No todo vale

Abro una de las alertas que me llegan por email y leo una noticia que no responde a la realidad, la abro y… ¡sorpresa! Se trata de la publicación de un medio digital que ya ha sido condenado en más de una y dos ocasiones por difundir informaciones inexactas, noticias que no cumplían con el requisito de veracidad necesario y que han llegado a vulnerar, según qué caso, derechos fundamentales. La noticia lleva como titular “El miedo crece en Lavapiés, el barrio modélico de Podemos: «Hay menas drogándose en los portales»”. Un titular tendencioso y perfecto para avivar la animadversión, el rechazo y discriminación hacia las personas menores de edad que migran solas y, sobre todo, inexacto y alejado de la realidad. Al menos de la realidad que yo, como vecina de ese barrio, veo, vivo y conozco día y noche.

El problema de Lavapiés no son “los menas” (expresión que ya de por sí se usa de forma completamente errónea), el problema es el abandono institucional de uno de los barrios más emblemáticos y visitados de la capital de España, la especulación y gentrificación que expulsa a su gente sin ofrecerles soluciones ni alternativas, la falta de inversión pública en lo comunitario y en espacios públicos accesibles y suficientes… Y algo importante, sobre todo esto, están ya sus vecinas y vecinos, incansables, trabajando para evitar que se estigmatice injustamente a nuestro barrio con bulos y desinformaciones que solo buscan sacar un rédito político. ¿Todo vale? No.

Ese mismo día se conoció una sentencia por la que se condenaba a un agente de la Guardia Civil a quince meses de cárcel, una multa de 1.620 euros y la prohibición de ejercer actividades docentes o deportivas durante cinco años. El motivo era haber publicado un tuit con un vídeo que atribuía, precisamente, a un “MENA” la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en China. Es fundamental subrayar, en esta ocasión, el papel que jugó la administración competente en la protección de menores, la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat. Fue esta la que elevó el caso a la Fiscalía de Odio, que fue la que impulsó las investigaciones pertinentes que han dado pie a una sentencia relevante en la que se señala que el hombre difundió el vídeo “con manifiesto desprecio a la verdad” para “difamar de forma global e injusta a los menores no acompañados de otros países”, de manera que se asociara a estos con “actos violentos y agresiones sexuales”. No todo vale, viene a decir la sentencia. Aunque no tengo claro que el autor de los hechos se arrepienta, bien se sabe que aceptarlos para conformarse con una condena menos lesiva no implica necesariamente ese arrepentimiento tan necesario en el marco de la reparación y las garantías de no repetición. 

También, la misma semana, se ha tenido noticia de que un juzgado de Barcelona citará como investigado a Pablo Casado por supuestos delitos de injuria, calumnia e incitación al odio contra la escuela catalana tras una querella presentada por la Generalitat contra el exlíder del PP. Este afirmó en un mitin político, entre otras cosas, que había profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablaban en castellano. De esta forma, se convertía en el emisor de una (des)información que él mismo desmintió al día siguiente diciendo que lo había leído en una noticia de hace una década. Ahora que debe responder ante un juez por sus palabras es buen momento para subrayar eso de que no todo debería de valer en el argumentario de un partido político constitucionalista cuando este, además de no responder a la realidad, aviva la confrontación y dificulta el entendimiento y la convivencia. Imagino que el líder de un partido político como el PP ya sabe que los bulos y la desinformación representan una amenaza seria para la democracia. Velar por la veracidad y evitar la desinformación debería ser parte del contrato ético que un político firma con la ciudadanía que dice representar, al menos así lo entiendo yo. Es decir, que no todo vale.

La desinformación daña a la persona que la sufre, a las personas que son usadas como “chivo expiatorio”, daña derechos concretos que es imprescindible proteger y preservar (el honor, la intimidad, la imagen…), daña la convivencia y daña el ejercicio libre de la democracia, algo que saben bien quienes dudan si alcanzarían el poder a través de las urnas si no fuese difundiendo bulos y fake news. Ya no hacen falta militares ni pistolas para alcanzar “el poder”, basta una buena granja de bots y una campaña de desinformación. Por eso, frenar la difusión de bulos e informaciones que dañan, especialmente a los colectivos y grupos más vulnerables, empieza a ser una responsabilidad de todas y de todos en la llamada era de la desinformación porque no todo vale para alcanzar “la victoria” cuando esta está reñida con la honestidad. Es una cuestión de ética, en el periodismo, en la política, en las instituciones, en el activismo… De ética personal porque no todo vale.