Los pensionistas también votan

Generar alarma, provocar confusión, esparcir desconfianza, alarmar… Todo es lo mismo. Da igual que sean los fondos europeos, que la subida del SMI, que la reforma laboral, que la inflación, que la política fiscal… El caso es sembrar dudas. 

Ya es otoño, en el Congreso de los Diputados se tramitan los Presupuestos Generales del Estado y toca hablar también de jubilaciones. Con el PP en la oposición, llega otro de sus clásicos: la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Claro que como hay elecciones a la vista y los pensionistas -casi 10 millones de electores- también votan, no les conviene oponerse con rotundidad a la subida que marca la ley y establece que la revalorización anual debe hacerse de acuerdo al IPC. Haya inflación o no. 

Es difícil sostener la mirada a un jubilado mientras se dice que su pensión es muy alta, que los jóvenes ganan mucho menos que un pensionista o que los mayores son los responsables de una infame brecha intergeneracional. No hay un conflicto entre generaciones ni hay que elegir entre proteger a los mayores o permitir que los jóvenes ganen míseros sueldos, lo que en realidad hay es un debate falaz en el que apenas cabe la importancia de tener sueldos dignos para la caja común de la Seguridad Social o de que quizá haya que financiar las pensiones, además de con las cotizaciones, a través de los impuestos, como sucede en Suecia o Dinamarca.

Lo que hace el PP de Feijóo en estos días es una forma sutil de decir 'sí, pero no'; de generar información dañina y de despertar escepticismo para generar desconfianza en el sistema público y de paso, si cuela, contribuir a la suculenta caja de los fondos privados de pensiones. La derecha habla mucho de la esperanza de vida como principal problema del sistema de pensiones, pero nunca de la escasa cuantía de las cotizaciones por la baja calidad del empleo y los aún más bajos salarios.

Decir no a la subida del 8,5% de las pensiones que ha aprobado el Gobierno en los Presupuestos Generales para 2023 es pegarse un tiro en el pie a las puertas de un ciclo electoral al que solo se atreve un partido moribundo como es Ciudadanos. De ahí que el presidente del PP haya decidido jugar a la ambigüedad en un asunto que concierne a casi 10 millones de votantes y, concretamente, a la mitad de su propio electorado, que tiene más de 65 años. El PP ya era un partido envejecido hace años y esa tendencia, según la demoscopia, se ha agudizado en las últimas convocatorias electorales. 

Los pensionistas son además el segundo mayor caladero, después de la franja de españoles entre los 50 y 64 años, lo que les convierte en un fantástico campo de batalla donde librar batallas partidistas, además de en “el cuarto apocalipsis” anunciado por la derecha, según palabras de Pedro Sánchez pronunciadas este jueves en sede parlamentaria. El primero lo invocó con la aprobación de los ERTE: el segundo, con la campaña de vacunación del COVID-19; el tercero, con la reforma laboral y el cuarto, ahora, con la actualización de las pensiones que, al parecer, traerá también consecuencias catastróficas para los españoles porque hará colapsar el sistema.

Con lo que no contaba además el presidente del PP es que esta vez fuese el mismísimo Fondo Monetario Internacional quien desmontase su profética quiebra del sistema porque en 2023 vayan a destinarse 190.687 millones de euros a las pensiones, lo que supone una subida de 11,4% para cubrir la incorporación de nuevos pensionistas y cumplir con la revalorización de acuerdo al IPC. 

Según los datos que incorpora el organismo en su último informe sobre vigilancia fiscal para 2050, España gastará un 6,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) más de lo que gasta ahora en pensiones, una cifra que no es “especialmente preocupante” y que está muy lejos del 36,7% que prevén para Italia o del 29% para Alemania. 

Aun así, la derecha seguirá diciendo que el sistema hace aguas, y no que en España se ha cronificado un modelo de precariedad laboral y devaluación salarial que nos ha hecho a todos más pobres que hace una década y que hace dos, entre otras cosas por la nefasta política laboral de sus gobiernos. Si vuelven a gobernar, aunque ahora no lo digan por temor al coste electoral, los jubilados perderán el derecho a que sus pensiones se actualicen según el IPC. Ya lo hicieron en 2013. Ser partidario del “modelo Rajoy”, que es lo que ha dicho Feijóo, significa exactamente eso, que la subida anual de las pensiones se calcule con el eufemístico “factor de sostenibilidad”, que no pasaba del 0,25%.