Una Fiscalía no emérita

Resulta que la Fiscalía del Tribunal Supremo, cuya responsabilidad es la investigación y acusación de los delitos cometidos por cualquier ciudadano, envió en febrero a Suiza una comisión rogatoria solicitando información sobre Juan Carlos de Borbón, por sospechar que el rey emérito ha cometido varios delitos como comisionista internacional: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Nos acabamos de enterar. Resulta además que, solo 48 horas después, Borbón anunció entonces que había pagado a Hacienda 4,4 millones que tenía traspapelados por ahí. Y en este septiembre electrificado cabe sospechar, pues, que desde la Fiscalía le llegó al emérito el soplo rogatorio. Entre otras razones, porque su abogado pudo haber ocultado la verdad: dijo que el ciudadano huido no había recibido “requerimiento alguno”. El pago habría sido hecho motu proprio, en la línea de transparencia y honestidad que se le ha de reconocer a cualquiera que trafique, presuntamente, con armas. La primera cuestión es cómo fiscalizar a la Fiscalía.

Con esa cuestión, de naturaleza depurativa, viene la esencial: cuándo van a estar de acuerdo todas las partes del Ejecutivo en que se lleve a cabo una “investigación hasta el final” de los escándalos monárquicos, como ha pedido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se refirió Díaz a “la transparencia y la igualdad” en pleno siglo XXI, algo que se contradice con la naturaleza misma de la institución monárquica y que resulta una obviedad, aunque a la postre solo la defiendan comunistas como ella. Solo asimismo políticos como Pablo Fernández, de Podemos, tachan de lo que es, una “vergüenza”, que PSOE, PP y Vox sigan bloqueando la posibilidad de la comisión parlamentaria que los propios hechos piden a gritos. Como ha dicho Jaume Asens, todo el mundo sabe que el PSOE es un partido monárquico (algo, añado, inconcebible siendo socialista), pero no puede permitirse seguir al servicio de la Corona y no de la ciudadanía, al servicio de la democracia y no de los intereses privados de una familia que, por otra parte, no ha hecho sino actuar como siempre lo ha hecho ese tipo de familias. Ese es, precisamente, el problema que tiene el PSOE para no mover ficha: que se destape el alcance de la corrupción del emérito puede conllevar que se destape la de otros miembros del clan familiar, incluido el rey actual. Ven un problema donde hay una oportunidad: un problema para la familia Borbón, una oportunidad para el Estado español.

Es la militancia socialista, así como el resto de la sociedad española, quien debe exigir la depuración de responsabilidades. Sobre todo, aquellas personas, partidos políticos, medios de comunicación, órganos y entidades que se declaran monárquicos. Porque en esa declaración suya hay también parte de responsabilidad, si no de complicidad pura y dura: la de haber fomentado, consentido, justificado, silenciado las vergüenzas de la Corona, su corrupción sistémica. La ciudadanía republicana lleva décadas también silenciada, siendo su propuesta de organización del Estado la que más se aproxima a una democracia que pueda hoy llamarse así. No habrá democracia real mientras las bases en las que se sostiene el edificio orgánico sean injustas, desiguales, serviles, clasistas, humillantes y ridículas. Es ridículo que nos consideremos sociedad moderna y aceptemos, no ya la impunidad de la corrupción sistémica de la Corona (eso ya es el colmo de la humillación), sino su propia existencia. No hay una sola razón objetiva que avale hoy día el poder y la representación otorgados al trono, ni la más mínima razón objetiva para que el presunto trabajo que realiza un monarca no pueda, deba, ser realizado por el presidente de una república. Esa más que razonable posibilidad es la que se obvia al defender, incluso minimizando grandes delitos, la permanencia de la actual jefatura del Estado.

La Fiscalía juega en este tablero un papel fundamental. Sabe desde hace mucho, como sabemos todos, que hay 2.000 millones de más que dudosa procedencia en los bolsillos de Juan Carlos de Borbón. Y los ha dejado prescribir. O justifica su prescripción por la impunidad de la que gozaba el emérito cuando era presuntamente mérito. Una injusticia esencial que el sistema debe corregir, con la judicatura, claro está, a la cabeza. Hoy parece una quimera, incluso con rogatorias como la que ha hecho a Suiza. Porque si esa rogatoria hubiese sido de alguna manera filtrada al Borbón, la Fiscalía servirá más para proporcionarle escapatorias que para darle escarmientos, es decir, más para servirle de cómplice que para servir a la justicia, para estar al servicio de la ciudadanía. Las consideraciones que ahora sustentan esa rogatoria (los graves delitos que se sospechan) son las que debieran inspirar esta y todas las acciones de la Fiscalía sobre la corrupción monárquica. Y tirar del hilo hasta donde llegue. No sería en absoluto de extrañar que llegara a otro Borbón. De ser así, hasta ahí tendría que llegar. Y si esa posibilidad es la que frena la obligada y justa investigación, habría que poner en marcha la depuración democrática que ya tendría que haberse iniciado para que comprendamos si el Ministerio Fiscal defiende de verdad la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público y social. Para que no haya dudas de que disponemos de una Fiscalía no emérita.