas después, este miércoles, anunciaban que no estaban de acuerdo con el principio de acuerdo que habían aceptado. Aun así en Twitter el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, de Ciudadanos, seguía manteniendo como tuit fijado –es decir, priorizado para que sea el primero que se vea– su mensaje del día anterior: 

"Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Espero que se ratifique en el Consejo Interterritorial. El diálogo da resultado. La unidad salva vidas y empleos". 

Pero no hubo ni unidad ni abordaje conjunto. Su Gobierno, el de Madrid, no solo no ratificaba el acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, sino que votaba en contra.

Nada de esto se entiende sin ser conscientes plenamente de la naturaleza del PP madrileño, de Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez –conocido también como MAR– curtido en batallas como mano derecha de José María Aznar cuando éste era presidente del Gobierno español. Hoy en día Aznar es presidente de la Fundación FAES, que precisamente este miércoles señalaba "el valor simbólico" que tiene que "un catalán socialista" como el ministro Illa "amenace con cerrar Madrid".

Decía Oscar Wilde que no conviene discutir con un idiota porque éste te hará descender a su nivel, y en el fango los idiotas siempre tienen más experiencia. En un contexto de pandemia el Gobierno de Madrid ha planteado conflicto con el objetivo de que haya revolcón en el barro, para que desde fuera no se distinga si en medio de la confusión hay quien intenta el diálogo.

El empeño del PP madrileño por saquear lo público viene de lejos, con años de recortes, y está por encima de las exigencias científicas actuales para paliar los efectos de la COVID-19. Con sus políticas ha segregado los barrios con menos renta per cápita, dejando fuera del confinamiento las áreas más adineradas. A pesar de las evidencias, no ha contratado los rastreadores necesarios. Faltan docentes y personal sanitario. Tampoco ha fortalecido la red de metro.

Sus prioridades son otras. Siguiendo su línea de favorecer al sector privado y la especulación urbanística, este jueves pretende aprobar una reforma de la ley del suelo, sin debate ni posibilidad de enmiendas, que suprimirá buena parte de las licencias, algo que han criticado diversos ayuntamientos, asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos ecologistas y agrupaciones de la oposición política regional.

El PP de Madrid desliza entre líneas un mensaje falaz que contrapone la economía a la salud, como si fueran dos asuntos desvinculados y enfrentados. En el mundo de la diplomacia internacional es bien sabido que hay actores que solo están dispuestos a negociar con voluntad cuando el precio de no tener paz les resulta más alto que el de tenerla. He aquí la cuestión de los días de atrás: Cómo hacer entender al Gobierno de Ayuso que no habrá a medio plazo una mejora sólida de la economía madrileña si no se cuida la salud de todos. 

Ahora queda por comprobar si al Ejecutivo de Madrid, como amagó anoche, le parece más conveniente el precio de incumplir una orden ministerial que el coste de acatarla. El hecho de que su consejero de Sanidad haya acusado al Gobierno central de tener prisa por "intervenir Madrid, no por combatir el virus", empleando ese término -intervención- indica que existe en sus filas la tentación de plantear el conflicto como un problema territorial.

Los barrios del sur, mientras tanto, siguen reivindicándose. Por segundo jueves consecutivo, las áreas de Madrid afectadas por la segregación saldrán a la calle para decir "no al confinamiento de clase" y para pedir los recursos sanitarios que las autoridades madrileñas les están negando.

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Publicado el
30 de septiembre de 2020 - 23:46 h

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