Qué hacer con los menores que llegan a Canarias

Quizá, como cuestión previa, y si queremos hablar de este asunto desde un enfoque de derechos de la infancia y la seguridad humana, debemos empezar por el lenguaje. No es baladí que hablemos de niñas, niños y adolescentes extranjeros que llegan a nuestras fronteras, solos o acompañados de sus familiares y desterremos la palabra “menores”  que hace referencia a un término cuyo uso responde a una época donde primaba el enfoque paternalista (años 90) que consideraba a los niños “inferiores” en vez de sujetos de derechos. Mucho menos riguroso es usar los acrónimos “MENA” o “NNA” que deshumanizan a las niñas, niños y adolescentes y que solo sirven para dar gasolina a la extrema derecha y ahorrar esfuerzo a funcionarios y tecnócratas. Cómo se nombra a la infancia y la adolescencia que migra es importante para abordar un asunto complejo que requiere de matices, humanidad, especialización y mucha experiencia en derechos humanos e infancia migrante. 

Al igual que no dejamos que las fugas de agua de un edificio las arregle materialmente un abogado, sería bueno que dejáramos de pensar que cualquier adulto con un cargo político o un micrófono en una tertulia puede hablar y proponer soluciones a aquellas cuestiones que afectan a la infancia y la adolescencia. El hecho de “ser adulto” no otorga ni el conocimiento ni la competencia que se necesitan para diseñar, definir y coordinar políticas y medidas de infancia, más cuando estas afectan a un grupo de población tan concreto y susceptible de ser estigmatizado como es la infancia migrante. Máxime en el actual contexto geopolítico en el que hay vidas que son desechables de antemano en función del país del que se proviene. Ya tenemos comprobado que no es lo mismo ser un adolescente ucraniano que uno marroquí. El primero merece todas las excepciones posibles a las leyes para garantizarle un buen trato, el segundo las merecerá para asegurarnos que sienta nuestro desprecio porque no le quieren aquí.

Parece que preocupa, otra vez, la llegada de personas migrantes a las costas de Canarias, y en concreto, en esta instrumentalización política y cobertura mediática de las migraciones, se resalta la llegada de “menores”. No sabemos si llegan solos, con sus madres, padres ni otros familiares. No sabemos las edades, ni tampoco en qué condiciones llegan… Solo sabemos que son menores. El término «niños, niñas o adolescentes» no está destinado a ellos no vaya a ser que nos demos cuenta de que son solo eso: niños en una situación de desamparo total. Para VOX no son niños, para el eterno presidente del PP en Melilla (Juan José Imbroda) no son niños y para el Sr. Clavijo (presidente de Canarias) no son niños. Para el partido de Abascal son delincuentes o potenciales delincuentes que habría que devolver sin garantías, para Imbroda son parásitos a los que no hay que dar ni de comer y para el presidente de Canarias son “una patata caliente” que se quiere quitar de encima cuanto antes.

Pide Fernando Clavijo a la ministra Sira Rego que cambie las leyes de protección de la infancia, que se haga una excepción a la Convención de los Derechos del Niño y que la infancia migrante deje de estar bajo la tutela de las administraciones públicas autonómicas, y que pasen a ser responsabilidad del Estado, a poder ser de esa parte del Estado que no tenga competencias en infancia y sí en extranjería. O, dicho de otra forma, el presidente de Canarias quiere que a las niñas, niños y adolescentes migrantes se les trate como extranjeros en situación irregular y se las despoje de su condición de personas vulnerables por ser niños y niñas, por ser menores de 18 años. Están desbordados dice. Nadie lo niega, no es una situación nueva, ¿pero es esa la solución desde una lógica de derechos humanos? O esa es más bien la respuesta que daría la extrema derecha, aunque con más crudeza y menos cinismo. 

Hace algo más de un par de años, a instancia del Defensor del Pueblo, algunos altos cargos de la anterior Secretaria de Estado de Derechos Sociales y responsables autonómicos en materia de protección a la infancia, en coordinación con ACNUR, expertos, organizaciones de infancia y representantes de la UE, entre otros, trabajaron en una “Estrategia estable de atención a la infancia migrante” que quedó encallada, pero dio lugar a un “Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada”, es decir, un mecanismo de reparto y derivación de las personas migrantes menores de edad entre las CCAA. Este acuerdo, esto es importante, se adoptó en la Conferencia Sectorial de Infancia y de Adolescencia donde están representadas todas las CCAA. Por tanto, quizá, lo que debería pedir el Sr. Clavijo es que se cumpla dicho acuerdo y se profundice en las medidas que no desliguen a España de sus compromisos con los derechos de la infancia, aquellas que dan continuidad a la línea que se ha estado trabajando sin focos ni micrófonos.

Entre esos compromisos de España con los derechos de la infancia (migrante) –y que estaban recogidos en aquel borrador de “Estrategia estable”– había medidas concretas para desatascar situaciones como la que vive ahora Canarias: la realización de una evaluación del «interés superior del menor» a la llegada de las niñas y niños para detectar a los que pertenecen a grupos vulnerables, criterios de recepción, identificación y derivación inmediata, revisión del procedimiento de determinación de la edad (cuyo proyecto de ley quedó sin tramitar al finalizar la anterior legislatura), protocolos de derivación y traslados, incorporación de propuestas de soluciones duraderas dirigidas a perdurar en el tiempo para que las chicas no encallaran en situaciones de exclusión, un plan estatal de contingencias para situaciones excepcionales, mecanismos de gobernanza y coordinación, catálogo de buenas prácticas que se han ido realizando en varias CCAA (incluyendo Canarias)...

Por supuesto que la situación en Canarias es complicada, pero no puede ser que cada vez que llega alguien nuevo a un cargo público o político sea como volver a empezar de cero para caer en los mismos discursos populistas y errores simplistas que alimentan los prejuicios anti-inmigración que pasan por alto (irresponsablemente) todo el trabajo realizado y los acuerdos ya vigentes, pero sobre todo pisotean la dignidad de la infancia que migra. No puede ser que la brújula con la que se adoptan decisiones que le afectan se guíen por el alarmismo y el adultocentrismo. Cuando estamos hablando de niños y niñas no hay unos que son nuestros y otros que no lo son. Toda es nuestra. La infancia es una responsabilidad de todas y de todos, por eso son tan importantes las palabras cuando se trata de acercarnos a sus derechos y alejarnos de esas derechas que solo piensa en términos ultranacionalistas y se están haciendo con los votos. 

Con, o mejor dicho, para los niños y niñas que llegan a Canarias hay que construir, de una vez por todas, un marco común de protección a la infancia y la adolescencia migrante que aplique la legislación vigente y modifique aquellos aspectos de la ley de extranjería que machaca a sus familias. Porque ni toda la infancia que migra viene sola ni toda la que migra sola está sin familia en España. Si hay un país que se merece cualquier niño o niña, sea de donde sea, es aquel que les ofrezca la seguridad de que sus vidas, sus problemas, sus preocupaciones y sus miedos importan y son atendidos. Un país donde todas las niñas y niños son una responsabilidad común y todas las vidas importan. Donde sus derechos son una responsabilidad colectiva y, sobre todo, una responsabilidad pública. Qué lejos queda España de ser ese país.