Justicia en situación de emergencia
“Es un final muy triste, estamos en una situación de depresión generalizada”. La frase, pronunciada por un magistrado del Supremo, resume los últimos días del mandato de Carlos Lesmes al frente del Tribunal y el ambiente que se respira en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nunca la Justicia tuvo una “crisis de imagen” tan grave como la que sufre en la actualidad, como se encargaron de recordar en un comunicado conjunto la práctica totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales, que este lunes han convocado otra huelga general por la situación de emergencia en la que, según dicen, se encuentra el sistema.
De ese texto consensuado, en el que se destaca la “desafección de la carrera judicial” con sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces, solo se desmarcó la Unión Progresista de Fiscales, de la que todavía es integrante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que secundó en mayo el paro convocado contra su antecesor, Rafael Catalá, pero en esta ocasión no ve motivos para continuar con las protestas.
Resulta paradójico que a esta situación de descrédito generalizado del Poder Judicial -que cada día encarnan los miles de jueces y fiscales que, sin medios ni atención de los sucesivos gobiernos, se dejan la piel por perseguir a los delincuentes y hacer Justicia- se llegue al final de un año como este. El año en el que la hermana del rey Felipe ha sido condenada por beneficiarse de los chanchullos de su marido, Iñaki Urdangarin, que cumple condena en una solitaria prisión de la meseta castellana situada a unos cuantos kilómetros de otra cárcel en la que comparten experiencias el vicepresidente del Gobierno de Aznar que llegó a presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y el hombre que manejaba las finanzas del partido más poderoso de España, Luis Bárcenas.
Esos logros, que quizá solo muestran la punta del iceberg de la corrupción desatada en los años locos de la burbuja, se han alcanzado tras años de lentas y complicadas investigaciones en juzgados del siglo pasado, a menudo saboteadas desde los propios aparatos del Estado, como en el caso de los papeles de Bárcenas y los presuntos trabajos encargados al comisario Villarejo. Pero no han ayudado a mejorar la imagen de la Justicia, en buena medida, por la propia negligencia de quienes ostentan el poder político-judicial.
Al triste declive de la era Lesmes se llega por la calamitosa gestión que el Tribunal Supremo ha hecho de la crisis del impuesto de las hipotecas, que ha dejado “un ambiente irrespirable” en la Sala Tercera, con “rencillas personales entre sus miembros que tardarán mucho tiempo en superarse”, según desliza uno de los magistrados que la integran.
Tampoco han ayudado instrucciones judiciales como la que se siguió contra los independentistas catalanes, en la que, a ojos de muchos juristas, se ha forzado el tipo penal de la rebelión, que exige de violencia, y se ha encarcelado a sus presuntos autores con la única finalidad de cumplir los dos requisitos que exige la ley para poder suspenderlos en sus funciones parlamentarias y evitar así la proclamación como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont. Un concepto, el de violencia, que se observa en la causa del procés pero se niega en la sentencia de La Manada, en la que los magistrados de la Audiencia de Navarra no apreciaron intimidación a la víctima a pesar de considerar probado que se encontraba “acorralada, atemorizada y agazapada” en el rincón de un portal.
A la imagen de la Justicia tampoco ayuda el descarado mercadeo con el que los dos grandes partidos, con el concurso de Podemos, han afrontado el reparto de miembros del nuevo CGPJ ni la forma en la que se ha cerrado la designación de Manuel Marchena como nuevo presidente del Supremo. Su nombramiento se ha consensuado sin escuchar a los vocales, a los que la ley atribuye en exclusiva la capacidad de proponer candidatos y elegirlos, y sin que ni siquiera ellos hayan sido designados.
La asociación Francisco de Vitoria, que se presenta como moderada a pesar de contar entre sus miembros con un juez que escribió en la revista corporativa una coplilla en la que decía que la diputada Irene Montero se iba al gallinero del Congreso por la “inquieta bragueta” de Pablo Iglesias, ya ha anunciado que recurrirá el nombramiento aún no nacido de Marchena, aunque su iniciativa no tiene ningún viso de prosperar. En 2014 el Supremo dictaminó, cuando se recurrió el de Lesmes, que “la voluntad libre de los vocales” que le votaron “no puede ponerse en duda a causa de la teórica existencia de tratos o convenios políticos previos”.
En este contexto, y en menos de una semana, se han puesto en huelga los secretarios judiciales y los funcionarios de Justicia, y este lunes están convocados todos los jueces y fiscales de España. Y, como ocurrió en el paro del 22 de mayo, se pondrá de manifiesto el divorcio entre la cúpula judicial y el resto de la carrera. Aquel día, según los datos oficiales del CGPJ, secundaron la huelga 2.916 jueces. En la Audiencia Nacional fueron ocho de 87. Y en el Tribunal Supremo, de 79, ninguno.
