La ley del 'solo sí es sí' es segura

La ministra de Igualdad, Irene Montero. EFE/ Mariscal

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Desde los feminismos, y muy especialmente desde las juristas feministas, urge reivindicar la legitimidad de la Ley de garantía integral de la libertad sexual y de su importancia para luchar contra las violencias sexuales que sufren las mujeres y también las niñas, niños y adolescentes. Urge pedir que basta ya de arremeter contra una ley que es un claro avance para los derechos de las mujeres, para protegerlas con más y mejores garantías que las que tenían antes de su entrada en vigor. Es una irresponsabilidad que intereses partidistas, electoralistas y políticos vuelvan a pasar por encima de las mujeres víctimas para generar una alarma social que solo busca desgastar. Unos, al Gobierno de Pedro Sánchez; otras, al ministerio de Igualdad de Irene Montero. 

No es cierto que la Ley sea una chapuza. Pero, sobre todo, y en sentido estricto, no es cierto que esta sea una ley exclusivamente de Igualdad. La Ley del 'solo sí es sí' es una demanda del movimiento feminista. Quizá si de algo peca el ministerio de Unidas Podemos es de hacerse con un protagonismo que se les ha vuelto en contra cual efecto bumerán. En la redacción y articulado han estado trabajando juristas, catedráticas y expertas del Derecho desde 2018, bajo el impulso (eso sí) de profesionales de prestigio vinculadas a la coalición morada primero y, después, al ministerio de Igualdad. Sin embargo, el texto, antes de que fuese aprobado por el Congreso y el Senado para poder entrar en vigor, fue trabajado (como se hace con todo proyecto normativo) por los distintos ministerios implicados (Justicia, Interior, Educación, Seguridad Social, Empleo, etc.), además de contar con el dictamen oportuno de los abogados del Estado. Sin olvidar, bien importante, que antes de llegar a su tramitación final tuvo los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. 

Por tanto, son muchos los ojos políticos y muchas las manos técnicas por los que han pasado los 66 artículos que conforman la ley junto con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Páginas todas ellas que, de cara a la opinión pública, ahora están reducidas a una peligrosa distorsión de la realidad: que la ley deja en la calle a violadores y pederastas. No es cierto. Es una interpretación muy concreta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual la que está llevando a que haya reducciones de pena -en sentencias ya firmes bajo el principio de la norma más favorable al reo- que suscitan, cuando menos, controversia y preocupación. Una interpretación de la ley que hace una analogía aritmética del tramo inferior del marco abstracto de las penas pasando por alto varias cosas. Por un lado, que debe analizarse caso a caso porque los delitos de la nueva ley han modificado, fusionado y ampliado los de la anterior, y, por otro, que no se puede obviar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal -que sigue vigente según el BOE y se ha aplicado a otras normas que no recogen de forma explícita esa disposición- donde se señala que no se aplicará la norma más favorable cuando la duración de la pena con la regulación anterior sea también imponible con arreglo a la nueva. 

Dicho esto, y pensando en las víctimas, es necesario y urge apelar a la responsabilidad de todas y todos porque el problema no es la norma, sino cómo se está interpretando esta por parte de unos pocos tribunales y cómo se está instrumentalizando torticeramente por parte de los partidos de la derecha y un sector del feminismo que no soporta a Irene Montero. De no hacerlo, se estará contribuyendo a que las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual desconfíen de una ley que si en algo coinciden todas las y los expertos que la han visado es que viene a traer más seguridad a las víctimas y supervivientes de las violencias sexuales. Sí, más seguridad más allá de los defensores de que haya más punitivismo. 

Más seguridad en sus procesos de recuperación y reparación integral, más seguridad en la toma de decisiones sin que estas estén condicionadas a que hayan interpuesto o no una denuncia, más seguridad en los procedimientos judiciales, más seguridad frente a las violencias digitales y las agresiones sexuales bajo sumisión química, más seguridad porque habrá menos conductas ilícitas impunes al poderse aplicar penas más proporcionales, más seguridad también para perseguir las agresiones sexuales que sufren dentro de una relación afectiva, más seguridad porque los operadores jurídicos y otros agentes clave contarán con la formación adecuada obligatoria (especialmente en estereotipos de género), más seguridad en el acceso a ayudas más adaptadas, más seguridad porque una prioridad es todo el trabajo de prevención de las violencias sexuales para que estas no ocurran y erradicarlas desde la raíz, más seguridad… aunque sepamos, desgraciadamente, que todavía sea insuficiente. 

Pero sí, uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, más protección y más derechos; los agresores, menos impunidad, y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge volver al espíritu y articulado de la ley. Sí o sí.

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