Hostias varias
Rajoy habría de sentarse algún día en el banquillo por su responsabilidad política en los numerosos delitos cometidos por los miembros de su Gobierno o por los altos cargos de su partido mientras ha sido presidente de todos los españoles. Algún día. De momento, nos conformaríamos con un mínimo de respeto a los ciudadanos, a quienes Mariano toma el pelo un día sí y otro también. Generalmente, no necesita ni excusas: se limita a poner cara de que pasaba por aquí y listo, mire usted. La “falta de autoridad” que, sin embargo, esgrime ahora para lavarse las manos sobre la permanencia de Rita Barberá en el Senado está basada en una excusa perfecta: el aforamiento de sus señorías. Nos da en los morros una hostia constitucional.
La muy fina y ya famosa frase de “qué hostia, coño, qué hostia” fue musitada al oído de Rita Barberá por Serafín Castellano la noche en que el PP perdió las elecciones valencianas, mientras ella lo abrazaba, o, más bien, se colgaba, derrotada, del cuello de su colaborador. El entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana debía de estar pensando en la hostia que él mismo se iba llevar en breve: solo cuatro días después de la noche de su debacle electoral, Castellanos fue detenido por prevaricación, malversación y cohecho por la adjudicación de contratos cuando era conceller.
A diferencia de la mayoría de los nativos en una lengua, que suelen dominarla, Rita Barberá solo chapurrea el valenciano, que habla en público al mismo nivel que debe de hablar Aznar el catalán en la intimidad. El espectáculo lingüístico que dio en el balcón del Ayuntamiento en plenas fallas le ha pasado entre los valencianos una factura directamente proporcional a las que ella y los suyos pasaban a los fondos públicos. El castellano (que, sin duda, ella llamará español) lo habla y entiende, sin embargo, muy bien. Con esos matices que hacen fascinante un idioma: si, por el tono de aquel “qué hostia” de Castellano, Barberá y todos los españoles entendimos que se acaban de romper la crisma política, por el tono general reciente de Rita todos los españoles (incluido, seguramente, Castellanos y, desde luego, el propio Rajoy) entendemos que nos dice “no me echáis del Senado ni con agua caliente, qué hostia”. Son hostias distintas aunque la misma hostia, una especie de santísima duplicidad filológica.
Que Rita Barberá no se vaya del Senado ni a hostias políticas como las que, in extremis, le ha tenido que dar su propio partido, se debe a su condición de aforada, una situación jurídica que en una democracia desarrollada y sana solo supone ya un injusto privilegio, que, en materia penal y frente a los ciudadanos de a pie (en su mayoría, tan sufridos), protege a los representantes de las instituciones, desde los de más alta cuna, como el rey, hasta -pasando por jueces y fiscales- los de más baja estofa, como la senadora Barbera y sus compinches (“El PP ha sido una banda organizada para el saqueo”, ha resumido Mónica Oltra en una dos veces buena frase, por buena y por breve), a quienes el escaño protege de ser detenidos y de ser juzgados por un tribunal ordinario.
El aforamiento se instituyó en la Edad Media inglesa para proteger a los parlamentarios, en su calidad de representantes de los electores, del poder abusivo del rey. La Revolución Francesa proclamó la inmunidad y la inviolabilidad parlamentarias como medidas para garantizar la soberanía de la nación a través de la protección de la libertad de expresión de los representantes del pueblo. Así lo han ido recogiendo las sucesivas Constituciones españolas. Hoy en día, sin embargo, las instituciones del Estado habrían de ser suficientemente fuertes como para no necesitar de ese refuerzo, máxime cuando, dada la proliferación de los casos de corrupción política, ya no protege tanto a lo ciudadanos como a los políticos corruptos. Diego Cañamero, diputado por Jaén de Unidos Podemos, ha renunciado ante notario a su aforamiento para no tener “ningún privilegio respecto a los demás ciudadanos”.
Que Rita Barberá se niegue a entregar su acta de senadora autonómica tras estar encausada en el caso Taula pone en evidencia que el aforamiento es una injusticia que hay que eliminar de la Constitución vigente y de los Estatutos de Autonomía. El PSOE lo intentó recientemente en el Senado, moción que, a pesar de contar con el apoyo de todo la Cámara, el PP logró tumbar gracias a su mayoría absoluta, aunque ahora vengan con Ciudadanos a hacernos creer que es uno de los acuerdos que van en su falaz paquete de transparencias y regeneraciones. Albert Rivera está ahora apretándole las tuercas a Rajoy con el tema de la ex alcaldesa valencia, pero el líder naranja ya nos tiene acostumbrados al doblez.
Mientras tanto, la impotencia de los ciudadanos va en aumento. Que Rita Barberá no solo no entregue su acta de senadora sino que, al pasar al Grupo Mixto (una vez que la han obligado a abandonar el PP), vaya a ganar 2.700 euros más, es decir, 7.000 al mes, es considerada una burla de dimensiones calatravescas (me refiero al arquitecto Santiago Calatrava, sí, también imputado por sus multimillonarias chapuzas valencianas). Una burla liderada por Mariano Rajoy, que da en los morros a los españoles una nueva hostia. Una hostia constitucional.
