Recúrreme otra vez...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareciendo ante los medios de comunicación.

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Ven, castígame con tus deseos, mas Que el vigor lo guarde para ti, ay, ven

Lalo Rodríguez

La mayor parte de los asesores de Ayuso tienen recuerdos ochenteros. Así que les han dicho a sus servicios jurídicos, parafraseando al tórrido puertorriqueño: “Ay, recúrreme otra vez, recúrreme otra vez...”. Sus momentos de placer son los de conseguir un espectáculo mediático, aplaudido por sus deseosos mariachis, con coste gratuito para ellos y para el partido. Recúrreme otra vez el decreto, primo, que no me cuesta un duro y me hace la campaña estival sin coste. Sin coste para ellos, dado que el servicio jurídico de la CAM, que pagamos los contribuyentes para defender con los de la comunidad nuestros intereses, se convierte así en un gabinete de estudio privado para las campañas populistas del PP. ¿Nos interesa a los madrileños estudiar cómo recurrir el decreto del Gobierno sobre ahorro energético? La verdad es que no, porque las consecuencias de que España no alcance el ahorro inicial pedido podrían ser mucho peores, como ya ha remarcado la UE, pero eso a ellos les importa muy poco.

Ha dicho la ministra de Justicia, la siempre discreta o irrelevante Llop, que Ayuso va a tener que hacer “contorsiones jurídicas” para poder llevar al Tribunal Constitucional el decreto ley. Contorsión y derecho en la misma frase es un oxímoron, aunque no para las gentes de la derecha que criticaron durante décadas la “interpretación alternativa del Derecho” de la que acusaban a la izquierda y que se han pasado, supongo que para ser más, a una interpretación que no es que sea alternativa sino que es demencial. La interpretación demencial del derecho, un nuevo concepto. Ese que hace que las gentes cada vez confíen menos en algo que puede ser violentado hasta decir lo contrario de lo que dice. Ese es otro tema.

Supongo que los expertos que todos pagamos, para que Ayuso y MAR jueguen a hacer propaganda barata, habrán reparado en el contenido del Reglamento 2022/1369 de la Unión Europea publicado el 5 de agosto. Lo digo porque ese reglamento es el que recoge la obligatoriedad del ahorro energético a partir del 1 de agosto, los sectores que no pueden ser tocados por él y las consecuencias de no llevarlo a cabo con éxito. Los reglamentos de la Unión Europea son actos legislativos vinculantes en toda la Unión y deben ser aplicados, sin que sea necesaria ni siquiera la transposición al derecho nacional que exigen las directivas. Claro que para esta peña pepera, Europa solo es implacable, inaplazable e indiscutible cuando manda hombres de negro a asfixiar a los de siempre. Si la legislación europea obliga a fastidiar, siquiera levemente, a los suyos –los grandes comerciantes, los empresarios, el sector del lujo–, entonces, amigos, el ácrata que vive en ellos se revuelve y se lanza a por la independencia capitalista.

Lo cierto es que el reglamento –que redirige al documento de julio titulado 'Ahorrar gas para un invierno seguro'– deja claro que en este primer estadio las medidas de restricción no pueden dirigirse a los “usuarios protegidos” –particulares, hospitales, escuelas y otros centros de relevancia social– y tampoco a la industria considerada estratégica –la que podría alterar las economías de forma relevante–, así que solo queda atacarse al sector público y al privado que no entra en estas características. Ahora bien, el reglamento es claro: si no se consigue ahorrar lo necesario o se produce el temido corte radical del gas ruso, entonces vendrán las restricciones. Eso es lo que no debe entender la consejera Martin: “A diferencia de lo que propone la UE, el decreto impone obligaciones al sector privado”. ¡Virgen Santísima lo poquísimo que les gusta leer y cómo lo demuestran! No, no es a diferencia sino justo en el sentido que propone la UE, porque lo siguiente serían los cortes obligatorios y el racionamiento impuesto. “Es un decreto hecho a espaldas de la ciudadanía”, ha dicho un señor de Génova. Puede, siempre y cuando la ciudadanía esté dispuesta a tragarse las trolas que les está contando el PP, porque la verdad está ahí y es la que es.

En caso de no lograrse el ahorro exigido, la UE obligaría a cortar el gas a la industria. Eso sí que es otro nivel. Un nivel que el PP no podría evitar ni desde la oposición ni gobernando, porque si estuvieran en el Gobierno tragarían las medidas como un pato del Perigord. Hablando de foie-gras, el Gobierno francés ya ha pedido a las grandes industrias que realicen un estudio sobre las consecuencias que tendría un corte de gas de dos horas diarias en su producción, que todas deben enviar a los prefectos. Francia ya está estudiando qué consecuencias serían más gravosas si hay que cortar el gas a la fuerza. ¡Venga, Ayuso, que tú puedes! Produce alipori ver las argumentaciones basadas en hechos falsos y en comparaciones sin fundamento que están realizando estos días. Sobre todo viniendo de un partido que odia lo federal, pero cuya líder más populista se conduce como si presidiera un 'land' o como si estuviera a punto de independizarse del resto de la nación.

Acudir al Tribunal Constitucional hace mucho que es un comodín sin coste para el Partido Popular. Tiene poco que perder, teniendo tanto soldado en el mismo. Cuando un recurso del PP no tienen visos de salir triunfante, simplemente no se resuelve –véase el presentado hace más de una década contra la ley del aborto– y si no, se resuelve cuando ya no significa nada y solo le da madera política al partido que les nombró. Eso es lo que pasó con la sonrojante declaración de inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma de la pandemia. ¡Vaya, un tribunal cuyos miembros, todos, también los muy de derechas, se fueron a su casa en cuanto arreció el riesgo, que son gente mayor! Ese tribunal que por escasa diferencia, y cuando ya no pintaban bastos, cuando ya no había riesgo, se hizo una contorsión para darle la razón al PP. Ese tribunal al que, según el PP, no tienen derecho a llegar los miembros nombrados por un Gobierno que no es de los suyos. Así acusan a Sánchez de “querer tomar” el tribunal por cumplir la Constitución, porque los únicos llamados a tomar las instituciones aun incumpliendo la Carta Magna son ellos, ya se sabe.

Se los pueden imaginar, llamando a los responsables del departamento jurídico de una institución que es de todos, y cantándoles a coro –Ayuso, MAR, Ossorio, Enrique López– “¡Recúrreme otra vez / desesperan mis ganas por ti”.

La canción de cada verano. La falta de lealtad de siempre. 

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