Guatemala: un siniestro trueque de impunidad por olvido
Los verdugos están de suerte. La Corte Constitucional guatemalteca dejó sin efecto la sentencia que condenaba a 80 años de prisión a Ríos Montt, por genocidio y crímenes contra la humanidad. Han vuelto a morir los 2.000 indígenas ixil que ya murieron una vez, entre 1982 y 1983. Han vuelto a desaparecer 250.000 personas, y han vuelto a ser violentadas sexualmente miles de mujeres, a manos de militares y paramilitares. Han perdido otra vez los “oenegeros mercenarios”, difamados por los sectores más conservadores de Guatemala y deslegitimados, por supuesto, por la patronal empresarial. Se han acallado sus voces, silenciadas tantas veces, en favor de la estabilidad y el progreso, porque, como decía Hegel, todo avance exige aplastar flores inocentes en el camino, y cuando los muertos hablan, no hay más remedio que rematarlos a base de olvido.
El derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación, que el Derecho Internacional ha reconocido para las víctimas de delitos de lesa humanidad en un buen número de documentos y sentencias, ha sido vulnerado olímpicamente por tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional guatemalteca, ante los ojos atónitos de muchos de nosotros, aunque con la complicidad de algunos, y la persistente indolencia del presidente del país, otrora jefe de inteligencia militar en la dictadura, Otto Pérez Molina.
La anulación de la Sentencia representa un paso más en un proceso de negación que ya parece eterno: no hubo genocidio en Guatemala. Hacer justicia, sería reconocer el daño sufrido, validar las experiencias y las pérdidas dolorosas, y ello exigiría reconocer derechos, reparar a las víctimas, y avanzar un poco más en la reestructuración social. Demasiado pedir. El derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria y a la reparación, no pueden desligarse, y es imposible reconocer uno de ellos e ignorar los demás, así que hay que pasar de largo ante las víctimas y no mirar atrás.
Sin embargo, hoy esta total negación no debería ser tan fácil. El derecho a la verdad ha sido reconocido ya como un derecho inalienable, que no puede ser suspendido, ni restringido, y está íntimamente relacionado con ciertos derechos fundamentales que tampoco pueden ser objeto de suspensión. Ningún país debe considerarse mínimamente democrático si no protege el derecho de las víctimas a conocer los hechos, las causas, las condiciones y circunstancias de su victimización, así como la identidad de su victimario. Y, por supuesto, no puede hablarse de Estado de Derecho, si no se crea un entramado judicial efectivo para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento, extremando las medidas para evitar la impunidad, y, en su caso, castigando a los culpables. A la justicia, además, no sólo se le exige adjudicar responsabilidades, sino que ha de reparar el daño causado y dotar a las víctimas de una asistencia económica, jurídica, técnica y psicológica. Y después de desvelar y reparar, en un Estado democrático de Derecho hay que socializar la verdad, hay que recordar, reconocer públicamente la existencia de las víctimas, evitando su aislamiento y la privatización de su dolor. Porque es de justicia incorporar el relato de las víctimas al espacio público, y porque sólo la memoria puede cambiar la lógica política que dio lugar a la violencia.
En fin, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, que se han negado en Guatemala, guardan una estrecha relación con la consolidación del Estado de Derecho y con la defensa de los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión de los asuntos públicos en una sociedad democrática (E/CN.4/2006/91. Estudio sobre el derecho a la verdad de ACNUDH). Con su decisión, la Corte Constitucional ha dado un paso atrás en términos políticos y ha violado, además, el derecho a un recurso efectivo, a la protección jurídica y judicial, a la vida familiar (el derecho que asiste a las familias a conocer la suerte de sus miembros), a una investigación eficaz, a ser oído por un Tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener reparación, a no sufrir torturas ni malos tratos (considerando las torturas psicológicas que padecen los parientes de los desaparecidos), a solicitar y a acceder a la información, así como a difundirla. Desde luego, no está mal para tratarse de una Corte Constitucional.
A estas alturas, queda claro que la maldición de la mujer de Lot está bien conjurada en Guatemala, gracias a las presiones de la Asociación de Veteranos militares de Guatemala (Avemilgua) y de la patronal, a la pasividad del Gobierno, y a la vulnerabilidad de la Corte. Un triunvirato que ha dejado a las víctimas completamente solas, excluidas como sujetos políticos, deshumanizadas e instrumentalizadas. Ni el patriotismo nacional ni la seguridad estatal pueden justificar este siniestro trueque de impunidad por olvido. Un trueque que, como bien sabemos en España, deja abierta las heridas y no augura nada bueno.
