La madre de Leo

Cuando la madre de Leo descolgó el teléfono, su ex le dijo: “¿Quieres que te dé un consejo? Búscate el mejor psicólogo que puedas porque lo que acabo de hacer no lo superarás nunca”. Se despidió y cortó la llamada. Acababa de asesinar a su hijo en la habitación de un hotel de Barcelona. Lo ahogó. Después huyó y se suicidó. Lo encontraron al cabo de unos días.

Fue el 24 de agosto del 2021 y ella relata el momento que le cambió la vida en el documental ‘Donde más duele’, emitido recientemente en TV3. Cuatro mujeres describen en primera persona la más cruel de las violencias machistas, la violencia vicaria, aquella que busca infligir el máximo dolor a la mujer a través de sus hijos y en los casos más bestias, como el de Leo, causándoles la muerte.

Itziar Prats Fernández es otra de las víctimas que rememora su caso. Ella había denunciado a su ex por amenazas y había insistido en que podía hacer daño a sus dos hijas. Pidió que se suspendiese el régimen de visitas porque él amenazaba con matarlas. Nadie le hizo caso.

“Recuerdo la actitud de la fiscala porque fue la última que entró en la sala. Fue una actitud de pasotismo. Tiró el bolso, se sentó en la silla y el comentario fue ‘si es el primer fin de semana que tiene visitas’”. Itziar se preguntó qué diferencia había entre que fuese el primero o el cuarto. La justicia consideró que ella “no tenía el perfil de víctima” y los dos expedientes que tenía abiertos se archivaron por petición de la fiscalía pese a que Itziar insistía en que sus hijas corrían peligro. No se equivocaba. Las mató a las dos. Nerea y Martina, de tres y seis años. Fue en septiembre del 2018. El Estado reconoció que había fallado en este caso y la indemnizó. Ella no ha podido volver a Castellón y dedica ahora su vida a visibilizar la violencia de género a través del proyecto “El latido de las mariposas depende de nuestra actitud”. 

Tatiana, de 24 años, y su hija de cinco años, son las dos últimas víctimas de violencia de género. A la madre la apuñaló. A la niña la degolló. Fue la madrugada del lunes en su piso de Carabanchel. La joven había interpuesto una denuncia contra él en septiembre de 2020 por un delito de lesiones en el ámbito familiar y fue dada de alta el día 14 de ese mes en el sistema VioGén por los agentes de la comisaría local de Torrejón de Ardoz.

Ese mismo día, los policías evaluaron su caso como de “riesgo alto con especial relevancia” –son cuatro las gradaciones posibles: bajo, medio, alto y extremo–, “por la existencia de la niña”, según informaron fuentes policiales a este diario. Esto motivó la puesta en marcha de medidas de protección. Pero, un mes y medio después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº4 de Madrid levantó las medidas cautelares. Ella explicó que si había denunciado a su pareja fue porque temía que se llevase a su hija al Perú.

El juicio se produjo dos años después, en noviembre de 2022. Tatiana aseguró “no recordar nada” y se concluyó que al no haber “testigos presenciales o de referencia” no se podía dar por cierta la agresión. En la sentencia, emitida el 1 de diciembre, el juez consideró probado que el 6 de septiembre se produjo una discusión entre ambos, pero estimó “no acreditado” que en el transcurso “el acusado propinase golpes en la espalda y en los brazos de su pareja”.

Tras una denuncia empieza un periplo judicial y emocional que no siempre es fácil de sostener y ese es un elemento que se debería tener en cuenta a la hora de evaluar un caso. Y si se produce una retirada de la querella en procesos en los que el riesgo que se detectó es importante, lo lógico sería reevaluar, algo que ya hacen algunos jueces. La pregunta en estos casos, la que se debería haber hecho la justicia antes de retirarle la protección a Tatiana, cuyo riesgo era “alto con especial relevancia”, es por qué ella había cambiado su versión. No lo hizo y optó por dar por bueno que no había pasado nada.

Tener hijos o hijas en común (un 73% de las víctimas los tiene) es además un factor de vulnerabilidad, según ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial. Y es algo que hace todavía más difícil el proceso. Hay mujeres que relatan que el día que denunciaron fue “el peor de su vida”. Mujeres que han sufrido agresiones pero que se sienten culpables y que pese a ser sus víctimas, expresan la preocupación por lo que le pueda pasar a su pareja o expareja.

A raíz del doble asesinato de Carabanchel, la abogada Aina Díaz, en declaraciones a El Periódico de España, ha señalado que en base a la jurisprudencia del Supremo, el juez puede utilizar numerosas pruebas e indicios que sirven para condenar aunque no haya testigos y se retire la acusación en juicio. El equilibrio entre preservar la presunción de inocencia de un posible agresor y la protección de la víctima en un caso como el de Tatiana y su hija es complicado pero siempre será mejor una segunda evaluación que dar carpetazo a la denuncia inicial.

El exhaustivo trabajo que publicamos hoy en elDiario.es prueba, además, que el juzgado en el que una víctima presente la denuncia puede condicionar el hecho de que acabe recibiendo protección o no. En Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, los juzgados especializados en violencia de género adoptan muchas más órdenes que los no especializados. Por el contrario, en Andalucía, Madrid o Catalunya pasa al revés. En estas dos últimas comunidades, Madrid y Catalunya, aunque se rechazan más en juzgados especializados, también los de primera instancia e instrucción son los que más protecciones deniegan en comparación con el resto de autonomías.

En España este año han muerto 53 mujeres asesinadas. Son 14 más que en 2022. Un 80% no había denunciado y las que se atreven a dar el paso tardan casi nueve años en explicarlo. Porque tras el ‘no denunció’ o ‘al final retiró la denuncia’ existe también el miedo a las represalias, a que no te crean. El tiempo transcurrido entre la denuncia y el juicio pueden ser años. Hay dependencias emocionales, económicas y procesos de revictimización. Queda mucho por hacer.