Libres, pero con censura previa

Ruido. Solo ruido. La bulla como única estrategia política. De nuevo, desde el kilómetro cero. No hay semana en que la campeona de la ligereza no emita algún estruendo. Una frase feliz para hacerse notar. Es el turno de la Educación. Ahora, la adalid de la libertad quiere volver a la “censura previa” de los libros de texto, que suprimió, por cierto en 1998, el gobierno de Aznar siendo ministra Esperanza Aguirre para que los manuales de estudio no tuvieran que pasar el filtro del Ministerio.  Pues nada. ¡Que se retiren los libros de texto de Bachillerato! De inmediato. La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Supremo el currículo aprobado por el Gobierno porque Sánchez quiere adoctrinar a los escolares e imbuirles de “sanchismo”.

Mira que se le han atribuido habilidades a este presidente, pero por mucha imaginación que se le ponga cuesta verlo de noche en La Moncloa redactando los contenidos de los libros. Tampoco le pega a la ministra de Educación, Pilar Alegría, por mucho honor que haga a su apellido, llamar a los responsables del grupo Edelvives o de la editorial SM para dictarles palabra por palabra lo que deben aprender los alumnos. El primero es una institución con mas de 130 años al servicio de la comunidad educativa, propiedad del Instituto de los Hermanos Maristas. Y la segunda es de los marianistas. Así que lo de que los curas -por muy empresarios que sean- se sometan al criterio de un gobierno socialcomunista no entra en cabeza sana.

La ignorancia es tan atrevida que Ayuso cree que los textos los redacta el Gobierno, las editoriales cortan y pegan y los maestros luego se dedican a adoctrinar a los niños. Por adoctrinar se entiende, claro, que los adolescentes conozcan que en España existe una ley de eutanasia, que con la exhumación del dictador del Valle de los Caídos se ha empezado la resignificación del mausoleo o que se conozcan algunos de los conceptos del llamado feminismo de la cuarta ola. Luego, está directamente la mentira. “Los niños  no estudiarán ni la regla de tres, ni los números romanos, ni harán dictados”, ha dicho el consejero madrileño del ramo. Lo preocupante sería que en Bachiller lo hicieran.

El decreto en cuestión -publicado en el BOE el 5 de abril de 2022- forma parte de los currículos educativos elaborados por cientos de profesores en activo, debatido en varias bilaterales con el consejero de Educación de Madrid, discutido en unas cuantas Conferencias Sectoriales, sometido a exposición pública durante semanas, enmendado por varias organizaciones y aprobado por el Consejo Escolar. Y ahora son los directivos de cada centro educativo quienes eligen los manuales que consideran oportunos. Pero Ayuso ha decidido llevarlo ante el Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya suspendido de manera cautelar un decreto y una instrucción de su gobierno a los centros educativos al entender que la Consejería de Educación había invadido competencias del Estado.

Y he aquí su aplastante argumento: “Las nuevas generaciones no sabrán quiénes son, de dónde vienen y por lo tanto, las deja en un limbo sin futuro. Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de drogas, de adicciones”. 

No es la primera vez que la reina de la frivolidad plantea problemas apocalípticos que suscitan debates ideológicos para enmascarar problemas más acuciantes y desviar la conversación pública de cuestiones de fondo. Por ejemplo, que de todas las Autonomías, Madrid está a la cola en gasto público por alumno, con 4.892 euros, según datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación,  mil euros por debajo de la media nacional y con casi la mitad de inversión que Euskadi (9.417 euros). O que en Educación Primaria la región que preside tiene un nivel de segregación socioeconómica mayor que la media de España y, en la lista de la OCDE, se encuentra en el peor puesto, solo por debajo de Turquía. Con respecto a la Educación Secundaria, también se sitúa como la peor a nivel nacional y de las peores en el ranking de la OCDE.

Pero de eso la inquilina de Sol, que es la máxima responsable, no habla. Tampoco de que Madrid tiene los precios públicos universitarios más altos de España.