Lealtad institucional

Dicen que enterramos muy bien porque a nadie se le ocurre hacer un obituario injurioso del difunto. Cuestión de elegancia, delicadeza y buena educación. El protocolo funerario forma parte de las costumbres ancestrales que, por repetición y asimilación, se convierten en cultura de una sociedad, mediante la incorporación del consiguiente relato a su identidad como grupo para dotar de significado al ritual, sea religioso o no. Si actuamos de forma consciente y acordada en las despedidas, más aún lo hacemos con motivo de nacimientos, aniversarios y efemérides. Especialmente, en España, lo celebramos todo y no hay meses en el año en los que falte una fiesta diaria en cada uno de los territorios. La ceremonia con motivo de la longevidad de la Constitución del 78 —que convocó a la clase política esta semana en el Parlamento— parecería algo forzado o, cuando menos, sobreactuado si no la enmarcamos en esta manía ritual de inventar causas de celebración. Teniendo en cuenta nuestros antecedentes como pueblo experto en la discrepancia, más proclive a los altibajos pasionales que a la concienzuda perseverancia, hay muchos motivos para darnos un chute de autoestima y aprovechar la ocasión para sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo bien hecho. ¡¡¡Hay tan poco que celebrar últimamente!!!

Festejar la estabilidad política y jurídica de nuestro marco de convivencia, que no ha cumplido siquiera 50 años, puede parecer bisoño y autocomplaciente. Lo es si tenemos en cuenta que la Constitución de Estados Unidos lleva en vigor desde 1787 (con sus posteriores enmiendas) y la no codificada del Reino Unido aplica documentos históricos anteriores a 1215. Pero no se trata ahora de medir el simple paso del tiempo como un valor positivo en sí mismo, sobre todo cuando estamos viendo cómo la longevidad de la “Carta de Derechos” norteamericana parece papel mojado en manos del trumpismo. Pongamos el foco en los valores que este proceso constituyente ha aportado al desarrollo en paz de una sociedad moderna surgida de un país que era pobre y atrasado, ahora convertido en uno de los más avanzados, integrado en el espacio geopolítico más próspero del planeta. Nadie habría dado un duro por ello cuando se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal, tras 40 años de dictadura. ¿Que habría sido posible otra transición? Puede ser... ¿Que se cometieron errores? Sin duda. Pero en esa tesitura quisiera ver yo a los que hoy fanfarronean menospreciando la obra del 78, un auténtico milagro realizado en tiempo récord por constituyentes sin experiencia democrática, con los cuarteles en pie de guerra, el búnker en primera posición y la vida diaria del país ensangrentada de muerte por el terrorismo etarra o fascista. 

Que el hoy devaluado consenso y la altura de miras de la clase política de los años 70 fueron las claves del éxito es una obviedad. Como también lo es que el marco de convivencia haya llegado vivo a nuestros días por haber sido resultado de un acuerdo que comprometió a todo el espectro económico, social y político (con el añadido de los Pactos de La Moncloa). La sacralización de la Constitución durante estos años impidió su reforma y una necesaria adecuación a los tiempos modernos (con tan solo tres cambios muy parciales), pero sin duda ha preservado toda su virtualidad como anclaje fiable de nuestra convivencia. Las dos grandes fuerzas políticas (socialdemócratas y conservadores) fueron artífices de su aplicación en las primeras décadas pero la transformación del espectro electoral y el final del bipartidismo con nuevos elementos de convivencia en el siglo XXI ha alterado este equilibrio. No basta con ensalzar la santa obra constitucional de forma retórica. Como bien dijo Felipe VI en el Parlamento, hay que aplicarla. En la forma y fondo. 

La lealtad constitucional está hoy claramente en entredicho por culpa de tirios y troyanos. La oposición no ejerce de tal ni busca controlar el trabajo del Gobierno para mejorar la vida de la ciudadanía sino que usa y abusa de los instrumentos de que dispone con el único afán de destruir al adversario. Y el Gobierno se ha atrincherado en su parcela de poder multiplicando su gestión de manera unilateral, sin duda más preocupado de contar con los votos que le permitan seguir administrando el país que de conservar el espíritu del consenso fundacional de la democracia del 78 que implicó la complicidad con el partido opositor. Ni el PSOE es lo que era ni mucho menos el PP actual responde al espíritu centrista de los herederos de la UCD. Pero la Constitución que nos rige sigue siendo la misma y ambos partidos están obligados a acatarla y aplicarla, más allá de sus intereses electorales coyunturales. 

El texto de la Carta Magna supuso un ejercicio de pericia y prestidigitación que permitió la articulación de distintas sensibilidades políticas, identitarias y culturales en un modelo que entonces era novedoso y demostró su eficacia durante años. El reparto de competencias, poderes y contrapoderes está basado en el principio de la lealtad institucional para así preservar su equilibrio y eficacia. Es esa lealtad, que implica el respeto a las leyes y las instituciones, la piedra de toque de la Constitución, lo que nos garantiza la paz y asegura la convivencia. Si pervertimos y destruimos ambas estamos debilitando su arquitectura y corrompiendo sus valores. Se dañan las instituciones cuando las autonomías incumplen sistemáticamente las leyes del gobierno central o llevan a los consejos territoriales posiciones que obedecen a tácticas de partido; los ayuntamientos aplican las normas de acuerdo con su ideología y desequilibran el reparto territorial de los servicios públicos; cuando las mayorías reforzadas previstas en la Constitución son utilizadas como herramientas de bloqueo, el Senado se convierte en una jaula de grillos o la sesión de control al Gobierno simula un patio de monipodio; las instancias judiciales se usan para ajustes de cuentas y siempre que los adversarios se comportan como enemigos mortales. 

De poco servirá seguir celebrando efemérides constitucionales si estamos minando sistemáticamente su espíritu de respeto institucional y fidelidad a sus principios. Ya podemos proclamar la longevidad de un bonito marco jurídico si lo estamos dinamitando en sus cimientos, cuales termitas depredadoras, porque se convertirá en un texto inane y hueco de imposible aplicación. Así que, menos fastos y más esfuerzos. Menos predicar y más dar trigo, como dice el refrán. Porque, al final, los temporales no eligen territorios, pueden llegar por igual a cualquiera, las danas e incendios devastadores pueden afectar hoy a una y mañana a otra autonomía, las pandemias o los accidentes ferroviarios, de aviación o marítimos no eligen el color del gobierno al que le explotan. Todos y todas vamos en el mismo barco. Ocupémonos de que la carga vaya bien estibada, el motor esté en condiciones y la ruta, certera. Por lo menos, cuidemos los botes salvavidas, por si acaso.