Doble desconfianza

En prácticamente cualquier tipo de conflicto, pero especialmente en los de naturaleza territorial, la premisa para que pueda entablarse un diálogo con la finalidad de encontrar una salida, es que los protagonistas del diálogo tengan una autoridad indiscutiblemente reconocida dentro del campo desde el que cada uno habla. Sin esa autoridad en el interior es muy difícil, por no decir casi imposible, que se pueda dialogar. Ni siquiera iniciar el diálogo.

Es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años en el conflicto que afecta a la integración de Catalunya en el Estado. Nadie tiene una autoridad indiscutiblemente reconocida ni en el nacionalismo catalán ni en el Estado español para iniciar un diálogo con posibilidades de traducirse en un acuerdo.

La desconfianza no se produce exclusivamente entre las partes, sino también en el interior de cada una de ellas. Esa doble desconfianza conduce a la parálisis. Fue lo que desencadenó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que nadie quería. Carles Puigdemont, ante el temor fundado de ser acusado de traidor desde sus propias filas, no se atrevió a disolver el Parlament y convocar elecciones sin tener garantías previas del Presidente del Gobierno de que no activaría el artículo 155. Mariano Rajoy no podía dar esas garantías ante el temor fundado de que se produjera una rebelión en el interior del PP si lo hacía. Como consecuencia de esa doble desconfianza y la consiguiente parálisis se acabó aplicando el 155 de la peor de las maneras posibles.

Con Pedro Sánchez en la Moncloa la incomunicación entre las partes no se mantiene con la intensidad anterior, pero la doble desconfianza sigue estando presente. Hay conciencia de que no se puede no hablar, pero cada uno de los protagonistas solamente está dispuesto a hacerlo con la condición de que nadie en el espacio que representa va a levantar la voz para denunciar los términos en que se va a dialogar.

No estamos ante una parálisis plena, pero casi. De la parálisis anterior salió la aplicación del 155 con las nefastas consecuencias ya mencionadas. De esta casi parálisis, puede salir la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales al Gobierno, lo que podría conducir a la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales.

Esto es lo que parece que se quiere evitar. Y ante la imposibilidad de hacerlo mediante un diálogo directo, se ha pensado en recurrir a la figura de un tercero, llamado de manera diferente por los nacionalistas o por el Gobierno, que facilite la interlocución. La consejera Elsa Artadi ha insinuado que del acuerdo para designar esa suerte de árbitro imparcial que convoque las reuniones y de fe de lo hablado en las mismas depende la posibilidad de la aprobación de los Presupuestos.

Se trata, obviamente, de una manifestación de debilidad por ambas partes. Me imagino que especialmente dolorosa para el Presidente del Gobierno. Pero no parece que exista otra posibilidad para salir de la parálisis y sentarse a la mesa.

Tengo la impresión de que este es el primer movimiento extraño de otros muchos que vendrán a continuación. Al final del camino habrá que tomar la decisión siguiendo lo previsto en la Constitución o en los Estatutos de Autonomía para la reforma de ambas normas. Porque únicamente de esa manera se podrá definir la forma de integración de Catalunya en el Estado. Pero, puesto que el camino de la reforma está en estos momentos cerrado, habrá que ir avanzando a través de vías no jurídicamente ordenadas. No anticonstitucionales o anti estatutarias, pero no previstas ni en la Constitución ni en los Estatutos de Autonomía.

La incapacidad de la sociedad española para reformarse constitucionalmente a sí misma aparece siempre en el horizonte. La inseguridad en la manera de proceder es la consecuencia inevitable. Es lo que la invención de la figura del “relator” o “mediador” ilustra. Es posible que con ella se supere el obstáculo inmediato de la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales y se consiga dar algo más de vida a la legislatura.

Tal como está el patio, no es poco. Pero nadie puede llamarse a engaño. La integración de Catalunya en el Estado sigue estando en los mismos términos y no hay “relator” o “mediador” que pueda proporcionar una fórmula para resolverla.