El problema no es Bildu, sino el PP

“Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante”

George Orwell

No entiendo qué pega puede ponerle un español demócrata a la Ley de Memoria Democrática. Me la he leído. Abomino de un señor que dice de oídas “que no le suena bien”. Alucino con los señores que se suben a una tribuna a falsear lo que el texto legal dice. Es terrible que la manipulación se produzca en la sede de la soberanía popular para que llegue así a las cámaras y a los micrófonos. ¿Qué importa lo que ponga en un seco y aburrido texto legal si podemos liarla con un relato ficticio?

Lo normal en un demócrata es apoyar una ley en la que están incluidas las víctimas de todos los crímenes de guerra —sin distinción de bandos—, todas las víctimas de la dictadura —ahí no cabe hablar de bandos, solo había uno— y todas las víctimas de la violencia política de la Transición —de todo signo, también—. Lo anormal es que un partido democrático no respalde esto. ¿Qué tiene que ver la Ley de Memoria Democrática con ETA? Yo se lo cuento, nada. A las víctimas de ETA se les dedicó una ley completa, la Ley de Víctimas del Terrorismo, que también aprobó por cierto un gobierno socialista. ¿Qué ha pasado entonces? Lo de siempre. Un “relato” —palabra horrenda, un relato es una forma de ficción— al que sacar provecho y una tensión profunda en la derecha a la hora de reconocer una realidad que no sé por qué consideran que les interpela porque, ¿qué tienen que ver ellos con esa violencia política? ¿o tienen?

Es difícil explicar que estás en contra de que se repare la memoria de todos los españoles que tuvieron que huir de España simplemente por lo que pensaban. Sería subir a una tribuna a pretender que a Machado, Salinas, Zambrano, Juan Ramón Jiménez, Arturo Barea, Ramón J. Sender, Luis Buñuel, Rafael Alberti o Rosa Chacel preferirían hacerles luz de gas como a Almudena Grandes. Que son grandes, pero no suyos. A ellos y al resto de los exiliados, que llegó a ser de más del 2% de la población española, y que comprendía a científicos, altos cuadros militares, técnicos, altos funcionarios de la administración, obreros cualificados, ingenieros, médicos, juristas y mucha población civil. ¿Qué mal hay en reconocerles su injusto sacrificio? ¿Por qué no puede el PP apoyarlo?

O la nulidad de las condenas injustas emitidas por un grotesco remedo de la justicia por tribunales instrumentalizados para la represión. ¿Qué problema hay en darles a los descendientes de los que fueron tratados como delincuentes y encarcelados por sus ideas democráticas, la reparación de anular tal tropelía? ¿Por qué no puede el PP apoyarlo?

Subir a una tribuna y mostrarse en contra de todo esto hubiera resultado escandaloso, incluso para sus compañeros de grupo liberal en Europa —que no albergan ninguna duda sobre lo que pasó en España ni sobre las políticas de reparación que se han llevado a cabo en el resto de Europa—, así que decidieron inventarse un contenido de la ley que es falso convirtiendo en escándalo una supuesta “criminalización de la transición”. Nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio. La transición fue modélica, como ellos repiten, precisamente porque en un clima de violencia política y de miedo fue capaz de aunar voluntades y de obtener cesiones de unos y otros para seguir la senda democrática. Si todo hubiera sido una balsa de aceite de diálogo sin riesgo ni presión, ¿dónde estaría el enorme mérito de la transición?

Pero ellos se han aferrado a falsear el contenido de una disposición transitoria en la que se prevé la creación de una comisión de estudio de la vulneración de derechos humanos “de personas que lucharon para la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983”. ¿Y qué tiene que ver esto con ETA? Yo se lo digo, nada. Durante esos años además de la banda terrorista —a la que se le han dedicado leyes, reformas del CP y todo tipo de esfuerzos jurídicos— se produjeron muertes, heridos y actos de violencia a cargo de al menos: Batallón Vasco Español, Fuerza Joven, Comando Antimarxista, Grupos Armados Españoles, Triple A, Fuerza Nacional del Trabajo, Grupo Armado Nacional Sindicalista 28 de Octubre, Guerrilleros de Cristo Rey, VI Comando Adolfo Hitler, Guardia de Franco, Juventud Española en Pie, Acción Nacional Española, Ejército Popular Catalán, Comandos Autónomos Anticapitalistas, FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y el GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), Fuerzas Armadas Guanches y tantos otros. Hubo además represión policial violenta y armada —en muchos casos producto de elementos internos que no aceptaban la transición a una democracia—, hubo muertos cuyos crímenes no tienen autoría y muertos por motivos políticos en las cárceles por palizas y malos tratos.

De las 3.173 muertes por delitos de sangre reseñadas en las memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo entre 1976 y 1983, un total de 591 muertes fueron debidas a la violencia política (terrorismo de izquierdas y de extrema derecha, guerra sucia, represión…). Esta cifra supone el 18,62 por ciento del total de delitos de sangre del periodo y de ese porcentaje el 5,92% (188 muertos) fueron víctimas mortales de la violencia política de origen institucional. Cito a Mariano Sánchez Soler —que llevó a cabo uno de los más profundos estudios documentados— cuando afirma que entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1983, la transición política española se cobró un total de 2.663 víctimas, entre muertos y heridos hospitalizados. ¿Qué problema tiene el PP en que una comisión estudie esos casos de vulneración de derechos humanos? ¿Y qué problema tiene con esto Felipe González?

Lo cierto es que en el periodo histórico incluido en esa disposición transitoria no entra la guerra sucia contra ETA ni el terrorismo de Estado —ni Segundo Marey ni Lasa y Zabala— y, por tanto, no se entiende qué historia se reescribe para Bildu ni qué “relato se entrega a los etarras”. Para nada se habla de eso en el texto real de la Ley de Memoria Democrática.

Tan problemática no será cuando el Partido Popular tiene que acudir a una mentira para publicitar su desencuentro con un texto al que ningún demócrata, sea de conservador o progresista, puede oponer ninguna pega real, más allá de cuestiones puntuales, redacción o técnica legislativa. ¿Qué desunión causa a los españoles escribir en el BOE que hemos llegado a donde estamos sobre el sacrificio y la sangre de muchos que fueron asesinados para intentar doblegar el rumbo hacia la libertad? En este caso solo hay un lugar en el que posicionarse, que es en el lado de los que recuerdan los hechos y agradecen que la sociedad española fuera capaz de sobreponerse a esa marea de sangre con la que se pretendió sabotear la transición. ¿Qué problema tiene el PP con esto?

La noticia no es que Bildu haya apoyado este texto. Las leyes son o no reprochables por su contenido, lo apoye Agamenón o su porquero. La noticia es que el Partido Popular haya perdido la oportunidad de comportarse como un partido conservador homologable en Europa.

El problema no es Bildu, sino la capacidad de manipular del PP y su incapacidad para comprometerse con la memoria democrática. A saber por qué.