El poder sin reglas. Democracia, estado de derecho y la amenaza de la arbitrariedad

El declive democrático al que asistimos tiene paradojas que conviene examinar con frialdad. La erosión de la legitimidad de las instituciones representativas va acompañada, casi invariablemente, de un mayor protagonismo de los jueces. Y cuanto más protagonismo adquieren los jueces, menos democracia queda al final del proceso. No es un accidente, ni tampoco una solución. Es un síntoma. En los sistemas políticos que funcionan con relativa normalidad, el poder judicial actúa como árbitro. Su labor es aplicar reglas que otros han fijado, resolver conflictos entre partes y garantizar que ningún actor, por poderoso que sea, quede por encima de la ley. Un signo de que las cosas marchan razonablemente bien es que ese papel, siendo esencial, resulte en cierta medida subsidiario: sin gran protagonismo, sin voluntad propia, sin agenda visible.

Esa imagen no es la que nos devuelve el presente. A medida que crecen la tensión política, las impugnaciones cruzadas y la negación radical del adversario, la influencia de los tribunales sobre la vida pública se vuelve cada vez más determinante. Los jueces ya no se limitan a pronunciar o aplicar las palabras de la ley: toman decisiones que antes correspondían a parlamentos, gobiernos o a negociaciones entre las partes. Lo hacen, con frecuencia, porque el resto del sistema ha fallado. Y es precisamente cuando la democracia necesita de contrapesos, cuando la justicia puede verse arrastrada a una lucha política en la que no juega en igualdad de condiciones.

Así, lo que está en riesgo no es solo la democracia entendida como sistema que garantiza igualdad, representación y alternancia: es el estado de derecho. Ese sustrato más básico que somete el poder a normas y protege a los ciudadanos de la discrecionalidad absoluta de quienes mandan. El politólogo canadiense Ran Hirschl sostiene que el empoderamiento de la judicatura es frecuentemente una estrategia de las élites políticas y económicas para trasladar las decisiones sensibles a instancias no electas, preservando su hegemonía cuando sienten que podrían perderla en las urnas. Cuando los más poderosos no pueden ganar en democracia, trasladan el campo de batalla a los tribunales, donde las reglas del juego les resultan más favorables. 

Este mecanismo de “preservación hegemónica” adquiere toda su crudeza cuando se observa cómo se libran en la práctica los litigios de alta intensidad política o económica. Los actores con más recursos no solo tienen acceso a mejores abogados: pueden alargar los procesos indefinidamente, generar incidentes procesales, acumular recursos, presionar a través de grupos de presión institucionales o mediáticos, y desplegar estrategias de desgaste. Las costas judiciales suponen entre el 10% y el 50% del valor de los litigios, lo que deja a muchas personas fuera del sistema judicial formal antes incluso de que el proceso comience. El factor económico actúa como mecanismo de exclusión de facto para los más vulnerables.

Las asimetrías de recursos se convierten así en asimetrías de justicia. La sociología crítica del derecho ha descrito este fenómeno con precisión: el acceso a la justicia se ha convertido en una forma específica de desigualdad. Solo algunas personas, con ciertos tipos de problemas y determinados recursos, consiguen realmente que el sistema responda. Los más vulnerables son quienes menos pueden pagar abogados especializados, soportar tasas, ausentarse del trabajo o asumir el coste emocional de un procedimiento interminable.

Frente a todo esto, la promesa de que los jueces serán el último dique frente al poder se vuelve frágil. Pero incluso cuando los tribunales conservan una cierta independencia formal, el aumento de su protagonismo los expone a una tensión difícil de sostener. Si deciden con firmeza contra los intereses de las élites, son acusados de activismo y se desencadena una ofensiva para recortar sus competencias. Si se muestran prudentes o deferentes con los actores fuertes, renuncian de facto al papel de contrapeso que la ciudadanía les reclama y contribuyen a normalizar un orden en el que quien tiene más, manda más. Atrapados entre la crítica por intervenir demasiado y la crítica por no intervenir lo suficiente, los jueces se convierten en protagonistas de una crisis que no han elegido , pero de la que ya no pueden salir indemnes.

No es un escenario abstracto. La historia reciente de las democracias en tensión muestra que la parálisis o captura de las instituciones judiciales no es un efecto secundario de los procesos autoritarios: es, con frecuencia, una de sus primeras palancas. Los regímenes que han erosionado la democracia desde dentro han comenzado casi siempre por colonizar el poder judicial, vaciando su independencia a través del control de nombramientos, la presión presupuestaria o la intoxicación mediática sostenida. Cuando el sistema judicial deja de ser percibido como árbitro y pasa a ser visto como un actor más en la pugna política, se facilita el camino hacia formas más duras de concentración del poder. 

El resultado es un círculo vicioso que se retroalimenta. Más crisis democrática desplaza más conflictos hacia la justicia; más conflictos en la justicia amplifican el poder de quienes pueden litigar sin límites y al mismo tiempo desgastan al propio poder judicial. La brecha entre quienes pueden disputar el poder en los tribunales y quienes apenas logran hacer valer sus derechos cotidianos no deja de ensancharse.

Plantear este problema con honestidad obliga a desplazar el foco. No basta con pedir más neutralidad. Lo que está en juego es algo más profundo: cómo reconstruir instituciones democráticas capaces de canalizar los conflictos antes de que todo acabe en un juzgado. Cómo garantizar que el acceso a la justicia no sea una lotería condicionada por el dinero y el estatus. Cómo proteger a los tribunales de la captura por parte de los mismos poderes que deberían controlar. Sin jueces independientes, la democracia no existe. Pero reducir la democracia a un pulso entre gobiernos y tribunales es ya una derrota encubierta. Mientras esas cuestiones sigan sin respuesta, la ecuación permanece invariable: más crisis democrática, más poder desnudo y, al final del proceso, un estado de derecho cada vez más erosionado, condicionado y limitado y una ciudadanía desprotegida frente a la arbitrariedad de los que mandan.