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Empieza el baile para el Gobierno

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Comisión de Justicia para informar de sus proyectos. EFE/ Fernando Alvarado
6 de enero de 2024 22:16 h

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Examina qué esperanzas has suscitado: te verás no como el amo de la república sino como su servidor

Petrarca

Si Junts no cambia de opinión, o el PP sale al rescate de Sánchez, lo más probable es que esta misma semana el Gobierno se lleve su primer gran revolcón parlamentario en una cuestión de gran relevancia y de la que depende la cuarta entrega de fondos europeos, unos 10.000 millones. Es lo que tiene hacer de la necesidad virtud con demasiada frecuencia. El macro decreto ómnibus, o “macedonia”, 6/2023 aglutina todas aquellas cuestiones y reformas que se prometieron reformar mediante ley a Bruselas y que se quedaron por el camino al disolver las Cortes anticipadamente para convocar elecciones inesperadas en julio. Es decir, que las leyes no se tramitaron como tales, con sus debates parlamentarios y de opinión pública, por la decisión unilateral de Sánchez. 

Haciendo de la necesidad de recibir esa cuarta entrega de fondos virtud de nuevo, se está convirtiendo en costumbre, las mayores reformas de esas leyes fueron publicadas en el BOE como decreto ley que ahora debe ser convalidado en bloque en el Congreso y ahí es donde el cuento de la lechera va a tener problemas. Dejando a un lado los motivos concretos alegados por Junts, que luego retomaré, lo cierto es que la mezcolanza de partes de las nonatas leyes de la función pública, de la de medidas de eficiencia digital de la Justicia, de la de medidas de eficiencia procesal, de la ley de mecenazgo y otras provoca que en muchos artículos aparezcan cositas que a los heterogéneos grupos y grupúsculos de apoyo no les convencen pero que no se pueden desgajar. Al votar el decreto votas sí a todo o votas no a todo. Un texto tan prolijo, tan revolucionario y con tantas implicaciones es presentado como un pack a tragar sin agua por mor de no perder el dinero y, de paso, colar lo que se quiere sin protestas. 

Lo cierto es que Junts ya ha dicho que no piensa tragarse la píldora y que votará no y me consta que el PNV sigue estudiando el contenido pormenorizado de todas las cuestiones contenidas y hasta Bildu está repasando punto por punto las consecuencias para determinar el lunes o martes cual será su posición, porque también ven cosas que no les terminan de encajar. Lo cierto es que con que Junts vote que no, el decreto decae y deberá ser tramitado de otra forma en la que se admitan enmiendas y no se hurte el debido debate social sobre su contenido. Más allá de las cuestiones que cada uno de los grupos nacionalistas puede ver como perjudiciales para ellos - reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectaría a la amnistía, invasión de competencias, falta de concreción de cargas presupuestarias, que el ministro dice que pactará después con ellas- a mí me parece que como sociedad nos interesa que la tramitación de estos cambios de tanta relevancia se lleve a cabo con todas las garantías parlamentarias y que se enmienden aquellos puntos más conflictivos y mejorables, que son bastantes. 

Supongo que a los funcionarios públicos les gustará que se debata la cuestión de la evaluación de su desempeño para determinar su carrera o sus complementos salariales, lo digo porque cuando se tramitaba como proyecto de ley los sindicatos que los representan no terminaban de verlo claro. En términos de Justicia es muy importante que aclaremos qué significa pasar de una visión procesal “del documento a la del dato”, qué se va a hacer con esos metadatos de los procedimientos judiciales, quién y cómo los va a controlar y qué uso les darán. En el decreto todo gira en torno al propio ministerio de Justicia, mezclado ahora con Presidencia, y no olviden que el gran interés de toda la vida de Dios de los Ejecutivos ha sido saber qué se cocía en el Judicial. Saber quién tenía procedimientos, dónde, en qué estado procesal; ahora se podrá saber hasta qué abogados llevan a qué clientes, en un registro de poderes centralizado. No piensen solo en este Gobierno sino en lo que pueden hacer con esto en sus manos otros que vendrán. Estoy resumiendo porque el decreto tiene 129 artículos como les expliqué. 

Necesitamos debatir cómo se altera por decreto el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reglar la revisión de las sentencias firmes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que violan derechos fundamentales. Había que plasmarlo, pero en la fórmula elegida en el decretazo se introduce sutilmente la posibilidad de que la Abogacía del Estado pueda oponerse a la aplicación efectiva de lo decidido por el TEDH, lo cual es curioso porque es la Abogacía la que defiende a España frente a las pretensiones de los demandantes, se demanda al estado, y, por tanto, al dictarse sentencia a favor de un ciudadano su postura ya ha sido derrotada en Estrasburgo, ¿cómo es que pasa a tener voz en el proceso de revisión de la sentencia tumbada? 

Los juicios pasan a ser telemáticos por principio, excepciones recogidas aparte. En la lectura del decreto no queda claro qué va a suceder con el principio de publicidad, es decir, que los juicios estén abiertos a quien quiera acudir ni tampoco termino de ver cómo cabe en esa fórmula la cobertura periodística de los juicios. Los jueces no van a ver directamente a los testigos ni a los acusados ni a los peritos ¿es igual de fácil saber cuando te mienten por Zoom? La experiencia de la pandemia, por mucho que digan, no ha sido precisamente buena ¿De qué sirve no acudir al juzgado si tienes que acudir a un “punto seguro” para hacer una videoconferencia? ¿Qué punto más seguro que la propia sala de vistas? Veo también multas de hasta 60.000 euros para los que difundan material procedente de esas vistas y comparecencias virtuales. ¿No resulta demasiado fácil sustraer a la prensa de los juicios y negarle esa imagen que costó décadas y una demanda colectiva ante el Constitucional conseguir?

No pretendo ser exhaustiva pero como sociedad deberíamos serlo. Ahora que debatimos sobre tantas chorradas como si nos fuera la vida en ello ¿vamos a dejar de debatir sobre cuestiones tan delicadas y que tanto nos afectan por una política de hechos consumados? Esta semana vamos a ver cómo los grupos nacionalistas, con seguridad Junts, le dan el primer baño de realidad a Sánchez. Todo no puede ser a gusto de uno. No se puede hacer tacticismo y convocar elecciones y ahora exigir un sí acrítico a todo porque no pudiste tramitar las leyes que habías prometido a Europa. Diez mil millones son muy importantes pero la democracia lo es más y, desde luego, hay otras formas más parlamentarias de salvarlos. Cuando les digan que es una cosa de Puigdemont para hacerse valer, sepan que más allá de eso el decretazo contiene cuestiones que no se pueden pasar sin un debate en condiciones, lo diga el de Waterloo o no. 

El trágala y los hechos consumados no son precisamente una virtud.

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