¿Serían los jueces brazos políticos de la Corona?

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos I interpuesta por la belga Ingrid Sartiau. Ella dice que no quiere perjudicar a la Casa Real pero que siente la necesidad personal de conocer sus orígenes. Resultaría comprensible. Sin embargo, la decisión judicial nos produce una sorpresa que va aparejada con ciertas sospechas. La principal: ¿por qué se ha admitido a trámite su demanda y no la del catalán Albert Solà, el otro presunto hijo del viejo Borbón?

El Tribunal Supremo alega que la demanda de paternidad de Solà se ha rechazado porque las pruebas aportadas no son suficientes. Ambos demandantes se hicieron hace años unos análisis de ADN en los que los marcadores genéticos dieron un 91% de consanguinidad. Presumiblemente, se hicieron un segundo, que arrojó una probabilidad del 87%. Y un tercero, que, según los expertos, arrojó una probabilidad del 35%, es decir, un resultado contrario al que se buscaba: que Sartiau y Solà no son hermanos. “Las primeras muestras arrojaban una probabilidad del 91%, pero más tarde recibí una nueva muestra del señor Solà que demostraba que no son hermanos. Ella recibió esa información a finales de 2012, pero no la ha querido comunicar públicamente”, ha asegurado a El País el reputado genetista belga Jean-Jacques Cassiman, profesor de la Universidad de Lovaina que estudió los análisis de ambos.

Si Sartiau y Solà no son hermanos, sorprende que sea precisamente la de ella la demanda que se admite a trámite. Si bien no puede considerarse una prueba pericial, solo hay que ver las fotos de Albert Solà para comprobar su asombroso parecido con el rey Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos de Borbón. Lo que sí es contundente es la prueba de ADN que ha presentado el abogado de Solà, que da un resultado del 99,9% de paternidad borbónica. La sospecha que nos asalta entonces es que Sartiau esté siendo utilizada como una herramienta para desacreditar al que sería el verdadero hijo del viejo rey: si las pruebas que analice el Tribunal Supremo llevan a la conclusión de que la belga no es hija del Borbón, Juan Carlos quedaría limpio de polvo y paja, y las pretensiones del presunto hijo catalán perderían credibilidad.

Junto con la notificación judicial, al rey Juan Carlos I le llegará la solicitud de una prueba de ADN, que demostraría si Sartiau es o no su hija. El viejo rey se puede negar a someterse a esa prueba. Si no se la hace, alimentará la sospecha de que la belga es su hija. Si se la hace y sale que Sartiau no es su hija, asunto doblemente resuelto, porque Solà queda desactivado. Pero resuelto solo en apariencia y por el momento, ya que el catalán ha amenazado con acudir al Tribunal de Estrasburgo. Y, si ese tribunal admite su querella a trámite y llega el día en que Juan Carlos de Borbón tenga que hacerse la prueba que determine su paternidad sobre Solà, no resultaría convincente que se haya prestado a hacerse una prueba de paternidad y no a otra: quedaría en evidencia que es el padre de Solà.

Así que la supuesta estrategia de la Casa Real con la supuesta falsa paternidad de Sartiau se convertiría en una mala coartada frente a la muy posible paternidad de Solà. De lo que se deducirían dos cosas, no por sabidas menos ciertas: que la Casa Real es capaz de mentir y conspirar; y que la Casa Real cada vez miente y conspira peor. Y una tercera: que, dado el panorama de reinado que le han dejado al joven rey, Felipe VI bien podría estar soñando con haber sido hijo natural y camarero, como su presunto hermano Albert.

Y la más importante, la más grave, que se materializa en dos preguntas: si esta teoría conspiratoria fuera cierta, ¿cuál sería la responsabilidad de los jueces, el papel que habrían jugado en ese escenario las más altas instituciones judiciales de este país? ¿Serían los jueces, como apunta aquí un lector, “los brazos políticos de la Corona”?como apunta aquí un lector