La grandilocuencia en política

La política tiene especial querencia por la grandilocuencia y los mensajes ampulosos. A veces, se cree que cuanto más lapidaria y rotunda sea una expresión, mejor y más rápido logrará su objetivo. Luego, llega el tiempo o la realidad y se encargan de poner todo en su sitio haciendo que los políticos queden presos de sus categóricas palabras. El fenómeno no es endógeno. Pasa en España, en Europa y en el mundo que el orgullo optimista de los discursos se torna en decepción y deja al descubierto cierta teatralidad.

El ministro de Presidencia delimitó este jueves con absoluta claridad el marco en el que se moverá el Gobierno para convalidar en el Parlamento la reforma laboral, “el asunto más importante” que ocupa en estos días al gabinete de Pedro Sánchez. No en vano, están en juego 12.000 millones de euros de los fondos europeos condicionados a la aprobación del nuevo marco legal para las relaciones laborales y el sistema de pensiones. “La reforma laboral no es un proyecto de nadie, es del Gobierno en su conjunto y debería ser de la mayor parte de las fuerzas políticas”, dijo en referencia  a las palabras del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que el miércoles consideró este acuerdo suscrito por patronal y sindicatos como “un proyecto personalista” al servicio de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se echó ella sola encima la responsabilidad y la autoría del nuevo marco laboral.

 Al hablar de una “reforma de Estado y de país”, Bolaños ponía en valor el acuerdo con sindicatos y patronal e invitaba a todas las fuerzas políticas, “en especial al principal partido de la oposición”, a que estuvieran a la altura. El ministro no mencionó a Ciudadanos porque hubiera dejado al descubierto el plan B del Gobierno para sacar adelante la reforma en el caso de que sus habituales socios parlamentarios mantengan el “no” a la reforma y porque hubiera abierto además una nueva brecha con su socio de coalición, empeñado en aprobar el decreto con la mayoría que sustenta al Ejecutivo desde que arrancó la legislatura.

El debate está servido y es el mismo que libraron PSOE y Unidas Podemos ante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021: apoyarse en Ciudadanos o apostar por la vía habitual de independentistas catalanes, nacionalistas vascos y abertzales. Pablo Iglesias se impuso a Sánchez en aquella batalla de hace año y medio, pero  hoy no está claro que Yolanda Díaz vaya a lograr lo mismo. En el PSOE hablan sin ambages de ampliar mayorías, se niegan a tocar una coma del texto pactado con la CEOE y los sindicatos y recuerdan que la reforma no le pertenece a la ministra de Trabajo, que vendió el acuerdo como una “reforma histórica” y “un cambio de paradigma” de las relaciones laborales, pese a que ni de lejos lo firmado llegó a los compromisos adquiridos en el pacto de coalición ni a las pretensiones de Unidas Podemos.

 El Ejecutivo antepuso el diálogo social al parlamentario soslayando que en el Congreso carece de mayoría parlamentaria y que los votos necesarios para la convalidación los tienen los partidos y no los empresarios. Los socios habituales están molestos por el ninguneo mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se ha atribuido la paternidad de la reforma, está ante una complicada tesitura si al final no cuenta con el respaldo de la izquierda parlamentaria y sí con los de la derecha de Ciudadanos. Será, sí, la artífice de “un acuerdo histórico” y de  un “cambio de paradigma” que lleve el sello de la patronal, pero no con los habituales socios de legislatura y con el bloque por el que siempre apostó Unidas Podemos. Y si fuera así, le supondrá no pocas críticas, además de alguna dificultad para la construcción de su proyecto político, ya que hay una parte de la izquierda que no acaba de ver con buenos ojos la subrogación a un acuerdo con la CEOE sin haber contado de antemano con los socios de investidura.

Lo que está en juego no es tanto la reforma sino con qué tipo de apoyos contará y si Díaz está dispuesta a salvarla a cualquier precio. Si es con los votos de Arrimadas, que ya ha mostrado su disposición al sí y recibido indicaciones en ese sentido desde la patronal, no será un buen comienzo ni tampoco la mejor carta de presentación para su proyecto político. Igual lo del “pacto histórico”, el “antes y el después en el mercado laboral” y el “cambio de paradigma” pudo haberse vendido sin tanta grandilocuencia y sólo como el principio de una hoja de ruta a la que le faltan aún demasiados mimbres para la construcción de un cesto que sustituya definitivamente al que tejió el PP con la reforma laboral de 2012. En buena medida, los apoyos con los que cuente el Gobierno en el Parlamento para la convalidación determinarán que la reforma ni era tan ambiciosa ni tan histórica.